El asunto de los Derechos Humanos en el Chocó, pasa por una historia de violaciones de los derechos humanos y desconocimiento de estos, esencialmente por parte del Estado Colombiano, en quien recae la obligación de protegerlos. Pasa también por el saqueo de los recursos naturales sin que el usufructo de estos se haya revertido en obras de inversión en nuestros territorios. Pasa también por la marginalidad e invisibilidad, reflejada en las frías cifras estadísticas, que dicen, por ejemplo, que en el Chocó, donde se concentra el 80% de la población Afrocolombiana, el 82% presenta niveles de necesidades básicas insatisfechas; donde la mortalidad infantil muestra índices alarmantes, pues de cada 1.000 niños nacidos, 151 se mueren antes de cumplir su primer año de vida; como el hecho de que en las comunidades indígenas solo el 11.3% de los niños en edad escolar logran acceder a la educación primaria, cuando la cobertura nacional es del 85%.
Pasa también por el desconocimiento de las normas constitucionales y legales que nos reconocen derechos étnicos y territoriales y, por la no aplicación de los tratados internacionales al respecto, a los cuales esta obligado el Estado colombiano. Pasa también por la falta de concertación de los planes de desarrollo, con los cuales se pretende darle solución a nuestros problemas pero que son elaborados con visiones y propósitos extraños a nosotros y a nuestros intereses. Pasa también por la convivencia y tolerancia con la corrupción administrativa, el clientelismo y la politiquería. También cuando de forma calculada el Estado y los poderes económicos, pretendiendo impulsar el desarrollo del chocó, rico en biodiversidad y privilegiado por condiciones geográficas invaluables, pretenden entrar a saquear nuestros territorio, sin previa consulta con las comunidades que son las reales propietarias del mismo. Pero como si esto fuera poco, estas violaciones se han incrementado ostensiblemente, con la presencia en nuestro medio de grupos armados ilegales que de igual
manera solo pretenden utilizar nuestro territorio y valerse de nuestra estratégica posición geográfica para sus insanos propósitos.
Sin embargo nuestras etnias, que son por naturaleza pacíficas, a tono con nuestras visiones ancestrales del mundo, lo que de ninguna manera puede confundirse con resignación ni pasividad, pues antes por el contrario, se traduce en el hecho de que podemos alcanzarle a Colombia y a la humanidad, verdaderos modelos de convivencia pacífica y resolución de conflictos.
Ese panorama de desolación y abandono que atenta contra la formación de nuestro capital humano, exige de nuestra parte hacer denuncias claras y precisas de violaciones a nuestros derechos tales como: La ausencia de políticas de desarrollo frente a lo educativo, la salud, la falta de planes estratégicos para derrotar el desempleo, una atención oportuna y urgente al terrible flagelo del desplazamiento y a los grupos más vulnerables de nuestras comunidades como lo son los niños, los jóvenes y los ancianos.
Denunciamos aquí también los asesinatos de nuestros líderes y autoridades indígenas y las masacres dolorosas e imperdonables de que son víctimas los pobladores del Chocó. Lo denunciamos aquí y pedimos castigo para los asesinos y masacradores.
Pero ante el hecho de que nuestra actitud siempre ha sido pro activa y pro positiva, cualidades que no nos han abandonado nunca, a pesas de haber sufrido el sometimiento y el abandono por más de 500 años, durante los cuales por bien o por mal hemos formado parte de un país hoy llamado Colombia y que nuestras filosofías y espiritualidades no han sido valoradas con justeza, gracias a las cuales se ha posibilitado el mantenimiento y conservación de este territorio Biodiverso; conscientes de esto pues decimos, reiteramos y nos permitimos exigir al Estado Colombiano lo siguiente:
· Respeto, fortalecimiento y apoyo a los procesos organizativos y construcción de autonomía
· Apoyo a los planes de vida de nuestras comunidades y un decidido respaldo a la consolidación de un proyecto de etnoeducación.
· Cumplimiento a las normas constitucionales y legales en materia de territorio.
· Que los Territorios Colectivos de los pueblos indígenas y comunidades negras sean declarados y considerados bajo protección Internacional
· Implementación de una política real y concertada frente al desplazamiento forzado originado por el conflicto armado y garantías para el retorno de las comunidades desplazadas al territorio
· Cumplimiento total en las áreas de educación y salud
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· Atención oportuna y programas especiales dirigidos a nuestra población más vulnerables, como son los niños, los jóvenes y los ancianos e implementación de estrategias coherentes y articuladas a nuestros productos y riquezas naturales, para combatir el desempleo.
· Propiciar espacios de pensamiento social y políticos intra regionales que nos fortalezcan y permitan en un plano de igualdad, interactuar con los criterios y discursos de los otros actores externos a nuestra cultura, y que de paso, propicien la formación de una ciudadanía étnica, cultural y regional.
· Implementar una normatividad que garantice el reconocimiento de nuestros saberes ancestrales y los derechos a la propiedad intelectual colectiva de nuestros conocimientos culturales.
· Apoyo a la construcción de espacios de fortalecimiento y reencuentro con nosotros, nuestra cultura, nuestra memoria histórica, como pueden ser por ejemplo entre otras: Las Casas de los Ancestros, la terminación y reconstrucción del Malecón de Quibdó, punto de encuentro con nuestro entorno y principio del ordenamiento de nuestra ciudad capital y, La Corporación para el Desarrollo Artístico y cultural del Chocó.
· Implementar las redes de Comunicación e Información como apoyo al fortalecimiento del imaginario colectivo, a la consolidación de los procesos organizativos y a la propagación de criterios de conservación y protección del entorno de acuerdo a lo ordenado en la ley 335 de 1996.
· Garantías por parte del Estado para seguir viviendo en nuestros territorios, implementando una política de seguridad que por derecho nos asiste, pero que no riña con nuestras costumbres culturales de convivencia pacífica, que no nos permitirían, entre otras cosas nuestra vinculación a redes de informantes, pues por ese solo hecho de participar en ellas pondríamos en grave riesgo nuestras vidas. Es a las fuerzas del Estado a quien compete su garantía, no a la población civil y desarmada.
· Exigimos a los grupos armados que operan por fuera de la legalidad del Estado que libran en nuestros territorios una guerra totalmente extraña a nosotros y a nuestros conceptos de territorialidad y autonomía y que además no nos representan ni étnica, ni política ni culturalmente, que libren a nuestras comunidades de su sangriento y cruel accionar y que nos permitan poder desarrollar nuestros proyectos de vida mediante el goce de la paz y la tranquilidad.
Por ser un pueblo inerme, que solo tiene para su defensa su acerbo cultural, reflejado en elementos como la fuerza de la palabra y en la riqueza de su ritualidad y espiritualidad, entablaremos el combate de los simbólico enarbolando desde ya, la bandera de la resistencia cultural del combate espiritual, para enfrentar la violencia armada que nos ataca y nos constriñe.
Por último y con urgencia, convocamos a la comunidad y organismos internacionales para que nos acompañen en un proceso de veeduría frente al cumplimiento por parte del Estado de nuestros derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y los instamos a efectuar las denuncias necesarias, cuando estos nos sean violados.
