La Defensoría del Pueblo denunció el desplazamiento forzado de 50 familias afrocolombianas y campesinas por el constante accionar de los grupos de autodefensa en la zona
Por lo menos serían 50 familias afrocolombianas y campesinas las desplazadas de la comunidad de Puerto Lleras, en el Bajo Atrato chocoano, Costa Pacífica, debido a las constantes y permanentes violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario perpetradas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), especialmente en los últimos diez días, ratificó la Defensoría del Pueblo.
En menos de dos meses las ACCU agudizaron su accionar y cometieron ocho incursiones y hostigamientos armados al caserío de Puerto Lleras en la cuenca del río Jiguamiandó, dejando como saldo el homicidio de un menor de edad, un habitante herido y la desaparición de otro, además del saqueo de víveres, animales y las pocas cosas que los campesinos afrochocoanos tenían, aduciendo que eran auxiliadores de las guerrillas.
La gota que rebasó el vaso fue la desaparición de Anibal Salinas, sucedida luego de la ultima incursión paramilitar en Puerto Lleras. A raíz de esto y más, se desplazaron 150 personas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Su instinto de supervivencia los hizo refugiarse en los caseríos de Pueblo Nuevo y El Cacao, Bajo Atrato chocoano, y en la cabecera municipal de Murindó, departamento de Antioquia.
Dos meses de angustia
En enero, las ACCU hostigaron a Puerto Lleras, y le dijeron a sus más de cien habitantes que seguirán operando en la zona, de manera permanente, con la presencia de 1800 hombres, además, le propusieron a la comunidad que sembraran palma aceitera, la cual viene siendo cultivada en el territorio colectivo desde el 2001, informó la Defensoría.
Este accionar generó el desplazamiento de nueve familias más hacia Murindó, La Grande, y Bartolo, así como 12 huyeron a la selva chocoana. Así lo confirmó una Comisión que estuvo en la zona entre el 9 y el 12 de enero pasado, integrada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, Defensoría del Pueblo, Diócesis de Quibdó y Apartadó, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y Brigadas Internacionales de Paz.
La Defensoría condena
Este nuevo acto de violencia contra la población civil fue condenado por el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, quien le solicitó al gobierno tomar las medidas pertinentes para garantizar la protección y seguridad de las comunidades afrocolombianas y campesinas, así como asegurar el pronto retorno y el restablecimiento socioeconómico de las mismas.
Aseguró además que la atención del Estado en estas regiones de la cuenca de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó ha sido precaria y desarticulada, a pesar de que la Defensoría en diciembre de 2002 y enero de 2003 realizó visitas de verificación, en el marco de las recomendaciones formuladas en el Informe de Riesgo y en la Resolución Defensorial No. 025.
“Las distintas propuestas presentadas por esta población al Gobierno nacional no han sido analizadas a profundidad y, mucho menos, respondidas”, concluyó el Defensor del Pueblo.
