"...Hay que decir, que muchos pueblos están a punto de desaparecer por falta de políticas claras de desarrollo. Si bien tenemos autonomía y control interno, reconocimiento jurídico, actualmente no se reconoce la importancia del territorio y nuestras formas de producción y gobierno..."
Doudou Diéne, Relator Especial de la Comisión de DDHH sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia, y formas conexas de intolerancia, visita Colombia con el fin de recavar información sobre el impacto del conflicto en las relaciones interculturales y observar el cumplimiento de las recomendaciones al gobierno colombiano hechas por el relator Maurice Glele Ahanhanzo, en 1996. Con este fin desarrolla una agenda de trabajo con entidades estatales, organizaciones sociales y de DDHH en varias ciudades del país, donde habitan comunidades afrocolombianas, indígenas y raizales.
El relator especial ha manifestado interés en conocer sobre el desarrollo de la ley 70, la administración de justicia, las dimensiones étnicas y raciales del conflicto armado y el Plan Nacional de Desarrollo para la población afrocolombiana. Con este propósito, el pasado martes 30 de septiembre, se reunió con representantes de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de la Comisión Nacional Afrocolombiana, del Proceso Organizativo del Pueblo ROM y con las Organizaciones de DDHH: Comité Andino de Servicios, Comisión Colombiana de Juristas y Fundación Hemera, quienes presentaron un panorama general sobre la situación de las etnias en el contexto social colombiano.
Las distintas organizaciones sociales coincidieron en denunciar la gran inequidad y discriminación social de que son víctimas los grupos étnicos, en razón de su condición racial, así como el impacto del conflicto armado sobre sus condiciones de vida y la realización de sus derechos. Al respecto, coinciden en señalar la inexistencia de políticas públicas que tiendan a eliminar los factores de violencia contra sus comunidades, preservar sus vidas y garantizar su acceso a los recursos y beneficios del “llamado desarrollo”.
La ONIC, por ejemplo, destacó que si bien sus pueblos han podido pervivir en la historia, aspiran a que esta perspectiva de vida siga siendo una realidad no sólo para los indígenas sino para todos los colombianos. “En lo social, pese a la historia degradante, hemos podido mantener nuestras formas de resistencia, enfrentar la discriminación y el marginamiento, preservando muchos elementos de nuestra cultura. Hemos accedido a la participación y el ejercicio de unos derechos que, si bien han sido recortados, han tenido grandes conquistas...
...Hay que decir, que muchos pueblos están a punto de desaparecer por falta de políticas claras de desarrollo. Si bien tenemos autonomía y control interno, reconocimiento jurídico, actualmente no se reconoce la importancia del territorio y nuestras formas de producción y gobierno... Particularmente, en los últimos cuatro años, y en especial en el último año, ha habido una degradación de derechos humanos por leyes que violan nuestros derechos. La construcción de grandes obras sin consulta ha generado violencia y desplazamiento en nuestros territorios, y el involucramiento de los pueblos indígenas en la guerra a través del servicio militar ha ocasionado una crisis social y económica que requiere del acompañamiento de las naciones del mundo”.
La situación de los afrocolombianos no es distinta. Tienen uno de los peores índices de desarrollo humano del país. Ellos concentran la pobreza nacional, la inequidad en los campos de la salud, la educación la vivienda y el empleo, y tienen los índices más altos de morbilidad y mortalidad del país. La Comisión Nacional Afrocolombiana señala como “el modelo económico nacional ha reforzado la pobreza y la inequidad, por lo cual se requiere formular un modelo de desarrollo que armonice las necesidades sociales y particulares de esta etnia, con modelos propios de desarrollo institucional y organizativo”, pues actualmente sus organizaciones no son reconocidas y su participación es escasa”.
Por su parte, los gitanos resienten la desvalorización de sus prácticas y conocimientos tradicionales, la gran afectación que sufren por la prohibición de las ventas ambulantes que hacen parte de sus actividades tradicionales, la no consideración como colombianos verdaderos y la inexistencia de entidades, espacios y políticas adecuadas a sus necesidades. Exigen el diseño de políticas públicas que mejoren su visibilidad y su calidad de vida y permitan el desarrollo de un estatuto de autonomía del pueblo ROM.
Estas percepciones de los grupos étnicos sobre su calidad de vida y situación humanitaria es compartida por las organizaciones de derechos humanos. La Comisión Colombiana de Juristas señala como, el alto nivel de violencia sociopolítica, el alto nivel de impunidad, el creciente deterioro de los derechos económicos y sociales, y la falta de cooperación del gobierno han puesto en crisis la situación de derechos humanos de indígenas y afrocolombianos. Destaca como las nuevas políticas de “la militarización y de la paramilitarización”, que involucra a la población civil en el conflicto armado, militariza los territorios y desmantela el Estado Social de Derecho, adoptadas por el presidente Uribe, han agravado la crisis de derechos humanos y derecho humanitario.
El Comité Andino de Servicios destacó como los sucesivos gobiernos no han cumplido con el mandato de Durban ni con las recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos han hecho al gobierno colombiano.Entre otros aspectos, señaló la falta de ayuda a miembros de comunidades étnicas que en zonas limítrofes solicitan nacionalidad o protección a los gobiernos vecinos y son obligados a retornar a sus territorios, sin ningún tipo de garantías que preserven su seguridad y sus vidas.
La Fundación Hemera, por su parte, manifestó su preocupación por hechos recientes como el secuestro de veinte indígenas en Bojayá por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y el suicidio colectivo de niños y jóvenes indígenas emberas, wounaan, catío, tule en Chocó, que muestran el grado de desespero en que se encuentran la mayor parte de comunidades indígenas y afrocolombianas, por los atropellos de todos los actores armados que tienen presencia en sus territorios. A lo cual se suma un preocupante incremento de prácticas violatorias atribuidas a miembros de la fuerza pública.
Al reseñar la detención del vicepresidente de la Organización indígena del Putumayo por parte del ejército, a pesar de que la Fiscalía había manifestado no tener ningún proceso en su contra, alertó contra la violación del derecho ordinario y el derecho propio de las comunidades por parte de la fuerza pública, que en su afán de golpear a las fuerzas irregulares asume funciones judiciales. Dichas situaciones son tan sólo ejemplos de los múltiples casos que se presentan diariamente, y parecen mostrar una política concertada, que en el fondo es violatoria de los derechos humanos indígenas: de un lado la acción política que mediante la implementación de normas es restrictiva de los derechos de los pueblos; de otra, una acción económica que busca articular sus comunidades y territorios a los polos de desarrollo y la lógica del mercado mediante la ejecución de grandes proyectos, aún en contra de la voluntad de las comunidades; y finalmente la estrategia militar que parece identificar a todos los actores, oficiales y no oficiales, en el mismo propósito: menguar los derechos de los pueblos indígenas.
Luego de este panorama general presentado por las organizaciones sociales, el relator manifestó su interés de conocer a fondo las distintas situaciones a través de las reuniones privadas por sectores que se desarrollarán en los días siguientes, en los cuales espera poder recopilar información precisa y exacta.
Se pregunta elRelator: 1. La política de seguridad adoptada luego del 11 de septiembre ha aumentado las violaciones de derechos o la discriminación de las etnias. 2. Cuál es la composición étnica de los distintos actores sociales y armados. 3. Documentan las minorías étnicas las violaciones de que son víctimas y establecen estrategias de respuesta solas o acompañadas. 4. Qué información concreta de actos de violencia legal, física o política, pero sobre todo sobre situaciones que afectan la vida la vida cultural, la identidad, la educación. 5. Han tenido las comunidades conocimiento sobre las conclusiones finales del documento de Durban, y han servido éstas de algo a la lucha que llevan. 6. Sería útil una comisión de seguimiento y puesta en marchade las conclusiones de Durban. La Corte Penal Internacional ha dado lugar a nuevas condiciones de vida, se conoce suficiente sobre ella y los recursos de ayuda que brinda. 7. Ha habido intentos de diálogo con las autoridades, cuáles han sido sus resultados. 8. Hay algún estudio sobre medios de comunicación en relación con los grupos étnicos.9. Se dispone de datos por grupo etáreo, género y sector poblacional.
Para recavar dicha información, el Relator desarrollará una agenda de reuniones y visitas en Bogotá con entidades del gobierno y organizaciones entre el 29 de septiembre y el 10 de Octubre. Visitará las ciudades de: Cali (1 y 2 de octubre), Cartagena (3 y 4 de octubre), San Andrés (5 de oct) y Quibdó (9 de octubre). Dichas visitas son coordinadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Comisión Colombiana de Juristas.
