Más de 1.500 indígenas colombianos, la mayor parte de ellos pertenecientes a etnias amazónicas, han tenido que abandonar sus territorios en el último año a causa del conflicto colombiano. Los indígenas han huido principalmente hacia Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá.
Las amenazas de los rebeldes guerrilleros por un lado y de los paramilitares por otro, junto a las fumigaciones gubernamentales de los cultivos de coca y amapola han sido las causas de los desplazamientos humanos en este país.
Según un estudio de la ONG colombiana Consultoría para los Derecho Humanos y Desplazados, CODEHS, 2.9 millones de colombianos han sido desplazados desde 1985, el 5% de ellos corresponden a indígenas “sin que el Estado haya evitado su destierro, ni aclarado la verdad de los hechos, impartido justicia a los responsables y menos aún reparado a las víctimas”.
Los más afectados por el conflicto son los indígenas. La Organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP señala en el Boletín No. 2 (Mayo del 2003) de KADOARO que 500 familias de 12 pueblos indígenas de Putumayo han tenido que dejar sus territorios ancestrales hacia otros lugares por causa del conflicto que vive Colombia. Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, denunció recientemente que 50 indígenas colombianos han sido asesinados en el último año en la zona amazónica fronteriza con Ecuador y Perú y que 27 fueron reportados como desaparecidos.
Según declaraciones de la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, alrededor de 200 personas, incluyendo más de 90 niños, han huido del área de Río de Oro al noroeste de Venezuela cuando paramilitares colombianos ingresaron a la zona recientemente. ACNUR también recibió informes no comprobados de que unas 600 personas, incluyendo indígenas Bari, huyeron hacia el área montañosa cercana a Río de Oro. En las últimas semanas se ha informado sobre enfrentamientos armados entre la guerrilla colombiana y fuerzas paramilitares en la zona fronteriza. Estos grupos armados irregulares también se enfrentaron con el ejército venezolano.
Para ACNUR, estos acontecimientos demuestran un preocupante incremento del conflicto colombiano, así como el creciente impacto humanitario en los países limítrofes con Colombia. La Oficina para los Desplazados insta a todos los combatientes a respetar los derechos de la población civil, y a todos los gobiernos de la región a continuar respetando sus obligaciones internacionales y garantizando el derecho de asilo.
