Un poco más de 430 días llevan esperando los familiares de las 119 víctimas de Bojayá para que les expidan los registros de defunción. La Fiscalía asegura que la demora se debe a la falta de recursos y financiamiento, mientras el Estado no ha salido de las etapas de diagnóstico y planificación.
Luego de un año y dos meses de ocurrida de la masacre de 119 personas en las comunidades de Bojayá y Bellavista, hecho sucedido en medio de los fuertes combates que protagonizaban el Frente José María Córdoba de las FARC EP y el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, la Fiscalía General de la Nación sólo ha podido identificar a nueve de las víctimas, y vinculado a nueve miembros de las FARC EP y a uno de las AUC como responsables intelectuales y materiales, atribuyendo estos escasos resultados a la falta de recursos y financiamiento por parte del Estado.
“La Fiscalía informó que no se han registrado resultados en lo que se refiere a las pruebas de laboratorio, pues no se ha podido cotejar el ADN del material biológico recolectado. Esta institución señaló dificultades en materia de recursos y financiamiento. La Fiscalía informó que se habían expedido ya los registros de defunción de 9 menores, cuyas edades oscilaban entre un mes y 15 años”.
Así lo constató la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en su informe de evaluación denominado Informe de Seguimiento a la Situación del Medio Atrato, donde asegura que la situación de estas comunidades afrocolombianas y campesinas sigue siendo preocupante, ante la constante presencia de grupos armados ilegales que operan en la zona, y que afecta la seguridad de la circulación fluvial y terrestre de personas y bienes materiales.
Para la ONU, la falta de operatividad y efectividad de la Fiscalía en la identificación de los cuerpos de las personas fallecidas en los sucesos de Bellavista “limitan seriamente las pretensiones de las víctimas en materia de reparación, justicia y verdad”.
De igual forma, en el informe se afirma que la respuesta del Estado se ha caracterizado por ser insuficiente e inoportuna, puesto que sus acciones se concretaron en los dos últimos meses, encontrándose buena parte de estas en etapa de diagnóstico y planificación. “Cabe destacar, igualmente, que la responsabilidad de estas carencias corresponde a distintas instituciones estatales en los órdenes nacional, departamental y municipal”, sostiene el organismo.
La Oficina instó al Gobierno a adoptar en la región un plan de acción que permita afrontar con rapidez y solicitud, mediante mecanismos de prevención oportuna y reacción inmediata, la amenaza constante que para la población civil de la zona constituye la presencia de los grupos armados ilegales “cuyas operaciones militares, incursiones, tomas, retenes y otros actos de fuerza han puesto en permanente peligro a los habitantes de los municipios sobre los cuales han llegado a ejercer, de manera estable o esporádica, su control territorial”.
Así mismo, se requirió de las autoridades competentes a adoptar todas las medidas necesarias, a fin de prevenir posteriores desplazamientos de la población de la región del Medio Atrato, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales que regulan la materia.
Por otra parte, en el informe se reitera que la fuerza pública, guerrillas y de autodefensa, deben aceptar, sin distingos, salvedades o reparos, su obligación de dar cumplimiento estricto a los principios y normas del derecho internacional humanitario: “Como prueba fehaciente de tal aceptación, las partes deberán no sólo abstenerse de dirigir ataques contra la población civil como tal o contra personas civiles, sino también limitar, en todo caso, los efectos de las operaciones militares que puedan afectar a personas protegidas por el DIH.”, concluye la evaluación de la ONU.
