La Resolución es un primer paso para resolver las necesidades sociales, políticas, económicas y de orden público que afectan a la población afrocolombiana e indígena del Chocó. Se busca que el Gobierno y las entidades públicas y privadas le metan la mano al Chocó, para sacarlo del olvido.
Al son de “¡"igame pues mi hermano, óigame mi señor, que ahora si nos vamos pa' el Chocó... Yo les rapearé y también les cantaré, cuando estemos en el Chocó!” se inició, el pasado 8 de octubre, una larga jornada de Audiencia Pública convocada por la Defensoría del Pueblos, donde se presentó la Resolución Defensorial No. 025 sobre las violaciones masivas a los derechos humanos y desplazamiento forzado en la región del Bajo Atrato Chocoano.
Con el objetivo de visibilizar la grave situación de vulneración de los derechos humanos en el Chocó, y con el fin de proporcionar compromisos para la solución de dicha problemática por parte de los diferentes actores institucionales, ser reunieron representantes de los procesos de comunidades negras y de la organización indígena CAMIZBA, de la Comunidad de Autodeterminación Vida y Dignidad de Cacarica, de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó y Curbaradó, la Red de Solidaridad Social, delegados de organismos y agencias internacionales.
La resolución se produce ante hechos que se iniciaron en 1997, cuando más de quince mil personas fueron desplazadas de la región del bajo Atrato chocoano luego de que la Fuerza Aérea Colombiana junto con tropas de la Decimoséptima Brigada del Ejército dio inicio a la “Operación Génesis”, con el fin de atacar al Frente 57 de las FARC que hacía presencia en la zona, y que según los pobladores de la región, en este operativo fueron bombardeadas varias comunidades, lo que causó el desplazamiento hacia el corregimiento de Pacarandó en el municipio de Mutatá, y a las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo. Ahora el conflicto armado y las demás causas que generaron ese desplazamiento masivo se han intensificado, como se expresa en el documento.
Por ser principalmente una zona de frontera cercana al Océano Pacífico y al Mar Caribe, la región del bajo Atrato se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de armas y estupefacientes, y en un área en disputa por parte de los actores armados. En esta zona operan el frente 57 de las FARC y el bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Su estrategia busca garantizar el control sobre el corredor existente entre Mutatá-Dabeiba y el municipio de Juradó, a través de los ríos Jiguamiandó y Salaquí, principalmente.
“De 1997 al 2002 las cosas siguen igual, siguen peor, porque si en ese tiempo se desplazó la gente, hoy se siguen desplazando. Hoy siguen los mismos desplazadores invadiendo nuestro territorio. Se sigue atentando contra la vida humana y la vida natural. Hoy siguen los bloqueos. Los mismos que desplazaron se movilizan libremente por las calles de Riosucio y en todo el andén de la Cuenca del Urabá y el bajo Atrato”, sostuvo el representante de Cacarica.
La Resolución Defensorial ratifica que las autodefensas y la guerrilla han tomado posesión de los cascos urbanos y de las zonas rurales en el Chocó; han sometido a amenazas, asesinatos y bloqueos a las comunidades. Los esfuerzos realizados hasta la fecha para recuperar el control del orden público en la zona no han sido constantes. Muestra de ello es la presencia periódica de retenes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en la Balsa, Tumaradó y otros puntos sobre el Atrato, así como los recientes asesinatos de líderes de las comunidades de paz, por parte de las FARC.
“La Defensoría del Pueblo reitera al gobierno nacional que los procesos organizativos autónomos de las comunidades en el bajo Atrato (Comunidades de Paz y proceso de retorno de Cacarica–CAVIDA, entre otros) son la expresión de su voluntad de no participar de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Estas expresiones de la sociedad civil merecen el reconocimiento y el apoyo decidido del Estado y de la sociedad en general, pues buscan la recuperación del tejido social debilitado por el desplazamiento forzado, la reconstrucción de proyectos de vida y el ejercicio de derechos étnicos y territoriales”. Afirmó Eduardo Cifuentes, Defensor del Pueblo.
Recomendaciones
En la Resolución Defensorial, se sugiere una serie de acciones, tanto a instancias gubernamentales como militares y de la sociedad, para incidir efectivamente en la mejora progresiva de la situación de derechos humanos para las comunidades del bajo Atrato. Se pueden destacar las siguientes:
Intervención permanente de la Red de Solidaridad Social en la región, con el fin de atender con ayuda humanitaria a las comunidades negras e indígenas que no se han desplazado en las cuencas de Curbaradó, Jiguamiandó, Salaquí y Cacarica.
La agilización de los procesos relacionados con proyectos productivos y de comercialización sostenibles para la reubicación en Riosucio de las familias desplazadas que están allí desde 1997, por parte de la Red de Solidaridad Social y el Ministerio de Agricultura.
Recomendar al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, al Ministerio del Interior y a la Red de Solidaridad Social que se garantice el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por el gobierno nacional con las Comunidades de Paz del bajo Atrato y el proceso CAVIDA del Cacarica.
Es urgente la culminación del hospital de Riosucio, con garantías de dotación y funcionamiento, por parte de la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Riosucio, y el apoyo del Ministerio de Salud. Además, se solicita a dichas entidades que apropien los recursos necesarios para ampliar la cobertura del régimen subsidiado y afiliar a la población desplazada.
Se insta a la Fuerza Pública a brindar las garantías a la acción humanitaria y al paso de ayuda a las comunidades desplazadas y bloqueadas en el río Atrato y sus diferentes afluentes.
Se insta al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública, en particular a la Brigada XVII del Ejército y al Batallón Fluvial 50 de la Armada, a que se tomen las medidas para evitar los retenes ilegales en el río Atrato, combatir a los actores armados ilegales y recuperar el control del orden público en la región. Es necesario privilegiar siempre el objetivo de protección a la población civil.
Se exhorta al Ministerio del Interior y al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a que coordinen y pongan en marcha estrategias y acciones de fortalecimiento de la presencia y acción integral del Estado en la región, en concertación con las comunidades negras e indígenas y sus autoridades étnicas, con el fin de prevenir violaciones masivas de derechos humanos contra la población civil, entre ellas el desplazamiento forzado. Estas estrategias deben estar orientadas a incrementar la inversión social y a fortalecer la institucionalidad democrática local y regional.
Se insta a la Fiscalía General de la Nación a ejercer el impulso a las investigaciones penales por los delitos de desplazamiento forzado, homicidios, desapariciones forzadas y otras agresiones cometidas en contra de las comunidades del bajo Atrato. Lo mismo se solicita a la Procuraduría General de la Nación, respecto a las investigaciones disciplinarias para establecer responsabilidades de servidores públicos en los hechos referidos.
La Resolución es un primer paso para resolver las necesidades sociales, políticas, económicas y de orden público que afectan a la población afrocolombiana e indígena del Chocó. Los representantes sociales, los líderes comunitarios que protagonizaron la Audiencia Pública exhortaron a su pueblo, a su ¡sangre!, para que se unan y formen una sola fuerza que pueda responder pacíficamente a las balas de los violentos y a la indiferencia del Estado.
