Hace tres semanas la Corte Constitucional, mediante ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, revocó parcialmente las sentencias dictadas por el Juez Quince Civil del Circuito de Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quienes negaron a los pueblos indígenas de la amazonía la protección constitucional de una serie derechos, vulnerados por la política de fumigaciones a cultivos ilícitos. La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) hace un llamado de apoyo como mecanismo que vele para que el Estado colombiano acoja lo dispuesto por la sentencia, en lo referente a la consulta que se debe adelantar.
“La OPIAC solicita la solidaridad y apoyo a los organismos defensores de los derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales, gobiernos y pueblos indígenas del mundo, para que el Gobierno Colombiano acate la sentencia de la Corte dentro de lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, con el fin de que se consulte a los pueblos indígenas sobre la fumigación con herbicidas de los cultivos ilícitos en sus territorios. Para los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana es fundamental que se termine con esta práctica que atenta contra la salud, la diversidad biológica y cultural y ocasiona graves daños al territorio ancestralmente habitado”, manifestó el Comité Ejecutivo de la OPIAC.
Aunque la decisión asumida por la Corte no satisfizo del todo a la organización indígena, el Comité Ejecutivo considera que el fallo permite abrir espacios donde el tema de las fumigaciones se debata de manera abierta, especialmente cuando algunos sectores especializados aún no se tienen claro los efectos que los herbicidas que se vienen aplicando tienen sobre el medio ambiente y la salud humana.
En tal sentido, la OPIAC solicita a todas aquellas entidades científicas, sociales, económicas, políticas, defensoras de los derechos humanos, gubernamentales y no gubernamentales que sepan, conozcan o tengan algún estudio sobre el tema, remitan dicha documentación a la sede de la organización, ubicada en la carrera 8ª No. 19 - 24 piso 5º, teléfono 2826010 en la ciudad de Bogotá, para que se cuenten con elementos de discusión.
“La OPIAC organizó una primera reunión en la que participaron delegados de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de MINGA, del Colectivo de Abogados y delegados indígenas de algunas regiones amazónicas, entre otros asistentes, para fijar estrategias. Las reuniones van a continuar, por lo que esperamos que se vinculen más personas y entidades”, sostiene el Comité Ejecutivo, quien también manifestó que la organización hasta la fecha no ha recibido la notificación oficial por parte de la Corte Constitucional.
