El clamor de los líderes indígenas en cada una de las regiones del país para que los actores armados respeten su integridad y su autonomía contrastan con unas acciones militares que ratifican como las 84 etnias indígenas se constituyen en una población altamente vulnerable que, literalmente, están al borde de lo que ellos mismos identifican como un etnocidio.
A los 36 asesinatos denunciados ayer por la Defensoría del Pueblo, hay que sumarle 12 más, elevando la cifra a 48 personas asesinadas. La situación más dramática se sigue concentrando en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se han presentado 19 asesinatos a miembros de la etnia Kankuama, atribuidos tanto a las Autodefensas Unidas de Colombia como a las FARC EP.
En ese sentido, es imprescindible destacar como las organizaciones indígenas de la región, reiteradamente han señalado como en el último año han caído asesinados alrededor de 145 indígenas, un etnocidio que condujo a la Defensoría del Pueblo a emitir tanto un informe de riesgo (octubre de 2002) y la Resolución No. 24, documentos que advierten sobre el inminente riesgo en que viven las comunidades.
De acuerdo con un dirigente indígena Kankuamo que se halla desplazado en Bogotá, el hostigamiento es permanente en la zona, violentando no sólo el derecho a la vida, sino también el derecho a existir como pueblo. “No nos permiten movilizarnos; existe control sobre los alimentos; el involucramiento de los menores a las filas es una práctica frecuente; los desplazamientos son masivos, pero también gota a gota, una familia y luego otra y luego otra. Son hechos que amenazan la supervivencia de la etnia, destruyendo todo el tejido social y cultural. Abandonar la tierra de cierto modo es abandonar nuestra esencia”, sostuvo el indígena.
Por su parte, el presidente del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Arahugo Gañán, afirmó que es necesario establecer una red informativa que permita hacer más visible la realidad de los pueblos en materia de derechos humanos “En el departamento de Caldas los miembros asesinados son alrededor de 11, 6 por parte de las AUC y 5 por parte de las FARC, sin contar con 2 indígenas más asesinados en la noche del 5 de marzo”
La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio del Interior a convocar de manera urgente e inmediata a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para analizar la delicada situación, especialmente la relacionada con la Sierra, además de tomar la decisión de dar a conocer los hechos al Relator Especial de Naciones Unidas para el Tema Indígena, Rodolfo Stavenhagen, “para que la Comisión de Derechos de la ONU exponga ante el mundo las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que está afectando a los pueblos indígenas de Colombia”.
Por otro lado, las violaciones a los derechos humanos van en aumento en relación con el año 2002. De acuerdo con los datos recogidos por el Portal Etnias de Colombia a través de su base de datos, en el año anterior se registraron para el mismo período 13 asesinatos. Es decir, el incremento para el presente año ha sido de un 269%. Esos mismos datos también revelan como las AUC siguen siendo el principal responsable, pues de los 48 asesinatos, se les atribuyen 20, mientras a las FARC se les atribuyen 7. En ese mismo período durante el año 2002, de los 13 asesinatos las AUC fueron responsables de 10.
La barbarie de la guerra
Al igual que las cifras, el registro de la manera como los actores armados asesinan a los indígenas también se constituye en un elemento preocupante. La barbarie y la sevicia demuestran el alto grado de descomposición del conflicto, matizado por prácticas inhumanas que involucran torturas físicas y psicológicas.
La endeble memoria del conflicto, que pocas veces recava en los detalles de las violaciones, muestran como los actores armados despliegan toda su perversidad contra cuerpos indefensos que, parafraseando a María Victoria Uribe, son rematados y contramatados.
Aquellos testimonios de sangre, amalgamados en los miles de rumores y murmullos que provoca la guerra, narran como los actores cortan a los indígenas de pies a cabeza con cuchillas Gillet partidas por la mitad, ahogando sus gritos con la misma sangre. Murmullos que cuentan como, con el ánimo de traumatizar, colocan la cabeza de la víctima en una peña, para que su familia la halle por sorpresa y de frente cuando llegan a la casa.
El etnocidio, identificado por lo general con las cifras, también es el disparo a mansalva, el machetazo que corta la vida a pedazos o la imagen del hombre asesino que dispara sin piedad al líder que duerme con su bebé arrullada en los brazos.
8 indígenas asesinados en los departamentos de Putumayo y Caldas
