Sama, la compañía que entrará a administrar las minas de sal en el departamento de la Guajira y que está integrada por la gobernación, la etnia Wayuú y, enfrenta el rechazo del pueblo indígena, que considera que un 25% de participación en la administración lesiona sus derechos de propiedad ancestral. La nueva empresa de economía mixta está a punto de ser sancionada por el presidente Andrés Pastrana.
Los Wayuú, indígenas asentados en la península de la Guajira, han explotado desde sus orígenes las salinas de Manaure. Pero hoy siente sus derechos ancestrales violentados ante la aprobación del proyecto de ley 170 que crea a SAMA, una compañía de economía mixta integrada por el Ministerio de Desarrollo, la alcaldía de Manaure y la asociación Wayuú Sumain Chi que en adelante entrarán a administrar la explotación de sal.
El malestar de la etnia radica en el porcentaje asignado por el proyecto, el cual plantea que el Ministerio de Desarrollo quedaría con un 51%, la Asociación de Wayuú, dueños de las tierras, un 25% y la alcaldía de Manaure con el 24% restante.
Rosario Epiayú, presidenta de la Asociación Wayaa Wayuú, que reúne a los explotadores, siente que trabajó para otros, cuando ayudó a gestionar la creación de SAMA, buscando liquidar la concesión mantenida con el Instituto de Fomento Industrial (IFI)
“Nosotros fuimos los que luchamos para que hoy en día nos ignoren. La participación que tuvo la etnia Wayuú como dueña de la tierra fue trascendental. Lo que más duele es que en el trámite de la ley ni siquiera nos llamaron a concertar, no nos consultaron nada”, reclamó la líder, a quien adicionalmente le preocupa la parálisis en la explotación.
Funcionarios del Instituto de Fomento Industrial (IFI) explicaron que la parálisis se debe a que ya les llegó la hora de mermar su actividad administrativa, después de una liquidación que lleva 10 años, y que será SAMA, como nueva compañía administradora, la que retome la explotación de las 150 hectáreas de las minas de Shorshimana y Manaure.
Para la alcaldesa de Manaure, Sara Aguilar, tarde que temprano el Ministerio tendrá que vender acciones a los explotadores. De una vez advirtió que el municipio no podrá hacerlo, puesto que ese dinero será utilizado, de acuerdo con la ley, para ofrecer un servicio eficiente de agua potable al municipio.
“El 24% que le corresponde al municipio quedó condicionado a que con esos recursos se reemplace la labor de PROAGUAS. Por primera vez, el Estado colombiano cede a un municipio y a una comunidad indígena toda su infraestructura”, así lo aseguró la alcaldesa, en cuya administración quedarán los 210 molinos de agua, construidos hace cincuenta años, para proporcionarle agua subterránea a Manaure, Uribia y Maicao. Además, el IFI cederá al municipio cien viviendas y el muelle, donde la gobernación y la alcaldía adelantarán un proyecto turístico para el municipio costero.
En 1993, la Procuraduría General de la Nación interpuso acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales de la comunidad Wayuú de Manaure, pues para el órgano de control tanto la Nación como IFI durante la ejecución del proceso de liquidación de la concesión salina, violó y desconoció derechos fundamentales que pusieron en riego la integridad étnica y cultural del pueblo Wayuú.
