Los Paeces de Jambaló se declararon en Asamblea Permanente y pidieron al Gobierno Central, no incluir sus territorios ancestrales dentro de sus políticas de rehabilitación y convivencia.

 

La actual situación de violencia y guerra que aqueja a las comunidades indígenas de la vereda la Mina, resguardo y municipio de Jambaló, departamento del Cauca, las ha llevado a declararse en asamblea permanente desde hace ya 30 días, para exigirle a los actores armados legales e ilegales, el respeto por el Plan de Vida de los pueblos aborígenes ( en el que se enmarcan sus destinos, la unidad cultural, la identidad y el territorio), porque nada tienen que ver con el conflicto armado.

 

Consideran que no hay razones históricas, ni políticas y económicas, para que su pueblo, cultura y tradiciones, estén siendo golpeados de tal forma y con tal intensidad como lo hacen los actores del conflicto armado. Que estas razones han consolidado una sociedad en extremo excluyente, injusta y violenta que niega y concentra las oportunidades y los recursos en manos de unos pocos privilegiados. Cuestionan a quienes se abanderan de una lucha armada en nombre del pueblo imponiendo elementos de violencia que profundizan más la injusticia en sus comunidades.

 

Por lo anterior se resisten a un modelo económico “que produce muerte y pobreza, a un sistema político que consagra la exclusión y unos actores del conflicto armado que no respetan nuestra Autonomía, Cultura y Territorio, y violan los derechos humanos (DH) y el derecho internacional humanitario (DIH)”, y rechazan cualquier imposición de formas de vida distintas a las suyas.

 

Ratifican los procesos organizativos y de discusión como la Asamblea Comunitaria, que los pueblos indígenas del Cauca han consolidado como respuesta a un conflicto ajeno que puede afectar la armonía y el equilibrio de sus pueblos, y donde se buscan alternativas de solución más justas y convenientes para todos.

 

De ninguna forma están de acuerdo en que sus territorios sean declarados como zonas de rehabilitación, y le exigen al Gobierno que cumpla el Decreto 982 de junio 10 de 1.999 de la Emergencia Económica, Social y Cultural de los pueblos indígenas del Cauca, cuyo acuerdo fue firmado entre el Gobierno y la organización indígena del Cauca (CRIC).

 

Instan a los actores armados, instituciones públicas, privadas y al Gobierno Nacional a que se busque una salida negociada al conflicto que vive el pueblo colombiano, y a que no se siga desangrando al país con uno u otro pretexto, “colocando en venta las riquezas de nuestra Madre Tierra y obedeciendo a intereses multinacionales como el acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)”.

 

Ratifican su posición política de autonomía, exigiendo el respeto a sus formas de gobierno y sus entidades territoriales y reiteran el compromiso de continuar construyendo su ejercicio de Autonomía y Proyecto Comunitario, bajo el principio de la reciprocidad aportando y recibiendo iniciativas con otros pueblos y culturas en la reconstrucción del país, “donde la sociedad tenga una vida más digna y justa, respetando siempre los espíritus y nuestra naturaleza”.

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