Mediante una carta, las organizaciones sociales descalificaron la gestión en del gobierno saliente de Andrés Pastrana en materia de derechos humanos, y acusaron a las multinacionales petroleras que desarrollan proyectos en el departamento de generar el conflicto armado que azota a los grupos étnicos
En carta abierta al presidente de la República, las organizaciones sociales del departamento de Arauca como la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC), la Federación de Juntas de Acción Comunal (FEDEJUNTAS), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia seccional Arauca (CUT), el Consejo Regional Indígena (CRIA) y la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional, se declararon en asamblea permanente de resistencia popular por la defensa de la vida y en contra de los asesinatos selectivos que se presentan en el departamento, perpetrados, especialmente, por grupos de autodefensa, ratificando, de paso, su temor y desconfianza ante el incremento del pie de fuerza militar, el cual puede agudizar el conflicto en las zonas de Tame, Cravo Norte y la misma capital.
“Durante el período de gobierno del saliente presidente Andrés Pastrana, las organizaciones hemos realizando actividades de denuncia pública por los atropellos y continuas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como consecuencia del conflicto interno armado, que en vez de bajar de intensidad, ha incrementado su degradación”, aseguraron.
De igual forma, rechazaron los asesinatos selectivos contra dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas, líderes sociales y miembros de las comunidades indígenas del departamento, asesinatos selectivos de personas como Octavio Sarmiento Bohórquez, Alfredo Colmenares Chía, Ángel Riveros Chaparro (líder campesino que fue testigo de la masacre de Santo Domingo, ocurrida el 13 de diciembre de 1998 y donde se sindica a hombres de la XIII brigada), Luis Enrique Coirán (líder sindical miembro del Sindicato de Trabajadores Clínicos y Hospitalarios de Cartago (ANTHOC), Efraín Varela Noriega (periodista y director de la emisora radial local Meridiano 70), Carlos Alberto Barragán y Olegario Gómez (docentes miembros de la Asociación de Educadores de Arauca), entre otros asesinatos.
Las organizaciones responsabilizan a las multinacionales petroleras presentes en el departamento de ser un factor causante del conflicto “por su desmedido afán de poder y expansión económica”, y señalan a los gobiernos de paso como “servidores complacientes” de estas empresas, pues sólo “se miden por sus intereses individuales, sin importar que comprometa la vida de la población, que lucha por su soberanía, y por permanecer en la tierra que lo ha visto nacer y crecer, y que ahora horrorosamente lo ve morir”.
En la carta abierta, las organizaciones destacan las jornadas de protesta en apoyo al pueblo indígena uwa, afectado por la exploración petrolera del bloque Samoré, territorio ancestral irrespetado. “El pueblo se resiste a la exploración y explotación indiscriminadas de los recursos petroleros. La avaricia de las multinacionales y su afán de poder no tiene límites, ni mide las consecuencias, en este caso, la condena al exterminio de la cultura uwa, una raza milenaria que ha luchado con persistencia por sobrevivir”.
Finalmente, lamentaron que al final de este período de gobierno haya quedado un clima de desolación al agudizarse el conflicto, producto del incremento del pie de fuerza militar y de las “pretensiones de implantar políticas paramilitares en el departamento de Arauca”. No obstante, esperan que con el nuevo gobierno se tenga en cuenta al departamento de Arauca, buscando generar soluciones a las problemáticas de orden público y derechos humanos.
