En menos de cuatro días fueron masacrados en la Sierra Nevada de Santa Marta seis indígenas de la etnia Kankuama. En lo corrido de este año han sido asesinados más de 46 miembros de la etnia, y desde 1993 la cifra llega al escalofriante número de 180 personas. Así lo denunció la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), quien responsabiliza a la actual “Política de Seguridad Democrática” del Presidente Álvaro Uribe Vélez del aumento de la violencia en los territorios indígenas.
De acuerdo con la organización nacional, los seis asesinatos que enlutan a la población Kankuama ocurrieron entre el 15 y el 20 de octubre y fueron perpetrados por hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entre las personas inmoladas se encuentran Isabel Dolores, asesinada en momentos en que se dirigía por la vía que de Valledupar conduce a Bosconia; Dixón Alfredo Arias, “quien al momento de recibir dos disparos en la cabeza sostenía en sus brazos una niña de tres meses de nacida”; Néstor Montero, miembro del Consejo de Mayores de la Organización Indígena Kankuama (OIK); Cristóbal Montero y Pedro Arias, de las comunidades Rancho de La Goya y Mojao respectivamente.
También se registra la muerte de un indígena cuyo nombre no ha podido establecerse, pero que fue ultimado el pasado lunes en horas de la mañana cuando se topó con los “paramilitares” en la vereda Los Cominos de Valerio.
Por otro lado, la ONIC también denuncia el secuestro de Nelson Montero y Santander Maestre, ocurrido el pasado 19 de octubre en la comunidad de Los Haticos.
Para la ONIC, “la política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe Vélez atenta contra las organizaciones populares, en lo particular, contra las organizaciones indígenas”.
Por esta razón aseguran que la judialización a miembros de organizaciones indígenas sindicados por rebelión y terrorismo, además del atentado contra la Organización Indígena Kankuama “dan muestra de las políticas represivas que mediante terrorismo de Estado se imponen... Esto solo ha significado la muerte, el desplazamiento, atropellos a nuestros pueblos y dirigentes, por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, de los paramilitares, de narcotraficantes y grandes empresarios”.
La denuncia Kankuama, a través de la ONIC, da cuenta de una fuerte presencia de “escuadrones paramilitares” en las poblaciones de Badillo, Río Seco, Patillal, La Mesa, Los Corazones, Guacoche, Guacochito, Las Raíces, Alto de la Vuelta y en la capital Valledupar, “quienes actúan en coordinación con la fuerza pública”, puesto que a tan sólo 10 minutos de Valledupar se encuentra ubicado el batallón de artillería No. 2 La Popa y un batallón adscrito al municipio de Patillal.
“Los criminales asesinos son conocidos por los habitantes de la región, operan ya sin ocultar sus rostros, han sembrado miedo y terror dentro de las comunidades, prestan servicio de seguridad como escoltas en Valledupar o en la región a concejales y representantes en cargos de elección popular, como es la Asamblea departamental, y personalidades reconocidas en la sociedad vallenata”.
La ONIC ve con preocupación como la lista de asesinatos se va incrementando con el pasar de los días. Desde 1993 a la fecha, el etnocidio kankuamo se eleva a 180 victimas inocentes de un conflicto armado que recae sobre las poblaciones indefensas y olvidadas del país.
Todo esto sucede luego de innumerables acciones sociales de respaldo y solidaridad, de Resoluciones Defensoriales, de Consejos de Seguridad (precedidos por la Ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez), de la solicitud de la OEA al Gobierno colombiano de adoptar medidas urgentes para preservar el derecho a la vida y la integridad personal del pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero, a pesar de estas acciones, las masacres, desplazamientos y etnocidios han continuado con más sevicia.
La ONIC se pregunta si “se justifica acabar con un grupo étnico para dar paso al desarrollo de megaproyectos en la región de la Sierra”, específicamente el Proyecto Multipropósitos que financia el gobierno de China con la aprobación del gobierno nacional, el cual proyecta la construcción de la represa del río Guatapuri, un sistema de distrito de riegos, la construcción de un acueducto regional y la construcción de una hidroeléctrica.
