"Cuando se tiene un pedazo de tierra, nos sentimos seguros por que es en ella donde se da la convivencia con los demás, por lo tanto esta es como la mujer, hay que quererle asistirle y protegerla por que ellas producen el don de la vida"
(Relato oral anónimo que refleja el significado de la tierra como un bien común, mediante el cual se producen y recrean prácticas colectivas que soportan los contenidos culturales, transmitidos ancestralmente de generación en generación y trastocado por la explotación minera del carbón)
Tradicionalmente el territorio que hoy ocupa la mina del Cerrejón fue en su totalidad lugar de propiedad de grupos étnicos Afrocolombianos e indígenas, se cuentan con datos históricos que así lo confirman en atención a lo que ha sido la fuerte tradición oral, lo que entra a estructurar la cosmovisión desde una temporalidad de largo recorrido.
Esta situación, que hoy es ignorada por parte de las instituciones que legitiman la explotación del carbón, ha sido utilizada para la ausencia de reconocimiento de los derechos colectivos sobre la propiedad de la tierra.
Históricamente, el habitar esta especialidad ha llevado al reconocimiento que se hace legítimo a través del consultar un pasado que da cuenta de los territorios hoscos, como parte de la herencia manifiesta de los descendientes de la diáspora Africana. En tal sentido, la defensa del territorio se convierte en un ingrediente vital que posibilita la reproducción de la cultura. Al darse el desalojo y saqueo de ésta, se rompe con la producción de un sentido propio devenido de nuestros antepasados, y con la cual se proyectaba un presente y un futuro digno y lleno de laboriosidad; en consecuencia, si se priva al derecho de la tenencia de la tierra, se abre la desesperanza, espera a un desaparecer, produciéndose el desarraigo, en la nostalgia por la tierra que nos pertenece.
Con la explotación de la mina de carbón del Cerrejón, se presenta una primera amenaza, amenaza que se sentía venir con la contaminación que ésta generaba mediante las partículas dispersas en el ambiente, pasando a ser respirada por las personas que habitaban el pueblo.
La segunda amenaza se da con la expansión del proyecto minero llegando a afectar a una serie de poblaciones, entre las que se cuentan: Albania, Los Remedios, Roche, Chancleta, Patilla, Papayal, Oreganal, Carretalito, San Pedro, Quebrachal, Puntoclaro, Potrerito, Conejo, Las Casitas, y Cañaverales, entre otras poblaciones que conforman el territorio Afrocolombiano, al igual que los Resguardos Indígenas de Tamaquito y El Iparú, todos estas localidades se ven amenazadas por la contaminación y el desplazamiento forzoso producido por la minería.
Una tercera amenaza tiene que ver con la situación de desplazamiento que suscita la explotación del carbón, se estima aproximadamente que la población afectada estaría cuantificada en unas 40.000 personas, entre las cuales ya se dieron los primeros casos de desalojo auspiciado por INTERCOR como en: Manantial, Tabaco, Espinal, Caracolí y todas aquellas comunidades de Afrocolombianos dedicados a la agricultura.
En la actualidad, quienes habitábamos el desaparecido pueblo de Tabaco, nos encontramos desplazados en las diferentes poblaciones circunvecinas, pasando por situaciones poco dignas que no estamos acostumbrados a enfrentar. Sobre todo si se entiende que la tierra para nosotros es todo un universo de acción con el cual equilibramos y solventamos las condiciones excelentes de sostenibilidad y equilibrio con el medio ambiente y el ecosistema.
Aclaramos que la postura nuestra como pueblo Afrocolombiano no es la de oposición al desarrollo de la minería, ni la industria, sino la del rechazo al atropello y desconocimiento de los derechos colectivos como grupo étnico (consagrados en el Convenio 169 de la OIT sobre grupos indígenas y tribales), que poseen toda una historia que da cuenta de nuestra presencia en el territorio desde épocas ancestrales.
Desde esta perspectiva, se debió dar cumplimiento a lo establecido por el mencionado Convenio, a nuestra Constitución y leyes en general, en lo que respecta a la consulta previa; de ocurrir esto, la comunidad hubiera pensado las condiciones de una negociación, entre las cuales se valorara el impacto sociocultural y ambiental de una posible renunciación y las repercusiones económicas del proyecto. Por el contrario, procedieron a dividir la comunidad escogiendo personas y comprándolas para que defendieran sus intereses por encima del interés el pueblo afrodescendiente habitante del desaparecido Tabaco.
Lo menos que podemos exigir es que nos permitan seguir viviendo como pueblo étnicamente diferenciado, tener un lugar que posibilite hacer realidad el futuro de nuestros hijos y sobre todo darle la alegría a los ancianos de abrir los ojos una mañana y volver a respirar aire puro.
Por ello, exigimos al Consorcio CARBOCOL - INTERCOR - CERRREJÓN filial de la EXXON, que reparen los daños causados como consecuencia del desalojo y desplazamiento a los habitantes de las poblaciones afectadas y hoy tristemente desaparecidas.
Ya no tenemos nuestro territorio, nuestro espacio físico, pero aún conservamos nuestras ganas de vivir, de construir un espacio vital y social. Si no es posible lo dicho estaremos hablando de un crimen de lesa humanidad, tipificado internacional y nacionalmente como etnocidio. En nuestro caso han atentado contra la diversidad étnica y cultural, llegando al arrasamiento de las comunidades que sostienen el equilibrio democrático desde una participación que cifra en el reconocimiento político - cultural del país como estado social de derecho.
Las comunidades Afrocolombianas de Tabaco, Caracolí, Manantial y El Espinal, ubicadas en el centro y sur departamento de La Guajira y todos los asentamientos que habitábamos la ribera del río ranchería y Arroyo de Tabaco y estribaciones de la Sierra del Perijá, denunciamos ante la Comunidad Internacional el proceso de expropiación y desalojo violento del que hemos sido víctimas. Personas que fuimos sometidas a una serie de situaciones que se pueden calificar como tortura mediante acciones tales como: contaminación auditiva y visual exterminio del medio ambiente, imposibilidad de sobrevivir económicamente, siendo todas violaciones constantes y sistemáticas.
Para nadie es un secreto la sobre explotación de la que ha sido objeto la región de la Guajira. Los habitantes hemos sido víctimas de una estafa colectiva y permanente, desde inicios de la explotación carbonífera hasta hoy. Nunca se ha respetado lo que ordena la ley, jamás han cumplido con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad, las negociaciones se han hecho de manera individual como estrategia para no reconocer ni indemnizar de manera justa a los pobladores.
Como consecuencia de estos actos, las comunidades diseminadas se han organizado e iniciaron las denuncias y demandas respectivas ante las autoridades competentes del orden local y nacional, amparados en lo normado por la Constitución y específicamente por la Ley 70 de 1993. A consecuencia de las acciones legales generadas por las comunidades negras afectadas, se sucedieron fallos o sentencias que donde obligan al alcalde del municipio de Hatonuevo, departamento de la Guajira (Colombia), reconstruir a la población de Tabaco en un espacio autónomo. Hasta la fecha esta fallo no ha sido acatado por la autoridad competente citada, ignorando el fallo emitido.
Por ello, hacemos un llamado de solidaridad a la comunidad internacional que atiende los casos de violación de derechos humanos, para hacer un pronunciamiento enérgico en contra de los atropellos cometidos por quienes defienden los intereses de la Multinacional, que estruendosamente deterioran la conciencia humana simplificándola a sencillos modos de producción económica que se resuelven en el devenir del mercado avasallante y que condena a los pueblos a un estado de dependencia y deterioro total.
