De manera urgente las organizaciones sociales, de derechos humanos e indígenas del departamento del Cauca hicieron un llamado de alerta ante la intensificación, degradación y expansión del conflicto armado, el cual ha generado riesgos, amenazas y atentados contra la población civil del departamento.
Manifiestan las organizaciones que la situación se intensificó a raíz del homicidio del Alcalde de Bolívar, Orlando Hoyos Méndez, cometido por el VI Frente de las FARC EP el pasado 7 de octubre.
También denuncian que las poblaciones de los municipios de San Sebastián, Sucre, Almaguer, Santa Rosa (Macizo Colombiano), Santander de Quilichao (Norte del Cauca), El Tambo y Timbio (centro del Cauca), se encuentran en la mira constante de los violentos que operan en la zona.
“En el marco de la guerra interna, que tiene como escenario al departamento del Cauca, la población civil y sus organizaciones están siendo víctimas de sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y diversos ataques en su contra que las colocan en una situación de grave desprotección”, manifiestan las organizaciones a través de un comunicado.
El panorama está marcado por la fuerte disputa por el control territorial por parte de todos los grupos armados presentes en las zonas rurales: “La presencia cada vez más numerosa de los grupos paramilitares está acompañada de la sistemática violación de los derechos humanos y de los ataques en contra de la población civil. Las acciones de los grupos guerrilleros en el Cauca están dirigidas contra las autoridades locales especialmente y presionan sectores señalándolos de ser aliados de los grupos de los grupos paramilitares o la Fuerza Pública”.
Ante esto, la respuesta del Estado, aseguran las organizaciones, se ha concentrado en el incremento creciente del pie de fuerza en el departamento.
“Este aumento, sin embargo, no ha significado en la práctica la desactivación de los grupos paramilitares en la región, ni el control de las acciones desplegadas por la insurgencia”. Por el contrario, resulta preocupante que la situación de derechos humanos se deteriore aceleradamente y que las condiciones y garantías para la población sean más precarias.
Las denuncias dan parte de por lo menos 200 homicidios selectivos en los últimos meses, además de amenazas, bloqueos a la población civil que impide la circulación de bienes básicos para la subsistencia, como también combates y bombardeos: “entre los cuales se destacan los ocurridos el 8 de octubre de 2003 en el municipio de Santa Rosa”.
De igual forma, es preocupante para estas organizaciones las constantes detenciones masivas y arbitrarias de pobladores del municipio de Santa Rosa (Alta y Media Bota Caucana), sucedidas entre el 26 y 27 de septiembre pasado, “acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla, sin que medie la respectiva orden judicial, ni el debido control de legalidad por parte de ninguna autoridad competente; lo cual constituye una clara restricción a las libertades básicas y derechos fundamentales, agravando el cuadro de violencia contra los pobladores del Cauca”.
Ante esto, las organizaciones expresan la urgencia de establecer medidas de protección a toda la población civil, a los líderes comunitarios, a las autoridades administrativas y tradicionales del departamento, aseguran las organizaciones sociales y étnicas, quienes exigen un pronto esclarecimiento de los múltiples hechos denunciados por las comunidades, además de desarrollar las respectivas investigaciones y determinar la responsabilidad de estos hechos.
Finalmente, instaron a los gobiernos y autoridades internacionales a solidarizarse y apoyar al gobernador del departamento, el Taita Floro Alberto Tunubalá, como también solicitaron a los organismos del Sistema de las Naciones Unidas a que convoque la realización de una misión humanitaria tendiente a garantizar la vida e integridad de los líderes.
