Más de 200 personas, pertenecientes a distintas organizaciones de diversa índole se movilizarán desde mañana para rendir un sentido homenaje a las víctimas de una de las masacres más atroces cometidas por las Autodefensas Unidas de Colombia en los últimos años en la región del Alto Naya. La marcha también buscará analizar la situación de alrededor de 120 familias que aún se hallan desplazadas en el municipio de Santander de Quilichao, como las estrategias para comprometer a los gobiernos nacional y departamental en un retorno seguro y digno.
Se inicia esta semana, en la ciudad de Santander de Quilichao (Cauca) una de las más grandes jornadas de solidaridad y acompañamiento a las comunidades indígenas y afrocolombianas de la región del Río Naya, que, a dos años de acontecida la masacre que cobró la vida de más de un centenar de indígenas y campesinos, siguen siendo afectadas por la violencia desmedida y constante de los grupos armados ilegales que se disputan el poder territorial en la región.
La Minga por la Vida de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos del Río Naya, como se ha denominado a esta jornada de acompañamiento, se inicia el 5 de abril y se extenderá hasta el 10. Estará a su vez acompañada por una Misión Humanitaria conformada por organizaciones sociales, organizaciones de Derechos Humanos, la iglesia, ONG’s ambientalistas, de mujeres, de desplazados y amigos de la paz, quienes invocarán un mensaje de aliento y de esperanza, dirigidos a “aquellos que, a pesar de todas las amenazas y adversidades, han decidido quedarse”
En una primera fase de su recorrido la Misión visitará las poblaciones de El Ceral y El Playón, para luego continuar a lo largo de la región del Alto y Bajo Naya. Posteriormente se recorrerá el corregimiento de Timba (Cauca), donde se oficiará una misa por las víctimas de la masacre, cuya mayoría de cuerpos se encuentran en el cementerio de dicho corregimiento. El 10 de abril, la Misión arribará a Santander de Quilichao, donde se llevará acabo un encuentro con las familias desplazadas que se alojan en la plaza de toros del municipio.
El 11 de abril se realizará una Audiencia Pública en la cual se evaluará y analizará la grave situación humanitaria que viven todos los habitantes de esta región, y donde se le exigirá al Gobierno Nacional y Departamental los recursos necesarios para poner en práctica un retorno con dignidad y seguridad, que garantice que la población pueda reconstruirse social, económica y culturalmente.
“En esta Audiencia vamos hacer pública nuestra propuesta a todos los actores del conflicto (económico, político y militar) que consideren los territorios de los desplazados como
A la región del Naya se movilizarán más de 200 personas pertenecientes a organizaciones sociales, iglesia, derechos humanos y amigos de la paz, además de las organizaciones indígenas y afrocolombianas.
Dos años después...
En aquella madrugada del 11 de abril, una columna de hombres fuertemente armados arribó a la zona sembrando dolor y muerte. Tras varios días de lo que los mismos indígenas y campesinos recuerdan como una caravana de muerte, poco más de un centenar de labriegos quedó desperdigado a lo largo de la montaña. Buena parte de los cuerpos nunca pudieron ser recuperados, entre otros aspectos porque la masacre generó un éxodo masivo que sólo dio tiempo para correr.
1800 personas salieron de la zona, llevando consigo el recuerdo de la barbarie y la nostalgia de una tierra que hoy siente como perdida. Ese sentimiento no sólo se da por la frecuente presencia de grupos armados, sino también porque los antiguos terrenos que habitan los pobladores ahora afrontan problemas legales que incluso comprometen a la Universidad del Cauca.
Además, las comunidades de la región denuncian que circulan fuertes rumores sobre la posibilidad de una nueva masacre como represalia al “secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, llevada a cabo por las FARC”
Por esta razón y según las versiones que circulan en la zona, las comunidades están atemorizadas por las presiones y amenazas constantes, y se está gestando un nuevo desplazamiento masivo de familias.
“Tenemos la sospecha de que lo que se está propiciando con esta barbarie y violación de los Derechos Humanos es un vaciamiento demográfico de estos territorios del Pacífico, sobre las cuales ni los indígenas, ni los afrocolombianos, ni los campesinos poseen títulos (sean estos colectivos o individuales)”.
En tal sentido, las organizaciones realizaron una evaluación sobre la situación social y económica de las familias que permanecen en la región del Naya, y concluyeron que la misma empeora con el pasar de los días, debido a las siguientes razones:
- Restricción a la entrada de alimentos y medicinas por parte de los grupos paramilitares.
- Cobro de “impuestos” por cultivos, comercio, tenencia de animales, etc., por parte de los grupos guerrilleros.
- Control de la población por parte de todos los actores armados y amenazas de castigo en caso de no informar a un actor armado la presencia del otro.
- “Enganche” para actividades militares de jóvenes y mujeres, aún de aquellas que tienen hijos menores.
- Todos los grupos armados presentes en la zona, desconocen deliberadamente a las autoridades propias de las comunidades, sean estas cabildos indígenas, consejos comunitarios de las comunidades afrocolombianas o juntas de acción comunal de la población campesina. Varios líderes de estas comunidades han sido amenazados.
- Todos estos hechos ha conducido a una pobreza generalizada en todos los ordenes de la vida social y económica de las comunidades.
Ante esta situación de temor y riesgo inminente se realizará la Audiencia Pública, en medio del completo abandono del Estado y sus políticas de . “Los desplazados se convierten así en hombres sin derechos, con el agravante de que en muchos casos son estigmatizados (o se sospecha) de pertenecer a uno de los actores armados de la guerra. Pero tampoco el Estado ha establecido políticas para prevenir nuevos desplazamientos” concluyó el dirigente.
