Luego de 98 días de padecer un inmisericorde desplazamiento forzado en condiciones humanitarias dramáticas, 218 personas de la comunidad indígena de Mombú, asentada a orillas del río Capa en el municipio de Lloró (Chocó), lograron retornar a sus tierras.
Tras el desplazamiento, producido el pasado 16 de mayo, los indígenas se asentaron en el corregimiento de Villa Claret, también jurisdicción de Lloró, en condiciones lamentables de hacinamiento y hambre. A pesar del llamado hecho por el Cabildo Mayor de la zona de Capá y de la Organización Regional Indígena Emberá Waunaan (OREWA) a las autoridades departamentales y nacionales para que se atendiera a la población desplazada y se realizaran las acciones pertinentes para su retorno, la respuesta estatal y gubernamental fue displicente.
“Por este motivo la OREWA nuevamente debió recurrir a los organismos de apoyo como la Diócesis de Quibdo y la ONG Paz y Tercer Mundo, con quienes se acopiaron unos mínimos recursos para atender a la comunidad de Mombú en cuanto alimentación y transporte, permitiendo el retorno a su lugar de origen el pasado 16 de agosto”, manifestó mediante un comunicado la organización indígena, quien además destacó el alto grado de morbilidad en el que se encontraba la población.
A pesar del retorno, para la OREWA es claro que la desatención humanitaria por parte del Estado es una nueva violación de los derechos individuales y colectivos, por lo que elevó su voz de protesta ante los organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, “para que se investigue y se haga las acciones pertinentes a fin de que la comunidad de Mombú y las 17 comunidades del río Capá sean atendidas en su reestablecimiento, y se les garantice la protección integral de sus derechos”.
Es importante recordar que a finales del mes de mayo, la OREWA elevó una queja sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en el departamento del Chocó, especialmente en las zonas de Medio Atrato, Alto Andagueda, río Capa, Alto San Juan y Tumutumbudó, revelando que uno de los factores de perturbación radicaba en la intensificación de los operativos contrainsurgentes por parte del batallón Manosalva Flórez del Ejército Nacional.
En ese momento, la denuncia de la OREWA indicaban, entre otras acciones violatorias, el corte de energía por parte del Ejército en el Alto San Juan, la muerte de cuatro indígenas en distintas acciones (José Amancio Niasa Arce, Fernando Antivia, Evelio Sanapí Sintua y Arcesio Dumaza Tunay), heridas y agresiones indiscriminadas, quema de viviendas, saqueos, daño a la infraestructura telefónica de algunas comunidades, intento de violación a una indígena de Murandó, detenciones arbitrarias y amenazas.
