Grave y preocupante se torna hoy la situación de los Emberá Katíos del Alto Sinú, departamento de Córdoba, como lo evidencian las denuncias que hicieron hace pocas horas los Cabildos Mayores de Río Sinú y Verde ante las acusaciones, intimidaciones, amenazas, abusos y presiones a las que han sido sometidos miembros de esa etnia por parte de efectivos del Ejercito Nacional que operan en la zona.
Los indígenas aseguran que de no cesar las acciones, denunciaran formalmente al presidente Álvaro Uribe Vélez como comandante supremo de las fuerzas militares del país.
Para los líderes indígenas esta situación evidencia una “clara violación de los derechos humanos, los principios del derecho internacional Humanitario, los acuerdos internacionales suscrito por el estado colombiano como el convenio 169 de la OIT, y los acuerdo nacionales suscritos entre el pueblo Emberá Katío y el Estado colombiano, específicamente los acuerdos del 19 de abril de 2000”.
Es así como los Cabildos Mayores denuncian una serie de atropellos cometidos entre el 17 de octubre y el 26 del mismo mes:
1) Entre el 25 y 26 de octubre hicieron presencia miembros del ejército colombiano en la comunidad de Simbra, en su permanencia solicitaron la venta de gallinas. Cuando los dueños de las gallinas explicaron que no podían venderlas porque estaban destinadas a proveerlos de huevos diariamente, el ejército con una actitud intimidante, intentó cogerlas por la fuerza y sólo desistieron de su intento cuando el gobernador de la comunidad les dijo que acudirían a las autoridades del Cabildo Mayor y a las instituciones de derechos humanos para denunciar este hecho.
2) En la comunidad de Dozá llegaron alrededor de 24 uniformados del ejercito preguntando por el gobernador de la misma. Una vez éste se identificó, el sargento AVILEZ que al parecer era quien comandaba la tropa, solicitó colaboración para que los ayudara a ubicarse geográficamente y les indicara el mejor camino para dirigirse a otro punto. Igualmente un soldado le dijo a nuestro gobernador “que le dijera a la guerrilla que saliera del territorio porque aquí no queremos pelear sino que estamos cumpliendo la palabra del gobierno”
3) En la comunidad de Porremia el Ejército llegó diciendo que su presencia era en nombre del gobierno nacional que los había mandado a protegerlos y combatir a los malditos guerrilleros que los maltratan y les roban las gallinas y los cerdos. Sin embargo, cuando la comunidad manifestó que no podía vender gallinas porque estaban destinadas a la alimentación de las familias de la comunidad, tomaron sin autorización y por la fuerza una gallina.
4) En la comunidad de Imamadó el Ejército permaneció durante 9 días comprendidos entre el 17 y el 25 de octubre. El ejercito llegó preguntando si los indígenas conocían los guerrilleros y si sabían donde estaban, cuando la comunidad respondió que no tenían información al respecto, el ejercito manifestó que ya sabían que los indígenas tenían una sola voz frente a ese tema pero que ellos seguirían buscando y si encontraban al menos el rastro de guerrilleros permanecerían en las comunidades alrededor de cuatro meses y si “toca maltratarlos a ustedes lo hacemos”.
5) En la misma comunidad de Imamadó los soldados solicitaron en actitud agresiva y amenazante a un miembro de la comunidad que les diera algo de comer pues llevaban tres día sin comer nada y el capitán OSPINA le increpó que a los “indios les gusta colaborar con la guerrilla, vendiendo vacas, gallinas y otros alimentos, pero si nosotros los maltratamos a ustedes por eso, encima nos caen los derechos humanos y las ONG, pero atrás de nosotros vienen otras tropas que no perdonan ni les importa nada de eso, ustedes saben quienes son” . Esto ultimo fue enfatizado especialmente y acompañado de gestos demostrativos de las prácticas utilizadas por los paramilitares en su accionar. Complementando las palabras y gestos de su capitán, uno de los soldados dijo que él “había trabajado con los paramilitares en Barranquilla y que lo que mas le gustaba era cortar cabezas, pero que ahora andando con el ejercito ya no podía hacer eso”.
6) Otro miembro de nuestro pueblo fue interceptado por soldados cerca de la quebrada Chocó. Uno de los soldados lo interrogó de dónde venía, en qué medio de transporte y dónde estaba la canoa pues él no la veía. Otro soldado llegó haciéndose pasar por conocido de nuestro hermano indígena e intentando confundirlo empezó a decirle que si no se acordaba de él, que si “todavía trabajaba con el mismo grupo que siempre hemos venido trabajando” que si “todavía tiene la misma pistola”. Pese a que el indígena le respondía no conocerlo el soldado siguió instigándolo por un tiempo más.
Para los Cabildos Mayores, estos hechos ocurridos en un lapso de 10 días en diferentes puntos de la región y en niveles distintos de complejidad: “constituyen una irresponsable actitud de involucramiento de nuestro pueblo en el conflicto en flagrante violación del principio de distinción del derecho Internacional Humanitario”.
Y no entienden cómo, “en cumplimiento de las ordenes del gobierno y la política de seguridad democrática, el ejercito manifiesta su disposición a maltratar a miembros de la población civil en “caso de ser necesario” para obtener información o colaboración (...) Las expresiones y acciones del ejercito en cabeza de un sargento y un capitán demuestra que estas violaciones no pueden ser interpretadas como actitudes individuales de soldados de la tropa. (...) Esto deja ver la disposición omisiva o permisiva de este capitán hacia el paramilitarismo, lo que nos hace temer desde ahora que se pueda propiciar y desatar próximamente una incursión paramilitar en nuestro territorio.
De esta forma, los más de 1500 Emberá Katíos que habitan en la zona, en cabeza de sus los Cabildos Mayores, hacen un llamado de carácter urgente a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, organizaciones sociales, organizaciones para la protección de los Derechos Humanos, organizaciones indígenas, movimientos ambientalistas e indigenistas para que se pronuncien en contra de estos hechos y presionen al gobierno nacional, en medio de su política de seguridad democrática, para que “ordene cesar las incursiones y acosos militares del ejercito en nuestro territorio y que de no cesar estos, responsabilizamos públicamente al presidente Álvaro Uribe Vélez como comandante supremo de la fuerzas militares del país por la suerte futura de nuestro pueblo en materia de Derechos Humanos”.
