Ante el inminente peligro que viven las comunidades étnicas de la región del río Naya, amenazadas constantemente por los actores del conflicto, se realizará la Audiencia, en medio del completo abandono del Estado y sus políticas de corazón grande.
Organizaciones indígenas y afrocolombianas convocaron para el próximo 11 de abril, en la ciudad de Santander de Quilichao, Cauca, una Audiencia Pública en la cual se evaluará y analizará la grave situación humanitaria que viven todos los habitantes en la región del Río Naya, departamento del Valle, y donde se le exigirá al gobierno central los recursos necesarios para poner en práctica un retorno con dignidad y seguridad, luego que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a mediados de 2001, obligar a desplazarse a más de 1800 personas, además del asesinato de por lo menos 100 habitantes más de esta región.
Esta Minga por la vida de los pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos del Río Naya, pretende hacer pública una propuesta dirigida a los actores del conflicto (económico, político y militar) que consiste en que se consideren los territorios de los desplazados como: “bienes protegidos por el derecho internacional humanitario”.
Entre las acciones que preceden a la Audiencia está programada para el día 20 de este mes, una visita a la región del Naya con representantes de organizaciones sociales, de derechos humanos, de las iglesias, de ONG ambientalistas, de mujeres, de desplazados y de amigos de la paz, la cual llevará: “nuestro mensaje de solidaridad a aquellos que a pesar de todas las amenazas y adversidades han decidido quedarse. Vamos a decirles que estos territorios son de los indígenas, de los campesinos y de los afrocolombianos y que la sangre que se ha derramado en ellos los convierte en territorios de paz y convivencia con todas las culturas y con la naturaleza, al margen de todo conflicto armado”, aseguró para Actualidad Étnica uno de los dirigentes del evento.
Las comunidades de la región denuncian que, luego de dos años de transcurrida la masacre y el desplazamiento masivo perpetrado por grupos paramilitares, han circulado rumores sobre la posibilidad de que suceda una nueva masacre como represalia al: “secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, llevada a cabo por las FARC, y por eso estamos nuevamente en la mira de los grupos paramilitares”.
Por esta razón y según las versiones que circulan en la zona, las comunidades están atemorizadas por las presiones y amenazas constantes, y se está gestando un nuevo desplazamiento masivo de familias. “Tenemos la fuerte sospecha de que lo que se está propiciando con esta barbarie y violación de los Derechos Humanos, es un vaciamiento demográfico de estos territorios del Pacífico, sobre las cuales ni los indígenas, ni los afrocolombianos, ni los campesinos poseen títulos (sean estos colectivos o individuales)”.
Las organizaciones realizaron una evaluación sobre la situación social y económica de las familias que permanecen en la región del Naya, y concluyeron que ésta empeora con el pasar de los días, debido a las siguientes razones:
- Restricción a la entrada de alimentos y medicinas por parte de los grupos paramilitares.
- Cobro de “impuestos” por cultivos, comercio, tenencia de animales, etc., por parte de los grupos guerrilleros.
- Control de la población por parte de todos los actores armados y amenazas de castigo en caso de no informar a un actor armado la presencia del otro.
- “Enganche” para actividades militares de jóvenes y mujeres, aún de aquellas que tienen hijos menores.
- Todos los grupos armados presentes en la zona, desconocen deliberadamente a las autoridades propias de las comunidades, sean estas cabildos indígenas, consejos comunitarios de las comunidades afrocolombianas o juntas de acción comunal de la población campesina. Varios líderes de estas comunidades han sido amenazados.
- Todos estos hechos ha conducido a una pobreza generalizada en todos los ordenes de la vida social y económica de las comunidades.
Ante esta situación de temor y riesgo inminente se realizará la Audiencia Pública, en medio del completo abandono del Estado y sus políticas de corazón grande: “Los desplazados se convierten así en hombres sin derechos, con el agravante que en muchos casos son estigmatizados (o se sospecha) de pertenecer a uno de los actores armados de la guerra. Pero tampoco el Estado ha establecido políticas para prevenir nuevos desplazamientos” concluyó el dirigente.
El próximo viernes 21 de marzo se realizará una reunión de coordinación en la sede de la ONIC
