Los representantes indígenas de la etnia Emberá Katío denunciaron los pocos progresos que en materia investigativa han tenido las autoridades para esclarecer los casos relacionados a la sistemática violación a los derechos humanos y al derechos internacional humanitario, señalando, especialmente, la pérdida de información para el esclarecimiento de la desaparición del líder Kimy Pernía Domicó, retenido por hombres presuntamente de las Autodefensas Unidas de Colombia en junio de 2001.

De acuerdo con el Cabildo Mayor, asesinatos, torturas, desapariciones, entre otras infracciones, en su mayoría se encuentran en etapa preliminar, sin que hasta la fecha se haya podido establecer autores materiales y, mucho menos, intelectuales de los hechos.

“A pesar de haber requerido en múltiples ocasiones información sobre el avance de las investigaciones adelantadas por los asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones de miembros de nuestro pueblo, la única respuesta obtenida hasta el momento ha sido el silencio absoluto. En varias ocasiones hemos brindado información valiosa a las autoridades, sin que ello haya servido para obtener algún resultado positivo. Como si esto fuera poco, las entidades, para justificar su negligencia, insinúan que las investigaciones no avanzan por nuestra falta de colaboración en el suministro de información”, señalan las autoridades del Cabildo Mayor.

Las autoridades tradicionales también indican como las presiones sobre la población continúan; presiones que se materializan en amenazas a líderes y dirigentes, hostigamiento a comunidades y señalamientos sistemáticos. De igual forma, siguen clamando para que el Gobierno adopte las medidas necesarias que garanticen la seguridad de la etnia.

Cabe recordar que en los dos últimos años la etnia Emberá Katío ha sido una de las más golpeadas por los rigores del conflicto armado, registrándose 27 casos violatorios que afectaron de manera colectiva a alrededor de 10 mil indígenas. El homicidio a líderes y dirigentes se registra como la principal infracción (15 asesinato), seguida, en su orden, por las amenazas, el desplazamiento forzado y las incursiones a territorios indígenas, vulnerando el derecho a la autonomía.

Kimy: una luz de esperanza consumida por la intolerancia

Al lento avance en las investigaciones, hay que sumarle la pérdida de información en el caso de Kimy Pernía Domicó, pérdida que fue evidenciada por representantes del Gobierno en reunión que sostuvieron con dirigentes de la etnia el pasado 5 de febrero en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Kimy fue uno de los principales dirigentes que coordinó la protesta del pueblo Katío por la construcción de la represa de Urrá, teniendo como epicentro la sede del Ministerio del Medio Ambiente, donde las comunidades reclamaron por la violación de normas consagradas por el Convenio 169 de la OIT y ratificadas por la legislación colombiana a través de la Ley 21 de 1992 (consulta previa).

Fue retenido el 2 de junio de 2001 en el casco urbano de Tierralta (Córdoba) por hombres armados, presuntamente miembros de las AUC. Sus allegados aún recuerdan que, mientras lo obligan a montarse en una motocicleta, él gritaba:

Año y medio después de su desaparición, las autoridades tradicionales solicitan a “todos los organismos no gubernamentales, de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones indígenas, movimientos ambientalistas e indigenistas y a todos aquellos cuya causa común sea la abolición del sufrimiento de los pueblos indígenas, su máxima solidaridad y atención para que estas transgresiones en contra de nuestro pueblo no queden en la impunidad”