En comunicado a la opinión pública y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), reunidos en Junta Directiva, en el resguardo de Toéz, municipio de Caloto, ratifican su posición de no aceptar que sus territorios ancestrales entren en la clasificación de zonas de Rehabilitación y Convivencia, consagradas en el decreto 2002 de 2002.
Ratifican su posición política de autonomía, reconocida por la Constitución de 1991, donde reconocen como autoridad máxima y legítima a los Cabildos, elegidos democráticamente para ejercer control en los territorios indígenas, donde “ningún grupo armado debe inmiscuirse en nuestros asuntos, como tampoco nos sentimos representados por ningún grupo armado, movimiento político o religioso, o cualquier otra organización fuera de las autoridades y organizaciones indígenas”.
Reconocen que la situación de inseguridad del país es cada vez más crítica, al igual que el aumento del desempleo, la miseria, el secuestro, el desplazamiento forzado, el ataque a la población civil e indefensa por parte de los grupos armados y ven necesario buscar caminos de solución política y tomar medidas para evitar tragedias mayores. Para los indígenas el origen principal de los problemas del país no es la delincuencia organizada, los grupos armados, el narcotráfico, que crean gran inestabilidad institucional e inseguridad social, el problema para ellos está en los miles de niños, hombres, mujeres, y ancianos “que a diario sufren el dolor de la guerra y del hambre, la falta de vivienda, salud, educación y vestido, mientras que otros se roban la plata, se grava con mas impuestos al pueblo, se destinan mayores recursos para fortalecer la guerra creyendo solucionarla, limitando la inversión social, permitiendo la invasión de multinacionales y el saqueo de nuestros últimos recursos naturales obedeciendo a tratados internacionales que en su mayoría violan la soberanía de los pueblos”.
Pero consideran que por las difíciles circunstancias que atraviesa el país, sí es necesario hacer una declaratoria del Estado de excepción, pero no de conmoción interior, sino de Emergencia Económica y Social, “pues lo que existe, es la perturbación del orden social y económico del país y no debe ser por los treinta días, sino hasta que se restablezca un nivel de vida digna para el conjunto del pueblo colombiano”. Y le exigen al Gobierno el cumplimiento del Decreto 982 del 10 de junio de 1999, mediante el cual se declaró la emergencia económica, social y cultural de los pueblos indígenas del Cauca, cuyo acuerdo fue firmado entre el gobierno nacional y la organización regional indígena del Cauca CRIC.
Resistimos a un modelo económico que produce muerte y pobreza, a un sistema político que consagra la exclusión y a unos actores del conflicto armado que no respetan los procesos sociales ni nuestro proceso de autonomía, cultural y territorial, desconociendo nuestros derechos como pueblos, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Por ello nuestra acción organizativa se realiza como un acto de afirmación de dignidad y verdadera resistencia basado en lo propio, pues no queremos que poderes externos, independientemente de sus motivaciones políticas e ideológicas, vengan a imponernos formas de vida contrarias a nuestro propio proceso organizativo. Por esto determinamos:
Invitan a los actores armados, al gobierno nacional y demás organizaciones sociales, a buscar una salida política al conflicto social y armado que vive el país, para evitar una mayor degradación de la guerra y generalización en el territorio nacional, motivo por el cual, ratifican el compromiso de defensa del Plan de Vida y su posición política de lucha por la Autonomía, “mediante mesas de diálogo con los diferentes sectores sociales comprometidos y convencidos de que Colombia si tiene futuro con niveles de armonía y equilibrio” concluyen.
