Luego de las denuncias hechas por Emberá Katíos sobre los abusos y atropellos cometidos por tropas del Ejército Nacional en sus territorios, y de las amenazas emitidas por los mismos que decían “atrás de nosotros vienen otras tropas que no perdonan ni les importa nada, ustedes saben quienes son”, hoy se denuncia la llegada a la zona de más de 300 hombres de las AUC, los cuales, a su vez, anuncian la llegada de por los menos 1200 efectivos más.
Los indígenas le piden al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aclare este tipo de coincidencias que han generado pánico y terror en las comunidades nativas.
Las comunidades indígenas en la región de río Verde y río Sinú, departamento de Córdoba, observan atemorizados y con preocupación la creciente presencia de grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los resguardos de la zona, denunciaron hoy los Cabildos Mayores Embera Katio del Alto Sinú.
Así lo evidencia lo ocurrido el pasado 8 de noviembre en la comunidad de Amborromia, donde la población hizo un llamado de alerta ante la presencia de 70 hombres fuertemente armados quienes portaban brazaletes de las AUC, que con la sola permanencia pone en peligro a los habitantes nativos de la región.
Cinco días después, en la comunidad de Mongaratadó hicieron presencia alrededor de 250 hombres fuertemente armados, que según la comunidad, portaban uniformes camuflados y se identificaron como miembros de las AUC.
“En esta comunidad solicitaron que les vendieran las gallinas. Cuando la comunidad manifestó su imposibilidad de vender estas gallinas destinadas al consumo doméstico, los paramilitares empezaron a tomarlas en contra de la voluntad de las personas y las pagaron al precio que ellos mismos estipularon. De igual manera arbitraria tomaron cerca de cincuenta racimos de plátanos de los cultivos comunitarios y familiares. Uno de los hombres intentó confundir a uno de nuestros hermanos haciéndose pasar por conocido y amigo. Al salir de la comunidad, estos hombres anunciaron la llegada de más tropas e increparon a la comunidad de que estuviera lista “porque los que venían detrás de ellos eran más atravesados y no tenían ninguna contemplación de derechos humanos ni del respeto a las comunidades”. También manifestaron que esperaban concentrar cerca de 1200 hombres en nuestro territorio”.
Al día siguiente, los Cabildos Mayores fueron informados del desplazamiento de 23 familias de las comunidades de Koredo, Nejondo y Mongaratado hacia otra comunidad indígena, ante el temor por la presencia de paramilitares que llegaron alrededor de las 4 de la tarde, según los informes.
“En la comunidad de Koredo, se denunció que los paramilitares preguntaron con nombre propio dónde se encontraban el gobernador y otro miembro de esa comunidad: “pues necesitaban arreglar algunas cosas con ellos”. Después se alimentaron arbitrariamente con las gallinas, provisiones familiares y plátanos de los cultivos de la comunidad y obligaron a que los transportaran hacia el otro lado del río bajo la amenaza de que si no la hacían “no respondemos por lo que pueda pasar y los más probable es que aparezcan muertos”. En medio de la confusión y terror ocasionado por este hecho quedaron atrapados los ocho hijos del gobernador de Koredo, quien se encontraba en la reunión de autoridades tradicionales”.
Por estos hechos sucesivos de temor e inseguridad, los líderes indígenas informaron de la suspensión de las actividades normales de esas comunidades. “Así por ejemplo, tuvimos que suspender nuestra reunión de autoridades tradicionales programada para el 14 y 15 de los mismos, suspender de manera abrupta la realización de la II asamblea general de mujeres embera programada para los días 18 al 22 de los presentes. Igual suerte ha pasado con la actividades de todos los proyectos del Plan Jenené, lo que agrava nuestra situación alimentaría, de salud, educación y todas aquellas enfocadas a mitigar los impactos ocasionados por la represa Urrá I”.
Es así como los Cabildos Mayores reclaman la realización de una audiencia publica nacional que cuente con la presencia de representantes del gobierno nacional, la comisión mixta en pleno, senadores indígenas, autoridades indígenas de otras regiones, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, medios de comunicación nacionales e internacionales, para exponer y dar a conocer la grave situación por la que atraviesa este pueblo en el noroccidente colombiano.
