A continuación se expone el informe elaborado conjuntamente por los integrantes de la Comisión Humanitaria de Verificación del Alto Naya: ONIC, CRIC, ORIVAC, ACIN, ACIVA RP, Comité de Desplazados del Alto Naya, CORPOJURÍDICA AC, CODHES, MINGA, REDEPAZ, Fundación Hemera, la Defensoría del Pueblo Delegada para el Naya, Secretaría de Gobierno de la Gobernación del Cauca. Dicha comisión se llevó a cabo entre los días 5 y 11 de abril de 2003.
La región del río Naya esta ubicada entre los departamentos de Cauca y valle del Cauca sobre la cordillera Occidental Colombiana; esta zona está integrada a los Farallones de Cali en su región occidental y a la costa Pacifica por el Occidente; perteneciendo a los municipios de Jamundí y Buenaventura en el departamento del Valle del Cauca.
Esta zona esta habitada por cerca de 4.000 personas distribuidas en 18 veredas: de El Placer, La vega, Las brisas, Loma Linda, Sinaí, La paz, Río Mina, El Playón, Pitalito, El Pital, y Río Azul en el departamento del Cauca; y Las Minas, Miravalle, Santa Elena, El Edén, Pico de Loro, La playa, Riecito y Ramos Hidalgo en El Departamento del Valle del Cauca. Para llegar al Alto Naya, se transita por una “carretera destapada” que pasa por los poblados de Buenos Aires, Timba y el corregimiento del Ceral, y luego por un camino de herradura (12 horas aproximadamente) hasta llegar al Corregimiento de la playa. (1)
La cuenca de Río Naya constituye una región habitada por comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, fruto de diversas formas de colonización territorial y del olvido estatal al que han sido sometidos históricamente.
En la región del Alto Naya el 40% de la población, aproximadamente, no tiene acceso a los alimentos de la canasta básica ni a una nutrición optima o balanceada, debido a que la producción para el autoabastecimiento está reducida al consumo excesivo de carbohidratos: yuca, Malanga o Papachina, Arroz, Plátano y Panela. La dieta alimentaria tiene una alta deficiencia en proteínas, ante la escasez de carnes, verduras y frutas. La ganadería no constituye un renglón prioritario de la economía regional, por lo cual también se ven limitados en el consumo de lácteos y sus derivados.
Las fuentes de ingreso para la sostenibilidad alimentaria son escasas y las garantías que debe ofrecer el estado, en términos de realización de los Derechos Sociales, Económicos Y Culturales (Desc), son inexistentes.
La agricultura está orientada a la autosubsistencia —de carácter familiar—; la pesca ha desaparecido ante el manejo de la dinamita y el uso indiscriminado de insumos y precursores químicos. Los circuitos económicos en la región son cada vez más débiles y reducidos debido a que los capitales más fuertes son foráneos y fueron orientados durante las últimas décadas a la producción de hoja de coca. Cultivos que en el marco de las políticas antinarcóticos del estado han decrecido paulatinamente en la región.
El difícil acceso a la zona por la inexistencia de infraestructura vial, de medios de comunicación y la presencia de altos índices de especulación, asociados a la imposición de impuestos coactivos por parte de los actores armados (“vacuna”) se conjugan en la ausencia de circuitos comerciales permanentes y diversos, puesto que no cuentan con producción artesanal ni agrícola destinada a la comercialización.
La disponibilidad de alimentos fuera de los producidos para el autoabastecimiento ha sufrido transformaciones radicales debido a los siguientes factores: 1. La erradicación de cultivos de uso ilícito. 2. Declive del nivel de ingresos, 3. Contaminación química del río por el uso indiscriminado de insumos y precursores químicos, 4. La racionalización del ingreso de víveres por el bloqueo ejercido por parte de las guerrillas; 6. Las "vacunas" impuestas por los actores armados ilegales e insurgentes. Además de lo anterior, los caminos no constituyen una garantía de seguridad para las organizaciones y personas que brindan ayuda alimentaria para los pobladores de la región.
2.2 Oferta de Servicios Públicos
2. 2.1 Servicios de Salud
La infraestructura de salud pública es supremamente deficiente y lo existente está en precarias condiciones; no hay locaciones adecuadas para el funcionamiento de los proyectados Centros de Salud, ubicados en los corregimientos del Playón en el Municipio de Buena Ventura (Cauca) y de La playa en el Municipio de Buenos Aires (Valle del Cauca). No cuentan con camillas, no hay capacidad para la hospitalización de sus pobladores, la atención médica se reduce al examen diagnóstico y a la valoración de un promotor de salud que sólo está capacitado para asistir en primeros auxilios y situaciones de emergencia. En el corregimiento La Playa sólo hay un promotor y una agente de salud que está iniciando su proceso de capacitación; y en el corregimiento de El Playón hay un promotor capacitado que constituye el único recurso para esta población. Además de lo anterior no desarrollan programas de Promoción ni Prevención en Salud. Un ejemplo de ello es que no se desarrollan programas de Planificación Familiar para la población joven y adulta.
Actualmente se presenta una situación de emergencia sanitaria debido a la pésima manipulación del agua y las excretas. Las enfermedades más frecuentes que se diagnostican son, en orden de importancia: 1. Parasitismo intestinal, 2. Desnutrición crónica, 3. Fiebres altas de carácter viral, por ingestión de alimentos, y otras de origen desconocido, que sus pobladores atribuyen a la fumigación de cultivos de uso ilícito con sustancias que contaminan el ecosistema, 4. Infección de Respiración Aguda (Tuberculosis), 5. Disminución visual, 6. Impétigos o alergias de piel, 7. Cefalea aguda, 8. Casos masivos de retraso en el crecimiento y el desarrollo intelectual de niños, niñas y jóvenes, 9. Enfermedades de trasmisión sexual, y 10. Alcoholismo.
Las esporádicas acciones médicas que han tenido lugar allí se reducen a 2 campañas de vacunación colectiva en los dos últimos años. Las muertes más frecuentes tienen como causa el parasitismo, la tuberculosis, la desnutrición y diarreas de diverso orden. El grupo mayormente afectado son los infantes de 1 a 5 años, las madres lactantes y los adultos mayores. De otra parte, el ICBF capacitó a dos personas de la comunidad para desarrollar un trabajo de medición del crecimiento físico y determinar la población a la que se le debe brindar refuerzo alimentario (el proyecto lleva 8 meses) en las comunidades de: El Playón, Sinaí, Las brisas, Loma Linda, La Vega, en la Zona Alta; Luis Zambrano, Río Minas, Río Azul, La Paz, Pitalito, el placer, en la zona baja.
La cobertura en educación es aproximadamente del 60%, debido a la escasez de docentes, quienes en algunos casos deben dictar sus clases a 35 niños en diferentes horarios, haciendo más difícil el cumplimiento de su labor y la eficacia de su trabajo en la formación de la población más joven. Además de lo anterior no hay programas de formación de adultos y las poblaciones indígenas y afrocolombianas no cuentan con programas de etnoeducación que contemplen sus particularidades culturales. Buena parte de los estudiantes que llegan a cuarto grado no concluyen la educación primaria. La educación media y universitaria es inexistente. Los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que deberían fomentar la atención de la población infantil — Hogares FAMI para niños y niñas entre 0 a 3 años y Hogares Tradicionales— no han sido adelantados en la región.
2.2.2 Oferta de Servicios educativos
La infraestructura educativa de la región está constituida por 4 Escuelas oficiales construidas por la Secretaría De Educación del Departamento del Valle, en los cuales hay matriculados 173 niños y niñas de las comunidades: 1. La Playa (53); El Edén (30); Las Minas (35); Miravalle (30); Santa Helena (25). En la jurisdicción del corregimiento del Playón, la secretaría de Educación del Departamento del Cauca ha construido 10 escuelas en las que están matriculados 237 niños y niñas: 1. Las Verdes (30), El Sinaí (43), Las Brisas (12) —no hay quinto grado—, Río Azul (13) —no hay quinto grado—, La Vega (11) —no hay quinto Grado—,Loma Linda (14), Río Minas (32), La Paz (28), Pitalito (36) y El Placer (18). Las escuelas debieron cerrar durante dos años por la situación de desplazamiento forzado interno que provocó la Masacre del Naya. Es a partir del año 2003 que fueron nuevamente habilitadas. El estado material de las plantas de un buen número de ellas están deterioradas, debido a que no se invierte en el mantenimiento de ellas después de estar cerradas durante tanto tiempo. Sólo una de estas fue construida recientemente (Río Minas) y sus pupitres fueron construidos por las comunidades. De otra parte, la única planta física para la implementación de programas de educación media está en construcción y los pobladores creen que no ha sido concluido por malos manejos de las partidas asignadas al proyecto.
El Numero de profesores es de 1 por vereda, 4 son contratados por los departamentos para un periodo de 3 meses, sin que hayan sido “nombrados” tal como se había acordado previamente con las comunidades, a lo anterior se suma la falta de cumplimiento en el pago puntual de sus honorarios. En la Vereda La Paz el profesor que tiene nombramiento no tiene formación etnoeducativa que le permita brindar a los estudiantes una educación acorde con las condiciones culturales (lengua materna y costumbres) de la población indígena que la compone. En la vereda Las Brisas el profesor (Bilingüe) es contratado y pagado por la comunidad de acuerdo a su formación tradicional pero no tiene contrato con la Secretaria de Educación del Departamento del Cauca. Actualmente los restantes profesores no han finiquitado sus contratos de servicio.
La formación académica de los estudiantes se reduce al aprendizaje de los rudimentos más precarios y elementales, tales como la escritura del nombre y la memorización de los primeros veinte números. Dicho esquema de aprendizaje no dista mucho del analfabetismo. Esta situación se ve potenciada con la deserción escolar propiciada por la necesidad laboral de los jóvenes, quienes se dedican a trabajar en calidad de jornalearos.
3. El conflicto Armado en el Alto Naya
3.1 Presencia De Actores Armados
En la región del Alto Naya operan la columna móvil Jacobo Arenas, los frentes 30 y 6º de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—, quienes al parecer desarrollan acciones conjuntas con el Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional —ELN—; la Compañía Huracanes, del Bloque Farallones de Cali y el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia—AUC—; el Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejercito Nacional de Colombia y la Unidad de Soldados Campesinos, como parte del Primer Contingente en ejercicio del País.
Esta región ha sido utilizada por los grupos insurgentes precitados como zona de reclutamiento forzoso, abastecimiento, de repliegue táctico; como corredor estratégico y zona de confinamiento para la población víctima del secuestro extorsivo y político, en tanto formas de acumulado económico y militar, además de garantía de poder dentro de la posible negociación política del conflicto armado. La hegemonía histórica lograda por las FARC y el ELN desde principios de los años 80 ha venido siendo confrontada por el accionar contrainsurgente de la fuerza pública y de las AUC en la región.
En el marco de esta lucha por el control poblacional, territorial y de los recursos, por parte de los actores armados en el Alto Naya, se han perpetrado sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos e infracciones del DIH. La violencia de los hechos ocurridos señalan la recurrencia histórica de estrategias de colonización que se remontan a la invasión y conquista de América, como al periodo de “La Violencia”, —de los años cincuenta— uno de los más dramáticos de nuestra historia reciente, y con la emergencia del último pico de violencia que aun no concluye: la guerra sucia. Esta últimas caracterizadas por el despojo territorial de las poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas, en concomitancia con procesos de aceleración del capitalismo que continúan absorbiendo a la población desarraigada, en tanto mano de obra barata de campos y ciudades.
Los actos perpetrados por los paramilitares en la región del Naya: inmediaciones de los municipios de Santander de Quilichao, Jamundí, Puerto Tejada, Buenos Aires, y específicamente en el corregimiento de Timba, desde finales del año 2000, incluyen los asesinatos selectivos de los campesinos e indígenas: Alcides Dagua, José Delio Yatacué, Ricardo Zúñiga y Alexander Aguilar, quienes aparecieron con signos de tortura, amarrados y degollados, constituyeron masacres anunciadas en un conjunto de Alertas Tempranas promulgadas durante los seis meses anteriores a su ocurrencia, sin que el Estado prestara atención efectiva y suficiente al llamado de protección que hicieron las comunidades. Esta arremetida de violencia continua vulnerando la autonomía de los Cabildos, los Concejos Comunitarios y las Juntas de Acción Comunal. (2)
Estos hechos de violencia provocaron el desplazamiento masivo de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas desde la Paila hacia Timba (Cauca), Santander de Quilichao (Valle del Cauca) y Tóez, en Caloto (departamento del Cauca); hechos que se suman a la dinámica de grupos insurgentes, como el ELN, quienes después de huir de la región volvieron para saquear las casas y bienes de la población desplazada forzosamente, al tiempo que autorizaron a la población campesina del lugar para hacer lo mismo.
3.2 Hechos recientes
Si bien la región ha gozado de una relativa calma en cuanto a las hostilidades y el accionar bélico durante los últimos meses, se continúa involucrando a la población civil en el conflicto armado. Ejemplo de ello es la incursión guerrillera en la vecina población de Suárez (Cauca) donde los paramilitares han amenazado a la población civil, advirtiéndoles que asesinarán grupos de tres personas sino avisan con anticipación la próxima incursión. Así mismo, las amenazas a individuos que consumen y abusan del alcohol o substancias psicoactivas, han desembocado en homicidios selectivos, en algunas veredas de la región. Esto ha potenciado el debilitamiento de las autoridades civiles, el aumento de la coerción militar en las comunidades, el refuerzo de imaginarios que priorizan la resolución violenta de los conflictos sociales y familiares más nimios, así como el aumento de la violencia intrafamiliar.
El sobrevuelo de avionetas y helicópteros por las jurisdicciones de la playa y el playón han causado el temor generalizado en la población. Según la información recabada el primero de enero dos avionetas rodearon la región, el tres de enero regresaron, luego 7 Helicópteros aterrizaron cerca de los poblados para liberar a una personas que fueron secuestradas por la guerrilla. Algunos campesinos manifiestan que ese sobrevuelo por parte de helicópteros están relacionados con el reconocimiento estratégico de la zona para impulsar acciones bélicas.
El reclutamiento continuo de población, por parte de los grupos insurgentes presentes en la zona, se orienta a la cooptación de niños, niñas y jóvenes, mediante mecanismos y estrategias de seguimiento selectivo y permanente.
El señalamiento de los líderes, vendedores y promotores de salud, por parte de los actores armados rompen el tejido social. La creación y puesta en marcha de rumores infundados limitan la autonomía de las organizaciones comunitarias, rompen las redes de comunicación y control social, debilitan los deficientes circuitos económicos, ocluyen las acciones en pro del bienestar social de la comunidad y desarticulan los procesos de permanencia cultural.
El bloqueo económico, de alimentos y de medicamentos constituye una práctica común entre algunos de los actores armados (AUC, Fuerza Pública) desde los retenes legales e ilegales que se adelantan constantemente en inmediaciones de la carretera que del Ceral conduce al municipio de Timba (Cauca). Esto ha contribuido también al control y el confinamiento de las comunidades.
3.3 Las organizaciones comunitarias
En el territorio del Alto Naya, hay población indígena, campesina y mestiza, esta composición poblacional se expresa organizativamente en cabildos indígenas, consejos comunitarios, y juntas de acción comunal. El alto Naya cuenta con dos Cabildos, uno por cada departamento (Valle del Cauca y Cauca) El cabildo del Alto Naya, con sede en el corregimiento de la Playa – Buenaventura. El cabildo del Playón municipio de Buenos Aires – Cauca. Estos a su vez hacen parte de las la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca —ORIVAC—, y el Comité Regional Indígena del Cauca —CRIC— respectivamente, así como de la Asociación de Cabildos del Valle del Cauca —ACIVA—, y de la asociación de Cabildos Indígenas del Cauca —ACIN—. Todas ellas apoyadas por la Organización Nacional Indígena de Colombia —ONIC— y Autoridades Indígenas de Colombia —AICO—.
La población afrocolombiana presente en la zona hacen parte del Consejo Comunitario Mayor del Río Naya, organización que ha sido impulsada por el Proceso de Comunidades Negras. Las comunidades campesinas son la base de las 12 Juntas de Acción Comunal —JAC—, que están asociadas municipal y departamentalmente. En departamento del cauca hay 10 JAC y en el Valle del Cauca hay únicamente dos (2), las que pretenden organizar su propia asociación al desligarse de las JAC de Timba – Marilópez. Es de anotar que algunos indígenas y afrocolombianos hacen parte simultáneamente de las Juntas de Acción Comunal y de los Cabildos.
Una situación que se suma a lo anterior, es la ausencia de medios de comunicación y de difusión masiva que permitan la circulación de mensajes prioritarios o la emisión de programas culturales, sociales y educativos.
4. Propuestas de la comunidad frente al conflicto armado
Hasta hoy, la tradición de las comunidades que habitan la región, en cuanto a la resolución pacífica de los conflictos sociales, se funda en la permanente convocatoria a las asambleas comunitarias. En estos espacios se toman decisiones colectivamente y se actúa en conjunto. Cuando los problemas se producen entre los miembros de la comunidad, son solucionados a través de los Gobernadores del Cabildo, pero cuando alguno de los implicados es “fuereño” los comandantes guerrilleros intentan imponerse como figura mediadora.
A través de los altos comisionados de paz (las consejerías de paz) y otras instituciones estatales, se han buscado acercamientos con los comandantes de los actores armados para solicitarles que se mantengan al margen de los conflicto comunitarios.
La medida más radical, de largo plazo, implementada por las comunidades se propone fortalecer los Cabildo indígenas, los Concejos Comunitarios y las Juntas de Acción Comunal, en tanto instituciones políticas. Por ello se han propuesto la legalización del territorio: zonas de reserva campesina, Resguardos y Títulos Colectivos. Todos estos elementos se conjugan en una nueva propuesta global de titulación colectiva, pluriétnica y multicultural.
De igual modo se presentan acciones colectivas inmediatas en respuesta a los excesos cometidos por los actores armados, en cuanto a la violación de algunas de las normas de convivencia tendientes a la autoprotección y el mantenimiento de la civilidad.
5. La Situación De Desplazamiento Forzado en la Región
La geografía del éxodo comprende los municipios de Santander de Quilichao (40 familias), Caloto, corregimiento de Tóez (30 familias), Timba (15 familias), Cali y Jamundí. Las precarias condiciones en que se encuentran estas familias constituyen una forma efectiva de reivindicación de las necesidades sociales, eco
