sólo 15 días debieron pasar para que se tuvieran de nuevo noticias sobre ataques de las FARC a la Fuerza Pública de Nariño. El primer ataque se presentó el 23 de Septiembre cuando la Policía fue tomada por sorpresa en el corregimiento de Tajumbino municipio de La Cruz, dejando un saldo de 9 policías muertos y 3 heridos. El segundo tuvo lugar el 7 de Octubre, del cual resultaron 3 policías muertos y 1 herido.
Los enfrentamientos en este departamento parecen ser pues cada vez más constantes durante este año, pero lo preocupante es que también cada vez más los métodos de la guerra involucran a la población civil. No está todavía muy lejano el 15 de junio cuando el bombardeo y ametrallamiento indiscriminado de la Fuerza Aérea sobre las poblaciones de Ricaurte y Barbacoas causaron el desplazamiento de más de 1400 indígenas Awá.
Con este lamentable hecho se dio inicio a la Operación Gladiador del Ejército Nacional que tenía como objetivo sacar a la guerrilla de esta región, pero que durante estos meses arrojó como resultado el señalamiento, persecución, homicidio y detención arbitraria de campesinos e indígenas.
El pasado 4 de Octubre la comunidad Awá denunció que el ejército incurrió en el homicidio de los indígenas Luis Armando y Carlos Leonel Escobar, dos hermanos a quienes sacaron de su casa y acribillaron en horas de la madrugada, para luego trasladarlos hasta la carretera y manifestar públicamente que eran guerrilleros abatidos en combate[1].
Y este 27 de Octubre de nuevo la población indígena fue víctima cuando la Policía Nacional detuvo a dos de sus líderes: Eder Burgos, coordinador de justicia; y Braulio Cánticos, secretario general de la organización zonal Camawari.
Durante el hecho, ocurrido en la vereda Chuchunés del municipio de Mallama, les fueron decomisados sus bastones de mando, una cámara fotográfica, los celulares y la agenda personal. Acto seguido, los dos dirigentes fueron conducidos hasta el municipio de Ricaurte con el argumento de que habían participado en una incursión armada hecha por las FARC el pasado martes 25 de Octubre en este departamento.
La comunidad asegura que sus líderes no participaron en tal incursión y que su sindicación es absurda por que el pueblo Awá, al igual que el resto de comunidades indígenas del país se han declarado neutrales en el conflicto y han pedido públicamente que se les excluya de cualquier hostilidad o vinculación con grupos armados.
No es casualidad que estas detenciones se presenten poco tiempo después de haberse llevado a cabo el “Primer Encuentro Nacional e Internacional de Hermandad con el Pueblo Awá y la Comunidad del Pie de Monte Costero Nariñense” organizado por Eder Burgos y Braulio Cánticos, en el cual denunciaron la grave situación que viven las comunidades indígenas de la región a causa de la violencia ejercida contra sus pobladores por parte de los actores armados.
El informe presentado en este evento denuncia que desde la implementación de la estrategia de “Seguridad Democrática” del gobierno de Álvaro Uribe, la Fuerza Pública ha cometido asesinatos extrajudiciales; alrededor de 100 detenciones masivas; desapariciones forzadas; tratos crueles; violaciones al debido proceso; más de 1600 víctimas de desplazamiento forzado; allanamientos ilegales; bombardeos y ametrallamientos indiscriminados; robos, saqueos, destrucción de bienes de la población, y toma de rehenes. Además restringen los alimentos de la población así como su movilidad y realizan constantes censos a los indígenas sin control ni mediación de ninguna institución estatal.
Las constantes infracciones que los grupos armados hacen contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) desprestigian especialmente al Ejército Nacional que se supone debe representar la institucionalidad y pone en entredicho la capacidad del Estado para recuperar los territorios disputados por la guerrilla sin dejar a su paso centenares de inocentes acribillados y abusados en sus más mínimos derechos. Por el contrario, podría decirse que el Plan Patriota en vez de generar más seguridad para los pobladores de la región los convierte en el blanco principal de la guerra.
Es alarmante que entre Junio y Octubre de este año, todas las denuncias registradas por la Fundación Hemera sobre violación de derechos al pueblo Awá de Nariño hayan sido cometidos por el Ejército. La pregunta es entonces ¿Cuánto más le va a costar la “paz” a la población civil?, ¿Cuantos líderes más, jóvenes, mujeres y niños perseguidos, asesinados, abusados, traumatizados?
[1] Declaraciones del coronel Montoya, Comandante de la unidad militar de Ipiales. En: Ejercitó asesinó a dos indígenas Awá” http://colombia.indymedia.org/news/2005/10/31837.php
