1.363 Delegados y delegadas de todo Colombia e invitad@s del mundo nos hemos reunido para examinar la grave situación de los DDHH y denunciar, en todos los escenarios y tribunas, las nuevas amenazas, el escalamiento del conflicto interior y los atropellos a las libertades públicas que se escudan detrás de la política de “seguridad democrática”.
El X Foro ha recibido centenares de denuncias acerca de las situación de violación sistemática de los derechos humanos a lo largo y ancho de Colombia. Las violaciones a los Derechos Humanos aparecen asociadas, en muchos casos, a transgresiones claras a las garantías por parte de funcionarios del Estado o a la omisión, permisividad y/o complicidad de éstos frente a evidentes agresiones a los ciudadanos. Los datos aportados muestran que la represión social y política está en el centro de las violaciones de los derechos humanos contra pobladores, hombres y mujeres, niños y niñas, de los barrios, miembros de las juntas comunales, sindicalistas, maestras y maestros, activistas agrarios, estudiantes, profesores universitarios e investigadores, periodistas, sacerdotes y pastores, indígenas y afrocolombianos, dirigentes y activistas de la oposición, que hoy agrandan las listas de víctimas, directas o indirectas de la antidemocracia.
A pesar de las recomendaciones de la ONU, el gobierno colombiano incumple sus compromisos internacionales en materia de DDHH. Esta situación es ahora más grave. Sectores del Estado como la Fiscalía refuerzan la persecución social en el caso de los sindicalistas del sector petrolero, de campesinos, de defensores de los derechos humanos y dirigentes populares. Decenas de procesos desempolvan expedientes del pasado, reviven listados de ciudadanos, sometidos a sindicaciones sin fundamento. El principio de sospecha que inspira decretos dictados bajo el estado de conmoción interior, varios de ellos objetados en parte por la Corte Constitucional, pone en entredicho los derechos esenciales de las personas.
Como si este ambiente policíaco no bastara, el gobierno ha presentado un proyecto de Reforma Constitucional con vistas a darle piso al estatuto antiterrorista. En contravía de las sentencias de la Corte y de las reclamaciones del Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, el gobierno se empeña en hacer aprobar normas que afectan las libertades individuales, el habeas corpus y la prohibición a las fuerzas militares de asumir funciones de policía judicial. Se ha convertido en línea de acción del poder ejecutivo proponer legislaciones que intentan incorporar a los civiles en el conflicto interno de manera obligatoria.
El X Foro de los DDHH humanos condena todas las expresiones de terrorismo. La lucha contra este fenómeno no puede ser el pretexto para justificar la represión, la criminalización de la protesta social ni la persecución a los opositores políticos. Se opone, por lo tanto, a un estatuto que vulnere los derechos fundamentales y las libertades públicas.
El X Foro nacional de los DDHH hace un llamado al Congreso de la República para que se abstenga de considerar proyectos regresivos y atentatorios contra las libertades.
El X Foro llama a las partes del conflicto a respetar, efectivamente, las normas del derecho humanitario y a garantizar que la población civil no sea objeto de ataques indiscriminados.
El X Foro de los DDHH se pronuncia en contra del Referendo que pretende hacer otra contrarreforma electoral, eliminar las personerías y contralorías, prorrogar los mandatos de funcionarios en ejercicio, proporcionar respaldo popular al programa de ajuste adicional del Fondo Monetario Internacional y de refuerzo al proyecto autoritario en curso. Se une a quienes llaman a abstenerse de votar en esa convocatoria. Insta al Consejo Nacional Electoral a revocar su arbitraria definición que valida hasta los votos nulos para imponer fraudulentamente un resultado favorable al gobierno.
La política de “seguridad democrática” ha sido expuesta al escrutinio de las organizaciones y activistas de los Derechos Humanos. La seguridad no puede entenderse como más represión, más aparatos policivos, más normas coactivas. No puede traducirse exclusivamente en la seguridad para la inversión privada de capital transnacional. No se reduce al discurrir tranquilo solo de los más ricos, mientras el conjunto de la Sociedad padece los rigores del empobrecimiento masivo, los nuevos impuestos, la extensión de la jornada de trabajo, los despidos y la inestabilidad laboral, el desempleo, la carencia de crédito y de tierras para la población agraria.
La seguridad tiene que revelarse en la satisfacción de las necesidades esenciales de las mayorías populares. La política de seguridad nos condena a las privaciones, el desempleo, el hambre, la desnutrición, en aras de que los recaudos fiscales aseguren el pago cumplido del servicio de la deuda externa y el creciente presupuesto de guerra y orden público.
La seguridad, como la entiende el gobierno, cierra los caminos del diálogo y del acuerdo entre colombianos para buscar y alcanzar la paz. Pone en manos de gobiernos extranjeros prerrogativas como el Plan Colombia y el intervencionismo militar cada vez más directo de entrenadores, tropas y mercenarios financiados desde el exterior en detrimento de la soberanía del Colombia y de su pueblo.
Las opiniones y denuncias expuestas indican que la aplicación de la “seguridad democrática” se ha traducido en un incremento de las violaciones de los derechos humanos por funcionarios del Estado, y en una ampliación de la actuación impune del paramilitarismo en nuevas regiones del país. Las zonas de rehabilitación y consolidación se han convertido en áreas de expulsión de población, represión a la lucha social, atropellos y malos tratos a la población, persecución política, desapariciones, asesinatos y masacres, conducta que se ha hecho extensiva a las comunas populares de las principales ciudades.
El gobierno exhibe su negociación con los paramilitares como una expresión del diálogo. Es una burla, cuando se conocen los vínculos estrechos de autoridades y asesores con algunos de estos grupos. El arreglo eventual del gobierno con los paramilitares no puede pasar por alto las masacres, asesinatos selectivos, crímenes de lesa humanidad constitutivos de terrorismo ni su vinculación confesa con el narcotráfico. La evidencia muestra que, lejos de disminuir sus acciones criminales por efecto de la negociación, los paramilitares actúan ahora con más impunidad que antes; acorralan a los ciudadanos en universidades, empresas y poblaciones; continúan promoviendo el desplazamiento forzado en regiones agrarias y medios urbanos; establecen, con la complicidad de autoridades municipales, departamentales y nacionales, listados de personas; patrullan conjuntamente con la fuerza pública en las zonas de rehabilitación; ocupan regiones enteras sin ser perturbados, en absoluto, por los representantes del Estado. El mismo informe del Departamento de Estado de los EEUU denuncia los vínculos de estructuras de la fuerza pública con los paramilitares.
Pero, además, los paramilitares se han convertido en un factor nefasto en las relaciones internacionales. Los países vecinos se resienten de su presencia. En el caso de Venezuela, han sido señalados como un factor que intenta fomentar la desestabilización del gobierno democrático de el hermano país.
Es necesario reforzar la campaña nacional e internacional contra la impunidad. Deben cesar los procedimientos expeditivos de indulto con base en el Decreto 128 de 2003. deben reforzarse todas las medidas para superar la ausencia de justicia. Debe establecerse un mecanismo eficaz para el desmonte del paramilitarismo, comenzando por sus soportes en las estructuras del Estado, con sanciones severas a sus impulsores y financiadores.
Las redes de informantes y cooperantes amplían la desconfianza, las intrigas, el señalamiento de personas inocentes y suplantan a las autoridades por aparatos ajenos al orden legal. Los soldados campesinos, programa bandera del gobierno, se ha convertido en el servicio militar legal del paramilitarismo.
El X Foro de los DDHH hace un llamado a la Sociedad colombiana para reclamar una política de paz del Estado como lo ordena la Constitución. En lugar del gigantismo militar que promueve el gobierno; en lugar del intervencionismo militar extranjero; en lugar del escalamiento y degradación de la violencia interior, lo que Colombia reclama es la búsqueda de una solución política, que asegure la solución de los desequilibrios sociales, ponga fin a las injusticias, los privilegios y el usufructo del poder por una fracción minoritaria de la sociedad; cree las condiciones para una democracia en donde puedan convivir con tolerancia todos los colombianos. La solución política, por vía de diálogo y negociación, no tiene sustitutos. La vía no es la guerra, y mucho menos la guerra imperialista que ahora se impone en el mundo tras la demencial agresión a Irak. La solución política es la vía de los pueblos, es el proyecto de los pueblos y es la única garantía de paz y estabilidad en América Latina.
Una forma de avanzar a la paz son los acuerdos humanitarios. El gobierno no puede mantener oídos sordos y negarse a aceptar la voz de familiares, organismos nacionales e internacionales y destacadas personalidades a favor del canje humanitario. El acuerdo humanitario debe ser ahora, sin más dilaciones.
El X Foro de los DDHH hace un reconocimiento a los países amigos que han apoyado los procesos de búsqueda de la paz así como al delegado personal del secretario general de la ONU y los insta a persistir en su solidaridad, en escucha también de las opiniones y criterios que vienen del campo popular y democrático.
Convoca a desarrollar la Campaña Internacional OTRA COLOMBIA ES POSIBLE, en un marco de unidad y convergencia, por la Solución Política para la Paz con Justicia Social, los Derechos Humanos y la No Intervención Militar de los Estados Unidos.
Invita a la Conmemoración multitudinaria del Primero de Mayo. Y a fortalecer los procesos del Foro Social Mundial y el IV Plenario de la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de octubre en Bogotá.
Finalmente, el X Foro llama a la unidad y coordinación de lo político – social –reivindicativo, en cada departamento, en una mesa que permita materializar la acción conjunta de todos los sectores afectados por la violación y desconocimiento de los derechos fundamentales, e impulsar los Acuerdos Humanitarios y la búsqueda de la Solución Política.
Bogotá, abril 26 de 2003
