Por lo menos 25 familias paeces de la vereda La Carbonera, departamento del Valle, se desplazan en estos momentos hacia el casco urbano del municipio de Pradera, ante los fuertes enfrentamientos que protagonizaron paramilitares de las autodefensas unidas de Colombia (AUC) y la guerrilla de las FARC, desde el pasado 14 de marzo, y que además deja como saldo la muerte del indígena Marcelino Chate. Así lo confirmó y denunció la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC).
“Lamentablemente durante el enfrentamiento y el intercambio de disparos, calló muerto uno de nuestros compañeron, Marcelino Chate, 50 años, casado y padre de 4 hijos, quien era el plomero de esta comunidad” le dijo a Actualidad Étnica uno de los líderes desplazados.
Aunque el Ejercito ya retomó la zona, no le ha dado suficientes garantías a la comunidad para que retornen a sus territorios, por esta razón, la comunidad de La Carbonera, resguardo Kwet Wala (Piedra Grande) decidió, desde este martes, iniciar un desplazamiento masivo, abandonando casas, cultivos, animales y reservas alimenticias, para poner a salvo sus vidas.
Los primeros indígenas que llegaron al casco urbano de Pradera, y que se alojaron en la Casa Indígena de ese municipio, le informaron a Actualidad Étnica que hasta el momento solo han recibido de la Alcaldía unas colchonetas y que se quedaron esperando los alimentos y a una enfermera porque: “entre los desplazados se encuentran niños y ancianos indígenas que están enfermos y que necesitan ser atendidos con urgencia” dijo el Alcalde indígena de la Carbonera, Jesús Aníbal Ulcue.
En lo que va corrido del año, las comunidades del resguardo Kwet Wala, se han desplazado masivamente en dos ocasiones y por el mismo motivo, sin que el gobierno y el ejército les ofrezcan las garantías suficientes para permanecer en sus territorios.
“Uno deduce que todo esto es una estrategia, tanto de la extrema derecha como de la izquierda, para dejar deshabitados estos territorios. El Ejército solo llega cuando hay combates, luego, se largan dejando a las nuestras comunidades a merced de represalias y las acusaciones de ser sapos”, afirmó un líder indígena.
La ORIVAC le exige al gobierno las garantías suficientes para que las comunidades puedan vivir en paz, y le solicitó tanto a la Defensoría del Pueblo, a la Alcaldía de Pradera, a la Gobernación del departamento y a la Red de Solidaridad Social, hacer realidad sus compromisos de ayuda, establecidos con la comunidad, y que hagan un constante acompañamiento para que estos hechos no se vuelvan a presentar.
