La Diócesis de Quibdó, luego del genocidio ocurrido el 2 de mayo en Bojayá y Vigía del Fuerte, y de su acción como defensora de los derechos fundamentales de sus pobladores, como vigía y voz de denuncia, es acusada ahora, del delito de calumnia ante la Justicia Civil. Pero, ¿quién paga por la negligencia del Estado?
Las organizaciones Paz y Tercer Mundo, CODHES y REDEPAZ, denuncian las injusticias que se están cometiendo contra la Diócesis de Quibdó, por su labor de denuncia de la grave crisis humanitaria que viven las comunidades afrocolombianas e indígenas del Chocó.
Desde hace 10 años, la Diócesis de Quibdó viene realizando acciones de denuncia de las violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario en la Costa Pacífica. Alertó públicamente a las autoridades de los riesgos que corrían las poblaciones de Bojayá y Vigía del Fuerte, por el arribo de un numeroso grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desde el día 21 de abril de 2002.
La realidad nos mostró que las advertencias que se hicieron anticipadamente por la Diócesis de Quibdó y la Defensoría del Pueblo Regional Chocó, se hicieron realidad con el enfrentamiento de las FARC con paramilitares de las AUC desde el primero al cinco de mayo de 2002 y que cobró la vida de 119 personas entre los que se encontraban 46 menores de edad, al venirse abajo el techo de la iglesia donde se refugiaban, luego de que hiciera impacto contra él, un cilindro cargado de explosivos lanzado por las FARC.
Denuncian que el crimen fue anunciado pero no evitado por el Estado, y aunque sucedió el 2 de mayo, las autoridades competentes como el Ejército y Policía sólo arribaron a Bojayá y Vigía del Fuerte, 4 días después. A su llegada hubo enfrentamientos con un frente de las FARC-EP en la localidad de Napipí, donde resultó muerta María Urbina Mena, a causa de una bala perdida proveniente del río, presuntamente disparada por la Infantería de Marina.
Vivimos en un país de contrarios, porque mientras las cabeceras municipales de Vigía del Fuerte y Bojayá estaban fuertemente militarizadas por el Ejército, según testimonios recibidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, durante los días 9 y 10 de mayo, aterrizaron avionetas con comandantes paramilitares, uno de ellos, identificado como alías “Díaz” conocido en el lugar por haber sido agente de la Policía en años anteriores.
En este momento los efectivos de la Policía y el Ejército son investigados por las conductas atribuidas por la sociedad, ante la Justicia Penal Militar. Sin embargo, las Organizaciones denuncian que, paradójicamente, se advierte la tendencia a cuestionar la versión de las víctimas y darle credibilidad a la de los efectivos involucrados, “lo que ordinariamente se ha constituido en un evidente mecanismo de impunidad” afirman, y se preguntan por qué la Justicia Ordinaria inicia una investigación por el delito de calumnia al sacerdote Jesús Albeiro Parra Solís, luego de que la Diócesis asumiera el papel del Estado de proteger los derechos fundamentales de cientos de pobladores de Vigía del Fuerte y Bojayá.
La Diócesis de Quibdó solicita la solidaridad de toda la Comunidad Nacional e Internacional para con el Padre Jesús Albeiro, y le exige al Estado Colombiano el respeto a las garantías procesales y el esclarecimiento de la verdad, para que sean castigados los verdaderos culpables.
