Más de 720 familias desplazadas en los municipios de Tumaco y Barbacoas, evidencian la dramática situación que viven las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas en el departamento de Nariño.
Desde hace más de un año el terror y la incertidumbre se apoderaron de los municipios de Tumaco y Barbacoas, sobre la costa Pacífica. Asesinatos, amenazas, masacres, desapariciones y desplazamientos forzados se convirtieron en acciones sistemáticas que, a pesar de las múltiples denuncias hechas por autoridades eclesiásticas, organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y de autoridades civiles, todavía se hallan en la más completa impunidad.
De acuerdo con los estimativos hechos por las organizaciones, la presencia constante de del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Frente 29 de las FARC, las acciones han conducido al desplazamiento del 23% de la población de toda la región. Las mismas cifras de la Red de Solidaridad indican que Tumaco es el mayor expulsor de familias por el conflicto armado en el departamento de Nariño con 313 familias, seguido por Barbacoas con 157 y 255 más provenientes de los sectores rurales. Las organizaciones, sin embargo, señalan que dichas cifras no reflejan la realidad de la situación, pues muchas familias desplazadas de las zonas rurales no son registradas por temor o por desconocimiento.
La situación se agudiza con el pasar de los días debido a los constantes retenes y bloqueos ilegales que realizan los grupos armados, los cuales han generado una grave escasez de alimentos, especialmente en los municipios de Magüí Payán, Roberto Payán, zona norte del municipio de El Charco y los sectores aledaños al río Mira.
Situación dramática
La región del Pacífico ha adquirido un interés estratégico para los actores armados que buscan el control territorial para la financiación y sostenibilidad de sus acciones. La disputa de los territorios ha venido descendiendo desde el centro y norte del Chocó hacia el sur de la región del Pacífico. Por otra parte, las acciones armadas se han ido acercando en dirección oriente - occidente hacia la zona del litoral.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza del señor Eduardo Cifuentes Muñoz, adelantó una investigación preliminar en la costa pacífica nariñense, la cual ha permitido determinar que las comunidades que habitan en esta zona sufren una aguda y sistemática violación de sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales.
El trabajo de la Defensoría condujo a realizar una audiencia pública en la ciudad de Tumaco el pasado fin de semana con las organizaciones civiles y comunitarias, para construir una estrategia en contra de los violentos, diseñando estrategias que eviten acciones similares a la acontecida en Bojayá y Vigía del fuerte en el Chocó.
“La Defensoría está en constante atención a lo que pueda suceder en la zona, para lo cual se ha dispuesto una comisión de acompañamiento que estará ahí por ocho meses, hasta que la situación se normalice. No obstante, las difíciles condiciones de comunicación, por los constantes retenes ilegales, limitan las posibilidades reales de brindar un una atención oportuna y eficaz a la población víctima de la violencia”, expresó el delegado para Minorías Étnicas, Gabriel Muyuy.
¿Raíces de la presión?
Desde hace más de diez años, las comunidades afrocolombianas del Pacífico Colombiano han venido avanzando en el proceso de titulación colectiva de sus tierras tradicionales, la construcción de autonomía cultural y política, y la edificación de una forma de vida de acuerdo con sus valores como grupos étnicos habitantes de una de las selvas más ricas del mundo.
Estos derechos fueron consagrados y reconocidos por la Constitución Política, y ratificados por leyes como la Ley 70 de 1993. Desgraciadamente, para las comunidades afrocolombianas las selvas del Pacífico son de importancia estratégica y económica para el capital nacional e internacional. En el Pacífico se encuentran enormes fuentes de biodiversidad representadas en maderas comerciables, oro, petróleo y uranio, además del inmenso potencial para el desarrollo hidroeléctrico.
Por este motivo las organizaciones sociales sostienen que la violencia contra las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas no es una casualidad aislada del contexto económico y político mundial, sino que obedece a una lógica determinada y sistémica que busca el desplazamiento y usurpación de sus tierras y recursos para su explotación.
Para el maestro Manuel Zapata Olivella, teórico de la cultura y de la situación afrocolombiana “la constitución colombiana reconoce el derecho de estos pueblos a sus tierras, pero es evidente que el proyecto histórico del pueblo afrocolombiano se enfrenta con los intereses del capital en la región del Pacífico, un enfrentamiento que ha conducido a la barbarie que se ha desatado en su contra actualmente. Al gobierno colombiano se le ha pedido que adopte las medidas necesarias para proteger a todas estas comunidades y a sus territorios, pero dado los antecedentes, no existe ninguna garantía de que estas medidas sean tomadas e implementadas eficazmente; por el contrario, la presión y el avance de los actores armados sigue aumentando sobre las comunidades y sus lideres.”.
