El Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) denunció el asesinato del dirigente de la etnia Emberá Chamí José Efraín Ramírez, quien había sido secuestrado desde el pasado 28 de marzo, en el municipio de Riosucio (Caldas) El líder fue hallado sin vida el martes 2 de abril en la población antioqueña de La Pintada, a dos horas de Riosucio.
José Efraín Ramírez, casado y padre de familia, pertenecía a la Comunidad de Alto Sevilla, Resguardo Cañamomo Lomaprieta, municipio de Supía en el departamento de Caldas. Trabajaba en la formación social y política de las comunidades, orientando las Escuelas de Formación Musical de Chirimías. Además, apoyaba la parte administrativa del resguardo y era miembro del Comité Político de AICO.
Según sus compañeros de trabajo, el indígena salió el pasado 28 de marzo de la sede de AICO en Riosucio hacia su comunidad en Supía. Quienes lo vieron alejarse en su moto Suzuki, color gris, nunca pensaron que esa sería la última vez que lo observarían con vida. Sus desconocidos verdugos lo dejaron tirado, seis días después, en el municipio antioqueño de La Pintada. En dicha población fue sepultado como NN; posteriormente sus familiares se desplazaron hasta el sitio, donde identificaron el cadáver.
En circunstancias similares, y como lo denunció Actualidad Étnica en su momento, fue asesinado, hace apenas trece días, el dirigente Pijao Guillermo Aroca, secretario de AICO en la regional del Tolima.
Para los parlamentarios por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia “este nuevo asesinato de un dirigente de AICO reviste características similares en cuanto a operatividad, pues primero se secuestra y luego se asesina, es decir que hay selectividad. En tanto, los organismos judiciales y defensores de Derechos Humanos no han hecho tan siquiera el más mínimo pronunciamiento público de esto. Ojalá no signifique el inicio de una campaña de exterminio de dirigentes indígenas, en la mal llamada época de
De igual forma, los representantes de AICO le exigieron al presidente de la República, al Fiscal General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a los organismos humanitarios de Derechos Humanos y demás organismos gubernamentales competentes, realizar todas las diligencias necesarias y conducentes para que se esclarezcan plenamente los hechos y responsabilidades frente a los dos asesinatos.
“No queremos insulsas palabrerías ni discursos veintejulieros; queremos realidades concretas frente a estos hechos dolorosos para los pueblos indígenas de Colombia”, ratificaron enfáticamente.