Después de transcurridos dos años de la sangrienta incursión de las autodefensas en la región del Alto Naya, zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle, que cobró la vida de más de 130 campesinos, afrocolombianos e indígenas, y generó el desplazamiento de varios cientos de personas ubicadas ahora, principalmente, en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto y Buenos Aires, se realizó en Santander de Qulichao la Primera Audiencia Pública por la Reparación Social del Naya y la Defensa de sus Derechos Humanos, convocada y organizada por la Defensoría del Pueblo.
Este evento, que cuenta con la participación activa de los integrantes de la comisión Humanitaria de Verificación, ONIC, CRIC, ORIVAC, ACIN, ACIVA RP, Comité de Desplazados del Alto Naya, CORPOJURÍDICA AC, CODHES, MINGA, REDEPAZ, FUNDACIÓN HEMERA, la Defensoría del Pueblo Delegada para el Naya y la Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cauca, ha considerado necesario aprovechar la ocasión del segundo aniversario para llamar la atención del país sobre la situación de derechos humanos y violencia política que sigue presentándose en el alto y bajo Naya, y hacer un balance público de las medidas y acciones tomadas para hacer frente a la crisis humanitaria que desde aquel 11 de abril afrontan las personas, además de la adopción de políticas o programas consistentes a resolver de manera integral y definitiva la situación.
La conmemoración ha incluido una visita a algunas veredas y corregimientos del Alto Naya. Tal como se planteó en la primera comisión que se desplazó a esta zona de difícil acceso, pues se halla a 14 horas de camino de herradura partiendo desde “La silvia”, lugar que está ubicado a media hora en carro desde Santander de Quiichao, el objetivo de esta segunda visita estuvo en determinar las condiciones en las que vive actualmente la población, para emprender acciones que presionen a las autoridades estatales a abordar soluciones definitivas a la problemática de los desplazados y a la situación de derechos humanos del Naya, como exigir la reparación social, moral y jurídica que sean pertinentes.
A pesar de que no fue posible llevar a cabo la inspección de toda la región, por la brevedad del término previsto para la visita, las difíciles condiciones naturales de acceso a la zona y los precarios niveles de seguridad en algunos de sus lugares, la comisión pudo constatar la lenta respuesta de las distintas organizaciones gubernamentales que habían firmado acuerdos con la población luego de la masacre, acuerdos en materia de protección y atención humanitaria de la población víctima de los hechos.
Esta lamentable circunstancia ha reforzado el estado de zozobra y abandono en el que viven los casi 3.500 indígenas Nasa, quienes conviven armónicamente con aproximadamente 500 colonos venideros de todo el país, entre quienes se encuentra un pequeño asentamiento de afrocolombianos.
Con la llegada del Batallón de Alta Montaña de los Farallones de Cali, el establecimiento de una base militar en Timba, el cobro de impuesto por parte de la guerrilla a los cultivos, las cantinas y las tiendas, así como el control de las Autodefensas, la región se encuentra cada vez más insegura y pobre. Situaciones como el control poblacional efectuado por los actores armados y el reclutamiento de menores de edad y de madres cabeza de familia generan incertidumbre y temor: Los habitantes de la región afirman que a las familias que han salido por diversas razones y no se les permite regresar bajo la acusación de colaborar con el bando enemigo.
Las Autodefensas se encuentran, especialmente, en los límites entre los municipios de Suárez y Buenos Aires. Allí tienen un campamento que según versiones de los habitantes, agrupa aproximadamente a 300 hombres uniformados, quienes suelen atemorizar a los pobladores y los fuerzan a asistir a reuniones que convocan. Los indígenas y colonos que habitan la región, sostienen que los hombres de las Autodefensas han amenazado a la población con una nueva masacre si la guerrilla vuelve a ingresar al municipio de Suárez, o si la población civil no les avisa oportunamente. De la misma manera, los hombres están restringiendo la libertad de los moradores de la zona para ingresar mercados, estableciendo un tope de 60.000 mil pesos semanales.
Por su parte, la guerrilla cobra impuestos por el ejercicio de cualquier actividad económica, situación ésta que ha contribuido aún más al empobrecimiento en el que se ha sumergido a la población, la cual atraviesa una crisis alimentaria que se atribuye, entre otros aspectos, a la pérdida de cultivos a causa de un microorganismo que según algunos podría tratarse del hongo Fusarium Oxysporum, aparentemente utilizado por el gobierno nacional en el marco de su política de erradicación de cultivos ilegales. Para finalizar, cabe mencionar que la masacre del río Naya se llevó a cabo a pesar de que las autoridades colombianas fueron alertadas con casi dos meses de anticipación.
