Geográficamente los sitios más afectados han sido el Alto Baudó, especialmente la zona de Juradó, y el medio Atrato, donde la búsqueda por controlar militarmente la zona por parte del bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Frente José María Córdoba de las FARC EP ha convertido a las comunidades en objetivos militares, víctimas de ambos bandos.
Otra zona que ha presentando reiteradas acciones ha sido la comunidad de Sabaleta, ubicada en la carretera que de Quibdó conduce a Medellín. El sitio se convirtió en punto de referencia para que el Ejército de Liberación Nacional establezca retenes militares, violando varias normas estipuladas por el DIH, pues no sólo se presentan incursiones militares a los territorios indígenas, sino también se involucra a la comunidad para que sea blanco de posibles retaliaciones por parte de los grupos de autodefensa. Incluso los hombres de la fuerza pública han señalado a la comunidad de ser colaboradores del grupo guerrillero.
Teniendo en cuenta que el control territorial es la causa más frecuente que viene motivando las hostilidades contra las comunidades, una característica en todo el departamento que poco ha trascendido ha sido la utilización de medios prohibidos por el DIH por parte de las AUC y de las FARC EP. Vigía del Fuerte, Carmen de Atrato, Juradó y Carmen del Darién se encuentran en situaciones humanitarias complejas, que ponen en serio riesgo la supervivencia de las comunidades. Los actores armados “montan” retenes para controlar el paso de elementos básicos como son alimentos y medicinas. Lo anterior está acompañado por el bloqueo de personal.
Lo anterior demuestra el grado de degradación de las hostilidades y la deshumanización que experimentan los actores armados frente a las acciones que desarrollan. Lo anterior se ratifica cuando se tiene la oportunidad de conversar con los lideres de las organizaciones, quienes manifiestan que para poder entender el papel que juegan las comunidades en la dinámica del conflicto, no hay que pensar en términos políticos, sino en términos militares. Los líderes son conscientes que el papel que desempeñan dentro de una lógica de guerra es la de constituirse en víctimas, no importa de que exista una serie de instrumentos jurídicos que busquen humanizar el conflicto, porque esas normas sólo tienen sentido en el papel.
Por otro lado, aunque el ideal de toda observación es poder determinar, a partir de los casos recopilados, un número promedio de personas víctimas de las acciones de los actores armados, en el Chocó cualquier cifra pierde su sentido ante la magnitud de los acontecimientos. Sólo en la masacre de Bojayá se generó un desplazamiento masivo de más de dos mil personas. Los bloqueos y controles a alimentos y medicamentos afectan a un sinnúmero de personas tanto de los cascos urbanos como de las zonas rurales.
También hay que tener en cuenta que algunos desplazamientos de comunidades indígenas presentados en la parte del medio Atrato, ante la imposibilidad de arribar a los cascos urbanos de los municipios, ha sido al interior de los mismos resguardos, impidiendo medir el número de personas desplazadas, como el impacto del hecho.
En cuanto a la parte organizativa, es de resaltar el trabajo de la OREWA. Su labor ha permitido no sólo que los acontecimientos tengan difusión, sino también que se puedan desarrollar acciones tendientes a atender a las comunidades. Esas acciones han sido tanto con las comunidades como con distintas entidades de carácter externo. Internas, en la prevención de las comunidades frente a posibles eventos; por ejemplo, en el caso de Bojayá, en donde hubo una alerta temprana, ninguna comunidad indígena resultó directamente afectada, ya que la organización adelantó una labor informativa que permitió a los indígenas replegarse selva dentro antes de que se iniciaran los combate. Externas, en la convocatoria de comisiones humanitarias que verifiquen la situación de zonas como Juradó, Carmen de Atrato y Carmen del Darién.
En el caso de las organizaciones afrocolombianas, su propia dinámica hace que el trabajo sea un tanto más lento y complejo, entre otros elementos porque no existe una sola organización, sino que en la sola ciudad de Quibdó se encuentran alrededor de 15 organizaciones. Las principales organizaciones (ACIA, OPABO, ACABA) aunque concentran muchas labores humanitarias, no poseen una política definida que les permita adelantar acciones específicas, como la de llevar registros de denuncia de violaciones. De hecho, muchas de las denuncias que involucran a población afrodescendiente se hacen a través de las Diócesis de Quibdó o Istmina.
Finalmente, un fenómeno que no puede pasar desapercibido es la agudización del orden público en la ciudad de Quibdó, ya no por cuenta de los actores armados, sino por cuenta de bandas callejeras conformadas en gran parte por las personas desplazadas que arriban a la ciudad. Aunque pocas instituciones civiles o militares estarían en posición de ratificar la hipótesis, el ciudadano del común sabe que la imposibilidad de hacer frente a una situación tan compleja como es el desplazamiento en unas condiciones idóneas, ha conducido que la delincuencia haya aumentado en proporciones alarmantes. Esos mismo ciudadanos también sostienen que una alternativa rápida y cruel para hacer frente al fenómeno recae en prácticas de intolerancia social, traducidas en grupos de limpieza.
