En su informe anual sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera y destaca la alta incidencia del conflicto armado sobre la degradación de los derechos humanos, además de la crueldad creciente de los métodos de combate utilizados por los grupos armados, lo cual agrava día a día la vulnerabilidad de la población civil, en especial la de los grupos étnicos y minoritarios.
“Los grupos étnicos siguen siendo víctimas de violaciones a sus derechos civiles y políticos, en especial el derecho a la vida, así como de discriminación racial, intolerancia y exclusión social. Sus derechos económicos, sociales y culturales se ven afectados por las condiciones de pobreza y exclusión en las que se encuentran. El conflicto armado agrava aún más esta situación y amenaza, en consecuencia, la existencia misma de varios de estos grupos”, destaca el Alto Comisionado.
De igual forma, se resalta en el informe que los grupos armados, en su constante violación a los derechos civiles y políticos de indígenas y afrocolombianos, pretenden ejercer control sobre los territorios tradicionales y ancestrales de los grupos étnicos. Se deriva de este control, la imposición de bloqueos económicos el control de alimentos y medicinas, y las restricciones de la circulación de personas, agravando así las precarias condiciones en las que ellos viven.
“La presencia de esos grupos en los territorios de estas comunidades vulnera, entre otros, el derecho a su autonomía, amenazando la gobernabilidad de sus autoridades y erosionando su identidad cultural”.
En este contexto de violencia, indígenas y afrocolombianos ‑en particular sus líderes‑ siguen siendo víctimas de ejecuciones extrajudiciales, masacres, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, y desplazamiento y reclutamiento forzoso, lo que pone en peligro su existencia como grupo étnico, así como su supervivencia cultural.
Sostiene el informe que, entre las violaciones atribuidas a las AUC, está el homicidio de María Fabiola Largo Cano, líder del grupo étnico embera chami, el 9 de abril, en el municipio de Ríosucio (Caldas); la masacre de cuatro indígenas, en Gualandanay, municipio de Corinto, en marzo, y la desaparición de tres indígenas del pueblo Cofán (Putumayo), en agosto. A las FARC-EP se atribuyeron las amenazas a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), en el municipio de Corinto, en marzo, y a las FARC-EP y al ELN las amenazas de muerte a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en junio y agosto. La Oficina del Alto Comisionado recibió algunas quejas en las que se responsabiliza a la fuerza pública por su actuación directa, como en el caso de la masacre paramilitar de 12 indígenas wiwas, el 31 de agosto, en El Limón y zonas aledañas (Guajira). En cuanto a los afrocolombianos, se destaca la situación de los habitantes de la zona de El Tigre, en Tumaco (Nariño), donde se habrían registrado entre 6 y 10 cadáveres diarios de personas presuntamente ejecutadas por grupos de autodefensas.
En cuanto a otras minorías, la situación de los raizales (habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de origen antillano de habla inglesa-creole) no registró avances destinados a abolir la discriminación, tanto en el campo laboral como en el de la asistencia administrativa. El pueblo romaní (gitano) siguió sin tener reconocimiento jurídico específico y siendo afectado por la discriminación, la marginación y la estigmatización social, así como el conflicto armado.
Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace una serie de recomendaciones sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, dirigidas al Estado, a la sociedad civil y alos grupos armados ilegales, y se espera que sean ser cumplidas durante el año 2003.
Las recomendaciones se encuentran agrupadas en seis temas:
· Prevención y protección
· Conflicto armado interno
· Estado de derecho y la impunidad
· Políticas económicas y sociales
· Promoción de una cultura de derechos humanos
· Asesoramiento y cooperación técnica de la Oficina
Para el Alto Comisionado “la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría experimentar una sensible mejora si las recomendaciones son puestas en práctica por las autoridades nacionales de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de Control, encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos; así como por todas las partes del conflicto armado interno”.
También se espera que las recomendaciones sean asimiladas por la Iglesia, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los académicos, las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y, por supuesto, la mayor cantidad posible de colombianos.
