En primer lugar, deseo presentar a ustedes un saludo del Señor Defensor, quién por compromisos adquiridos con anterioridad no pudo estar presente en este acto, pero que reitera su compromiso de acompañar las iniciativas y acciones que surjan de este Foro, encaminadas a la búsqueda de soluciones a la difícil situación que enfrenta el Departamento del Chocó.
Para nadie es un secreto que el Chocó es un departamento ubicado en un ecosistema estratégico en el que se superponen áreas de especial protección por su diversidad étnica, cultural y ambiental. En esta región se encuentran recursos vegetales, mineros, que lo hacen uno de los más ricos del país, riqueza que se expresa en su contribución a la producción nacional, tal y como se señala en las siguientes cifras:
El 69% de la pesca marítima, el 70% de la materia prima para la industria pulpera, el 42.23% de la madera aserrada, el 82.17% del platino, el 18% de oro, el 13.84% de la plata. También, se localizan en esta zona del país yacimientos de minerales de importancia estratégica destinados a la industria siderurgia, electrometalurgia, aeroespacial y a la producción de energía nuclear: bauxita, manganeso, cobalto radioactivo, estaño, cromo, níquel y petróleo. Además, el Chocó reviste gran importancia estratégica dada su especial ubicación como punto de encuentro de los dos océanos y su vecindad con el Darién panameño.
Pero, en contraste con toda esa riqueza, en el departamento persiste un territorio ocupado tradicionalmente por negros, indígenas y mestizos, quienes comparten condiciones genéricas de subnormalidad. Durante cinco siglos han pasado del esclavismo al neocolonialismo y se han visto forzados ser victimas de unas relaciones económicas que inciden sobre el aprovechamiento ineficiente, injusto e irracional de sus recursos naturales.
LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Pese a que Colombia ha ratificado y promulgado una amplia legislación conducente a garantizar los derechos de los seres humanos, es necesario llamar la atención de la situación que afronta este departamento, basada en las siguientes cifras del DANE.
ü En promedio, el 79.7% de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas.
ü La esperanza de vida en la región es de 55 años mientras el promedio nacional es de 64 años.
ü El 56% de las familias tiene un ingreso inferior al salario mínimo; de éstas, un 70% tiene ingresos inferiores a los $10.000 mensuales.
ü La salud se caracteriza por la prevalencia de enfermedades infecciosas propias de la pobreza, la malnutrición y la precaria higiene ambiental.
ü La educación como la de todo el país tiene problemas de cobertura y calidad. Sin embargo, en este departamento sobresalen los indicadores negativos. Es así como el analfabetismo de la población rural (43%) es el doble del promedio nacional, y el de la población urbana (20%) el triple del registrado en el nivel nacional. Las tasas de escolarización en primaria son del 60% en la zona urbana, y del 41% en la zona rural frente al 87% y 73% del promedio nacional. En secundaria, la tasa de escolarización es apenas el 23% (la mitad del promedio nacional) y sólo 54 de los 148 colegios oficiales cuentan con todos los grados establecidos en las normas de educación. A lo anterior, se suma que no se ha hecho realidad el derecho reconocido a las comunidades negras e indígenas a la etnoeducación, a través del cual se pretende definir estrategias pedagógicas acordes con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros propios y autóctonos, en los términos del Decreto 804 de 1995.
ü Sólo el 29% de las viviendas cuentan con servicios públicos completos. El 15% cuenta con alcantarillado y el 23% con agua potable. Al respecto, la Defensoría realizó una investigación acerca de la situación de los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo en 11 de los 31 municipios del Chocó. De ella se desprende que, solamente, en 5 de los entes territoriales estudiados se cuenta con plantas de tratamiento de agua. Éstos son Quibdó, Condoto, Itsmina, Novita y San Pablo. Por su parte, el servicio de alcantarillado solo cubre el 45 % de la población urbana y el 20% de la rural. En la mayoría de los municipios de la investigación Defensorial se observa que los residuos sólidos son arrojados a las fuentes de agua, puesto que la cobertura del servicio llega al 41,8% en los cascos urbanos y al 1,4% en los sectores rurales.
De lo indicado, se puede afirmar que la intervención del Estado en esta región es incipiente, hecho que incide directamente en las comunidades indígenas y afrocolombianas, marginándolas de sus derecho a la salud, a la educación, a la comunicación y a los servicios públicos.
LA SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
En atención a que en la intervención de la Vicepresidencia se hace un exhaustivo recuento de las conductas vulneratorias del DIH, a continuación se exponen, brevemente, algunas de las consideraciones de la Defensoría.
Desde hace diez años la presencia de los grupos al margen de la Ley (FARC, ELN y AUC), que se disputan el territorio e imponen sus propias normas y autoridad, han colocado a las comunidades en medio de un conflicto en el que se atropella física y psicológicamente a la población civil. Es decir, que sus pobladores, además de la marginación y el olvido en que se ha tenido este departamento en toda su historia, se ven expuestos al flagelo del conflicto armado. Con ello se vulnera su integridad personal y se infringen sus derechos, particularmente, los relacionados con el territorio, la autonomía y la identidad de los grupos étnicos.
La violencia es el principal factor de agresión que sufren estas comunidades ya que los grupos armados utilizan sus territorios como escenarios de combates, lo que ha llevado a que se presenten vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario. En los últimos años, se destacan, entre otros, los siguientes desplazamientos:
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SITIO |
AÑO |
DESPLAZAMIENTOS |
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BOJAYÁ |
A Sep – 30 2002 |
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ATRATO (Bellavista) |
A Sep – 30 2002 |
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CACARICA |
Desde 1996 |
ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA DE PUEBLO
La Defensoría del Pueblo hace presencia permanente en el departamento, a través de la Regional Chocó y de las Defensorías Comunitarias en Ríosuicio y Cacarica. En el desempeño de sus funciones se ha visibilizado la situación de crisis humanitaria en esa región del país. Entre las actuaciones de la entidad se encuentran las siguientes:
JURADÓ Y RÍOSUCIO
En agosto de 1999, frente a las amenazas y los hechos de terror perpetrados desde el 20 de julio de 1999 por grupos de autodefensas, la Defensoría Regional verificó la masacre y conminó a las instancias competentes para que la situación de orden público y las violaciones a los derechos humanos fuese debatida en Consejo de Seguridad Departamental. De igual manera, la Defensoría participó en tres misiones humanitarias entre 1999 y 2001 y acompañó la conformación de una Comisión Interinstitucional.
Sobre el particular, se expidió una Resolución Defensorial, a través de la cual se formulan recomendaciones a las autoridades del Estado competentes de garantizar la vida, identidad e integridad de los Pueblos indígenas y de las comunidades negras en la jurisdicción del municipio de Juradó, departamento del Chocó. Entre las medidas recomendadas por la Defensoría se encuentran:
ü Adoptar acciones mediatas, inmediatas y urgentes, para garantizar la efectiva protección a la población indígena y afrodescendiente gravemente amenazada en Juradó.
ü Atender, a través de la Red de Solidaridad Social, las necesidades de carácter humanitario que demandaban las 145 personas indígenas del Resguardo de Guayabal, que se encontraban desplazadas en el citado municipio.
ü Establecer las medidas de seguridad permanentes, que ofrezcan protección a las comunidades desplazadas.
ü Desarrollar programas de etnoeducación integrales, eficientes y permanentes, dirigidos tanto a los niños indígenas desplazados, como a los menores y jóvenes de comunidades negras.
BOJAYÁ.
