La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia denunció en comunicado la violencia estatal, sociopolítica y la falta de respeto a los derechos humanos de la que son víctimas las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes de Buenaventura, región portuaria más importante del país. Sólo durante el año pasado, 592 personas fueron muertas en la región y, según Medicina Legal, la mayoría de esas muertes tuvo motivaciones políticas.
En 2006, el número de desapariciones forzosas fue de 30 personas, más de dos personas por mes. De enero a abril de 2007, se estima que 150 personas fueron asesinadas y fuentes extraoficiales dijeron que más de 51 personas fueron objeto de desapariciones forzosas. Las políticas de seguridad implementadas por el gobierno no mejoraron la vida de los afrocolombianos. De acuerdo con el comunicado, todo lo contrario: el 85% de la población afrodescendiente vive en la miseria, la agresión armada institucional le sacó toda la legitimidad al Estado, que no deja de ser sólo una formalidad como Estado de Derecho.
En 2004, la política que desmovilizó las estructuras paramilitares elaboró nuevas formas de control sobre la población. Control sobre el mercado local con la imposición de nuevos proveedores, definición de precios de bienes y cobro de impuestos en los barrios Pueblo Nuevo, Juan XXIII, Bellavista, y Matías. Fueron impuestas prácticas de control de barrios con la imposición de formas de organización; el reclutamiento de jóvenes y la definición de normas de conducta y de convivencia. Lo que se observa en esa región portuaria es la existencia de un conflicto armado interno en una etapa de control territorial, con intereses diversos y contradictorios en el espacio urbano.
"Lo que hoy sucede en Buenaventura se presentó en versiones institucionales y mediáticas como el fruto de disputas territoriales por el tráfico de drogas. Entre tanto, existen serios indicios de que la violencia presente se asocia con intereses económicos de medio y largo plazo. Por detrás de la confrontación armada se revelan intereses territoriales asociados a modos de desarrollo, de mantenimiento de la propiedad urbana para obras de infraestructura y los negocios del mercado mundial", dijo el comunicado.
Desde el segundo semestre de 2006, más de 1.500 personas dejaron la región de Buenaventura. Habitantes de los barrios Lleras, Palo Seco, San Francisco, El Triunfo fueron hacia otros barrios de la ciudad como consecuencia de la confrontación armada entre la Fuerza Pública y estrategias paramilitares contra las milicias de la guerrilla de las FARC EP.
Los desplazamientos entre barrios son el resultado de la presión armada, asesinatos, amenazas, criminalizaciones de familiares por parte de agentes estatales a través de operaciones combinadas. Confrontaciones entre desplazados y entre las estrategias estatales y las contra-estatales en los barrios de la ciudad.
Las tentativas de involucrar a los jóvenes en esa guerra urbana han generado una des-estructuración familiar, social y económica en las poblaciones del puerto de Buenaventura. Los policías, que deberían proteger a la población, son parte de esas violaciones de los derechos humanos, si no en forma activa, por omisión frente a la violencia, garantizando impunidad a quienes cometen crímenes contra la población.
