Las cifras son alarmantes. 142 casos de violaciones a los Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Colombia en lo que va corrido del año 2002. Esta cifra duplica el número de casos del año anterior. Según datos recogidos por la Fundación Hemera, estos casos corresponden a 95 homicidios, 60 amenazas, 15 desapariciones forzadas, 6 victimas de torturas, 7 indígenas con lesiones personales, 750 victimas a causa de la contaminación de suelos y aguas, una victima de atentado y 3 detenciones arbitrarias. Son 937 victimas individuales de violaciones. Mas alarmante aún el número de victimas colectivas: 20 mil amenazados, 10 mil indígenas desplazados, 15 mil más afectados por la incursión de los grupos armados a sus territorios, 2 mil afectados por daños a sus precarias infraestructuras y 3 mil afectados por las políticas de control de alimentos realizados en sus territorios. Es decir, son más de 50 mil indígenas a los cuales se les han violado sus más elementales derechos, principalmente el derecho a la vida. Si tenemos en cuenta que la población indígena en Colombia apenas si llega a los 700 mil individuos, la situación se torna mucho más gravosa. Es como si cogiéramos a una ciudad de 50 mil habitantes y la sometiéramos a los más infames vejámenes. (Ver tabla No 1). Pero no estamos hablando de una ciudad cualquiera. Estamos hablando de una población conformada por 84 pueblos, o sea, 84 formas distintas de cultura, con 64 lenguas diferentes. Estamos hablando del proceso de aniquilamiento de la expresión más pura de la diversidad y la multiculturalidad de Colombia.
Si bien las cifras son un elemento importante de reflexión, estas deben ser en esta ocasión solo el insumo para el análisis sobre las raíces de esta violencia ya perenne contra las comunidades. En este caso, ubicamos cuatro hechos que caracterizan y constituyen este espiral de violencia contra los indígenas: 1) La expropiación de sus territorios, 2) El exterminio de sus Pueblos y culturas como expresión de la pugna entre Derecho Propio, Estado y Poder, 3) La presencia de actores armados como soporte para la implementación de megaproyectos, la producción de cultivos ilícitos, el establecimiento de corredores geoestratégicos y para la imposición del modelo de desarrollo nacional, 4) Las condiciones de pobreza de las comunidades, la ausencia del Estado y la precariedad de sus programas.
1) La expropiación de sus territorios
Los 50 mil indígenas a quienes se les han violado sus derechos a permanecer en un territorio o vivir en ellos como si se tratara de zonas de ocupación, a vivir con la zozobra de una amenaza contra su integridad física, o la integridad de sus propiedades colectivas o a vivir confinados en ellas como si se tratara de zonas de concentración, más que estar siendo lesionados en su sagrado derecho a la vida como individuos, lo están siendo en su sagrado derecho a la vida como comunidades, a la vida como Pueblos y ese es talvez el verdadero eje del conflicto que actualmente aqueja a los Pueblos Indígenas de Colombia. “Nosotros afirmamos que lo que está en juego en esta guerra y lo que está en juego en una posible paz, es nuestro proyecto de autonomía como pueblos
No es gratuita la afirmación reiterada de las organizaciones indígenas al decir que, “más que gente distinta, nosotros somos pueblos…. Mas allá del derecho a la diferencia, reivindicamos el derecho a gobernarnos en nuestro propio territorio”[1][1] .
En un reciente estudio de la Fundación Hemera sobre el manejo de los ICN en territorios indígenas, se reseñan datos oficiales según los cuales Colombia posee 32 departamentos, 4 distritos. 1072 municipios, y 663 Resguardos Indígenas que tienen un área aproximada de 28.2 millones de hectáreas, los cuales representan cerca del 25% del territorio nacional[2][2]. Esto es, una cuarta parte del territorio nacional, territorios con inmensas riquezas en minerales y biodiversidad y vitales para el desarrollo de grandes megaproyectos.
Los territorios indígenas y las comunidades se hayan ubicadas en zonas de gran confrontación armada, por lo cual aseveramos que los Afros y los indígenas están en el corazón mismo de las confrontaciones y son los principales afectados, toda vez que todos los actores los responsabilizan de ser colaboradores del otro, cuando no es que sus niños y jóvenes son cooptados por la mayoría de los grupos armados, para la guerra.
Los casos mencionados de desplazamiento, incursiones a territorios, daños a su infraestructura así como los retenes y cercos permanentes, obstaculizan principalmente el ingreso de medicamentos, combustibles y alimentos, es una expresión clara de una pretensión mayor: El despojo de dichos territorios. Este propósito, si bien en algunas zonas del país ha obtenido resultados parciales, como el caso de los indígenas del Alto Naya que no han podido regresar a sus comunidades, ha evidenciado que el fenómeno del desplazamiento indígena se presenta al interior del resguardo –intra comunidades-,
generando otros conflictos: sobrepoblación en la comunidad receptora, crisis alimentaria, deterioro de la cultura, incremento de los índices delictivos, pérdida de la autoridad del Cabildo, entre otros. El subregistro presentado en este tipo de violaciones se debe, en primer lugar a la falta de denuncia de estas violaciones, normalmente por la lejanía de las comunidades de los centros urbanos, lo cual lleva a que los indígenas desplazados vean en sus vecinos más próximos -generalmente al interior del resguardo o municipio-, una opción para la solución de “su problemática”; de otra parte, a las falencias de la ley sobre desplazamiento que no tipificó las características especiales de dichas comunidades. Para los indígenas resulta más fácil acudir al vecino, muy determinado por las relaciones culturales y de parentesco, que acogerse al procedimiento de la ley. Esta práctica que convierte en invisible este fenómeno para el Estado e incluso para el conjunto de la sociedad, paradójicamente ha sido un mecanismo de protección de las culturas y de preservación de sus territorios, toda vez que los actores aun no logran sacarlos definitivamente de allí, porque jamás abandonan el lugar[3][3].
Es evidente que la pugna por los territorios ha sido un elemento determinante para que los Pueblos indígenas se hayan convertido en blanco de los actores armados. Y lo de blanco no es un simple eufemismo, pues las cifras indican que los altos índices de homicidio, el 44% de los casos, están asociados a la acción de los actores que creen que asesinando lideres y dirigentes, generan temor en las comunidades, favorecen las acciones de desplazamiento y desmoronamiento de los pueblos. El concepto de Pueblo entonces, está ligado al concepto de territorio. La tierra es al indígena, como el indígena
es a la tierra. Ella sustenta su historia, su convivencia y su vida, por lo que el tipo de relación que se plantea va más allá de lo meramente instrumental, para convertirse en una relación esencial y vital que se expresa en su cosmovisión y determina sus prácticas sociales y económicas. Son la tierra y el territorio condiciones sine qua non, no sólo para la sobrevivencia de los individuos, sino para la pervivencia de su propia cultura.
Las prácticas hacia las comunidades hermanas, si bien podemos enmarcarlas dentro de conceptos como la solidaridad, tienen implicaciones profundamente políticas, miradas desde los conceptos de Pueblo y Autonomía, conceptos estos que vienen mereciendo amplias discusiones al seno de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados americanos. Allí, en términos de derechos humanos, la confrontación principal es con el Estado colombiano. Justamente con este contradictor, el conflicto gira en torno a “quien controla los territorios, quien se apropia de los recursos, quien gobierna”[4][4].
2) El exterminio de Pueblos y culturas como expresión de la pugna entre Derecho Propio, Estado y Poder
De nuevo las cifras son contundentes. No se trata del asesinato circunstancial de indígenas y mucho menos, por móviles desconocidos. Las estadísticas señalan que los Pueblos indígenas mas golpeados por la acción de los grupos son el Páez, principalmente en los departamentos de Cauca y Valle (43 casos en el 2002[5][5]), Los Embera en los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia (48 casos en el año, incluidos los Chamí y los Katío, de la misma familia), los Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta (23 casos en el 2002 y existe subregistro de lo acontecido el año anterior), Los Pijao del Tolima, (6 casos) y los Kofanes (5 casos), para señalar los hechos más significativos.
Estas violaciones contra los Embera, los Paeces, los Kankuamos, los Pijao y los Kofanes, entre otros, están asociadas, en primer lugar a su presencia en departamentos con una alta población indígena, con gran nivel organizativo y avances en el campo de la representación política; además a que están ubicados en territorios claves para el desarrollo de grandes megaproyectos. La represa de Urrá en Córdoba, El Canal Seco Interoceánico Atrato – Truandó, en el caso del Chocó, la construcción del Puente sobre el Río San Miguel en el caso de Putumayo.
Las violaciones a los derechos humanos contra los indígenas se presentan muy a pesar de la legislación vigente. En cumplimiento del Convenio Internacional 169 de la OIT, el Gobierno de Colombia sancionó la ley 21 del 91 que protege los derechos de las poblaciones indígenas y de otros grupos tribales en nuestro país. En desarrollo de dicha ley, se han suscrito cualquier cantidad de decretos reglamentarios, los cuales resultan verdadera letra muerta al relacionarla con las cifras de las violaciones. Las organizaciones indígenas han evidenciado también una confrontación de derechos. De una parte, el derecho positivo, formal, del país que resulta obsoleto para la realidad de estos Pueblos y de otra, el derecho propio, el Derecho Mayor o Ley de Origen de las comunidades, que es el derecho que les permite ser frente a los demás, vivir y mantenerse. (No es posible un país en paz sin los Pueblos indígenas. Onic y otros, 2001). Al respecto y profundizando un poco en esos elementos que caracterizan el ser indígena, decíamos en un documento anterior y refiriéndonos a su práctica y visión colectiva, que “Los pueblos indígenas poseen ciertas características colectivas que los hace diferentes con respecto a la gran mayoría. Es desde sus prácticas colectivas que han logrado su sobrevivencia y desarrollado sus actividades y su cotidianidad.
Esta relación especial con la tierra y el territorio y la importancia de su práctica colectiva, es reconocida en el articulo 13 del convenio 169 de la OIT, que al tenor dice: Al aplicar las disposiciones, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados (pueblos indígenas) reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación.
Conforme a esta relación tierra - territorio y prácticas colectivas, los pueblos indígenas han aspirado al reconocimiento de sus derechos colectivos y los Estados han tenido que reconocer que no se trata solamente de la protección de los derechos individuales, sino también de la protección simultánea del grupo o del pueblo como un todo. Esto ha significado el reconocimiento de que el énfasis tradicional sobre los derechos individuales implica una protección inadecuada para los pueblos indígenas dadas sus características
colectivas,[6][6] y que estos derechos colectivos son elemento esencial e inherente de los derechos indígenas. En este sentido el reconocimiento a los derechos colectivos constituye la legitimación y afirmación de formas de vida distintas y diversas.[7][7]
Todos estos elementos son el soporte de un elemento vital para el análisis: el concepto de autonomía, derecho propio y autogobierno. Estos planteamientos nos colocan, ya no en la discusión de la preservación de lo propio y el derecho que tiene el hijo a manejar su propio albedrío, sino al concepto de autodeterminación, lo que nos pone de bulto frente a la posibilidad de movimientos autonomistas y separatistas. Los hechos recientes
de la mosquitia en Nicaragua, que involucra a los nativos (indígenas) raizales de San Andrés Islas, se ha constituido en una campanada, colocada en el mejor tono en un articulo reciente del diario el Tiempo del expresidente López Michelsen.
No es extraño entonces, que en el documento citado, los indígenas se pregunten: “¿Porqué los 150 mil habitantes de Luxemburgo son una nación y los 320 mil Wayúus son apenas una minoría étnica? ¿Porqué los habitantes de Islandia, que son 271.000 tienen cupo en las Naciones Unidas y los 120.000 Nasa (paeces) apenas tienen derecho a ser fumigados (…)sin que se les pregunte nada a sus autoridades tradicionales ni al Gobernador del Cauca?¿Porqué Bélgica es un país independiente siendo tan pequeñito y en cambio el predio Putumayo (en Amazonas), tierra de Murui, Cocama, y Bora, con mas de seis millones de hectáreas, es una zona de ultima categoría donde mandan los traficantes de madera, coca y pieles? ¿Porqué Holanda puede meter a la petrolera Shell donde quiera y en cambio los Uwas no pueden vivir en las tierras de su propiedad, si se trata de territorios igual de grandes?[8][8]
No es que los indígenas estén reivindicando la escisión de Colombia. La Nación Embera la integran mas de 70 mil individuos, pero “desparramados a lo largo y ancho del litoral pacifico colombiano, desde Córdoba hasta Nariño y Putumayo. Lo mismo sucede con muchos otros Pueblos. A los indígenas, más que la promoción de un movimiento separatista, los anima el deseo que se les reconozca como Pueblos y se les permita ejercer de manera plena sus derechos, en una clara relación de igualdad con la sociedad mayoritaria. Quiero dejar este punto señalando que trascender el conflicto de la intolerancia hacia los grupos minoritarios, en particular hacia los grupos étnicos, pasa por el reconocimiento de la otredad, y la aprehensión del concepto de diversidad plasmado en la constitución nacional, pero sobre manera, que parta del afianzamiento y desarrollo del multiculturalismo como política de Estado y como camino cierto para el cabal ejercicio de la pluralidad.
3) La Actores armados como soporte para la implementación de megaproyectos, producción de cultivos ilícitos, establecimiento de corredores geoestratégicos y la imposición del modelo de desarrollo nacional
En razón a su indefensión, a su vocación ancestral de paz, pero también a sus intereses como pueblo, ligados a territorios en los cuales muchos han puesto los ojos, los indígenas se han convertido en el principal blanco para todos los actores del conflicto, incluido el Estado, muy a pesar de su manifiesta posición de querer mantenerse al margen de un conflicto que ellos no han creado, muy a pesar de su posición de autonomía e incluso de neutralidad y muy a pesar de su larga trayectoria en la solución pacifica de sus conflictos.
De los 215 casos de violaciones a sus derechos humanos, el 41.8% (90) han sido cometidos por los paramilitares, el 21.4% por las FARC y el 2% por el ELN; Las fuerzas del Estado han violado los derechos humanos de los indígenas en un 8.8% (19 casos), distribuidos entre las Fuerzas Militares (7%), la Policía Nacional (0.9%) y otras instituciones del Estado (0.9%). Aunque no se puede establecer con certeza la responsabilidad de estos hechos, un gran porcentaje se queda incluso sin la posibilidad de establecer la presunción sobre la identidad del actor (25.2%), por cuanto no se reivindica la autoría, o no es posible establecer la procedencia por parte de las victimas, o un actor desarrolla el hecho haciéndose pasar por otro. Es de anotar que muchas acciones, por ejemplo los secuestros, son desarrolladas por delincuentes comunes, que mercadean las victimas como si se tratara de objetos, creando una causal de agravamiento en el hecho.
Frente a los presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos contra los indígenas, es bueno establecer tres elementos: 1), Los grupos paramilitares, por su conexión con grupos de presión o de interés, llámense terratenientes, ganaderos, madereros, gestores de megaproyectos, miembros de entidades del Estado, etc., siguen siendo los principales violadores de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas; 2) La guerrilla de las FARC en particular, ha mantenido una persecución permanente contra las comunidades indígenas, en la medida que interpretan las acciones de resistencia civil de los indígenas como acciones de corte paramilitar que lesionan sus intereses. Además, no aceptan en ellos ningún tipo de derechos, máxime si se trata del ejercicio de su autonomía, ya que afectan su propia estructura de poder y su propia concepción de reforma agraria revolucionaria, 3) El Estado, a través de su fuerza publica, aunque en menor escala, sigue siendo violatoria de
