A un año de la masacre de Bojayá, las condiciones de seguridad para la población del Medio Atrato son vulnerables. Los controles militares sobre la población civil, especialmente en cuanto al transporte de cemento, gasolina, gas y comestibles han generado escasez de alimentos, y puede provocar nuevos desplazamientos. El Estado no ha garantizado un cambio sustancial en las condiciones estructurales que afectan el desarrollo de la región, y se han desconocido las realidades históricas como la exclusión, el marginamiento y la pobreza de toda la zona del Medio Atrato.
El jueves 2 mayo de 2002 los colombianos y la comunidad internacional se estremecieron ante la noticia de una nueva masacre que enlutó a la población afrocolombiana y al país en general. La tragedia, ocurrida en las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte, departamentos de Chocó y Antioquia respectivamente, dejó como saldo la muerte de 119 personas, de las cuales 46 eran niños y niñas, que junto a sus padres habían buscado refugio -ante los fuertes combates que protagonizaban milicianos de las FARC EP y paramilitares de las AUC- en la iglesia de la comunidad.
La tragedia fue anunciada con anticipación por los habitantes de estas comunidades y la Diócesis de Quibdó, quienes a finales del mes de abril denunciaron que una gran cantidad de hombres fuertemente armados –más adelante se sabría que pertenecían al Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU)-, se desplazaban en lanchas por el río Atrato en dirección a los municipios de Vigía del Fuerte y Bellavísta. El 21 de abril, este grupo paramilitar incursiona en los cascos urbanos de los municipios mencionados, en su intento de recuperar la zona. El día 1 de mayo se iniciaron combates entre las FARC EP y los paramilitares en estas mismas poblaciones. En la tarde del 2 de mayo, en medio de la confrontación armada cayó un cilindro bomba en la Capilla Católica de Bellavísta –cabecera municipal de Bojayá- donde se encontraba una parte de la población civil refugiada (un poco más de 300 personas), de las cuales murieron 119 aplastadas por el techo de la iglesia. A raíz de la masacre se desplazaron aproximadamente 3.500 personas de Vigía del Fuerte, Bojayá, San Miguel, San Martín, Puerto Conto y El Tigre, quienes llegaron a Quibdó –capital chocoana-, de las cuales 105 se asentaron provisionalmente en las instalaciones del Instituto Popular de Capacitación (IPC), 236 en las de Minercol y 3.159 en algunos barrios de la ciudad, según datos de la Red de Solidaridad Social.
“Estamos asistiendo al exterminio de la cultura afrocolombiana. Las barbaries cometidas contra la sociedad civil y el holocausto de Bojayá (Choco) son horrendos crímenes históricos de guerra que lesionan la conciencia y la dignidad humana”: Movimiento Social Afrocolombiano Unificado.
Hoy, 365 días después, la Defensoría del Pueblo presenta un Informe Defensorial sobre la situación de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado en el municipio de Bojayá -Atrato Medio-, donde se da parte de las acciones humanitarias emprendidas por el Estado, organizaciones sociales, ONG, la Iglesia, la empresa privada y la Comunidad Internacional, para tratar de reconstruir el tejido social y las ganas de vivir de las comunidades afectadas.
Frente a los hechos ocurridos en Bellavísta, se activaron los Comités Departamental y Municipal de Quibdó con la asesoría del nivel central de la Red de Solidaridad Social. Se elaboró un Plan de Contingencia para la atención de los desplazados del Medio Atrato. En consecuencia, se crearon 6 comités de trabajo integrados por entidades departamentales, municipales y nacionales: Comité coordinador, comité de alojamiento, alimentación y logística, comité de salud y saneamiento básico, comité de seguridad, comité de acompañamiento y comité de vigilancia, control y seguimiento.
Según información suministrada por ACNUR, desde el 12 de junio de 2002, algunas familias desplazadas que se encontraban en Quibdó comenzaron a regresar por su cuenta a sus localidades de origen, como Vigía del Fuerte, Buchadó, San Antonio de Padua, Montaño, Murri, La Boba, Bellavísta, El Buey y La Loma, debido a la precaria situación en la que se encontraban en Quibdó.
El proceso de retorno hacia Bojayá se produjo, en gran medida, por la voluntad de las personas desplazadas. Sin embargo, el compromiso de la Red de Solidaridad Social de financiar o conseguir financiación para varios proyectos productivos, entendidos como prioritarios para el retorno, dentro de los cuales se encontraban el plátano y la pesca, además de la posibilidad de acceder a una nueva ayuda humanitaria de emergencia, influyeron también en la decisión de retornar.
Desde el 7 de mayo de 2002, existe presencia permanente de tropas del Batallón Manosalva Flórez del Ejército Nacional y del Batallón de Infantería de Marina No. 20 en los cascos urbanos de los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte. Sin embargo, los controles militares sobre la población civil, especialmente en cuanto al transporte de cemento, gasolina, gas y comestibles han generado escasez de alimentos, ya que no se permite el traslado y la comercialización de productos enlatados, necesarios para la subsistencia de las comunidades, dada la precariedad del servicio de energía para la conservación de otros artículos.
La restricción al paso de alimentos y otros insumos ha sido más fuerte en las comunidades de Napipí y Carrillo. Estas comunidades, en varias oportunidades, han manifestado la posibilidad de desplazarse por falta de alimentos.
No mucho ha cambiado
A pesar del retorno de la mayoría de la población a Bojayá y Vigía del Fuerte, las condiciones generales en seguridad, alimentación, salud, educación y servicios públicos de la región siguen sin registrar cambios sustanciales a los existentes antes de la ocurrencia de los hechos del 2 de mayo.
De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo través de la Seccional Chocó y el Defensor Comunitario para el medio Atrato, las personas que han retornado a Bellavísta y a otros corregimientos de Bojayá, aún no cuentan con ingresos económicos y se encuentran en una grave situación de inseguridad alimentaria.
Para la Defensoría del Pueblo: “La situación sigue siendo de riesgo. En el momento, la región parece mantener un cierto equilibrio que puede verse afectado por la avanzada de grupos de autodefensa entre el bajo y medio Atrato. Así mismo, el posicionamiento de la guerrilla en las zonas rurales del municipio podría llevar a enfrentamientos y desplazamientos masivos en estas zonas”.
Según la Defensoría, la prestación de servicios públicos, salud, educación y saneamiento básico, siguen siendo precarios en toda la región del Medio Atrato. La mayoría de las comunidades no cuentan con puestos de salud; los centros que existen requieren ser reparados o adecuados y carecen de dotación y medicamentos esenciales para la atención adecuada de la población. La escuela de Bellavísta ya fue reconstruida. La ejecución estuvo a cargo de la Fundación Minuto de Dios, con los fondos recolectados a través de la campaña liderada por Caracol. Además, existen los compromisos de reconstruir la escuela de Puerto Conto, por parte de UNICEF, y de mejorar y dotar la escuela de Napipí por parte de OIM, obras que a la fecha -evidencia el informe-, se encuentran contratadas y han comenzado su ejecución. Sin embargo, la prestación de los servicios básicos en la mayoría de las poblaciones del Medio Atrato es deficiente, y en algunos casos, inexistente. El servicio eléctrico se presta por medio de plantas eléctricas, las cuales, por la falta de combustible, permanecen gran tiempo apagadas. El servicio de agua potable no se presta de manera adecuada en Bellavísta, debido a que desde finales del año pasado uno de los muros de la bocatoma del acueducto se desprendió, lo que ha ocasionando la suspensión del servicio. El servicio de alcantarillado es inoperante en la zona aluvial del río Atrato debido a la cota de inundación que obstruye su correcto funcionamiento.
La Red...
Según la Red de Solidaridad Social, se invirtieron cerca de 1.120 millones de pesos en la atención de las1.744 familias que se desplazaron desde Bojayá y las 667 que se movilizaron desde Vigía del Fuerte hacia Quibdó. Igualmente, la Red informó que con la “Operación Prolongada de Socorro y Recuperación” se financiaron alimentos y kits de seguridad alimentaria por un valor de 313 millones de pesos.
Una vez la situación de emergencia concluyó, la respuesta estatal a la difícil situación del Medio Atrato, ha estado concentrada en la reubicación del casco urbano de Bojayá, Bellavísta.
Con el fin de destinar los recursos necesarios para la reubicación de Bellavísta, el Gobierno colombiano aprobó el documento CONPES 3180 del 15 de julio de 2002, “Programa para la Reconstrucción y Desarrollo Sostenible del Urabá Antioqueño y Chocoano, y Bajo y Medio Atrato. Ampliación del CONPES 3169”, en cual se definen las acciones tendientes a la reconstrucción de Bellavísta y apoyo al municipio de Vigía del Fuerte.
A pesar de la creación de la Organización Popular de Vivienda, OPV, con la cual se están adelantando los trámites para la contratación del desmonte del sitio de la reubicación, y de que esta organización y la Asociación de Cabildos Indígenas de Antioquia (ACIA) participaron en la propuesta de la construcción de la casa piloto, la comunidad en general no ha tenido parte activa en el proceso de reconstrucción. Además, es importante resaltar que la OREWA no ha sido invitada a las reuniones y no ha participado en el proceso de reubicación.
“Hasta el momento, no se ha iniciado ninguna obra en la zona de reubicación de Bellavísta” evidencia el Informe Defensorial.
Por otro lado, uno de los principales compromisos adquiridos por la Red de Solidaridad Social para el retorno de la población desplazada de Bojayá fue la financiación de proyectos productivos para la reactivación económica de la región.
Actualmente, el proyecto se ejecuta a través de la Corporación Antioquia Presente con recursos de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, la Gobernación de Antioquia y los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte, dos proyectos por valor de 900 millones de pesos, uno de pesca artesanal y otro de agroforestería, que beneficiaran a 560 familias. Sin embargo, el Defensor enfatiza que la demora en la realización de los proyectos productivos puede conllevar una situación crítica de inseguridad alimentaria en la región, debido a que la población ya no cuenta con ayuda humanitaria de emergencia y el sostenimiento de las familias se ha garantizado sólo con la pesca artesanal. La pesca está ligada al ciclo productivo de la región, que culmina a fines del mes abril.
De acuerdo con el Informe Defensorial, la mayoría de las acciones del Estado se han concentrado en la reubicación del casco urbano de Bojayá. Sin embargo: “La reubicación de Bellavísta, por si sola, no garantiza un cambio sustancial en las condiciones estructurales que afectan el desarrollo de la región. Por el contrario, la orientación de la mayoría de los esfuerzos hacia este fin ha provocado el desconocimiento de realidades históricas como la exclusión, el marginamiento y la pobreza de toda la zona del Medio Atrato”.
La presencia de la Fuerza Pública ha garantizado la seguridad a la población retornada a las cabeceras municipales de Bojayá y Vigía del Fuerte. “Sin embargo, la población de las zonas rurales sigue siendo vulnerable a la acción de las FARC o de las AUC, lo que puede motivar nuevos desplazamientos forzados”.
Qué hacer...
En el Informe de la Defensoría se hace una serie de recomendaciones, dirigidas especialmente al Estado, donde se lo insta a responder a la crítica situación de salud, educación, saneamiento básico y proyectos productivos, en especial en las zonas rurales del Medio Atrato, además de garantizar la recomposición del tejido social de estas comunidades. De igual forma, la intervención del Estado implica el fortalecimiento de las entidades departamentales y municipales como estrategia para la prevención y atención a las comunidades retornadas o en riesgo de desplazamiento.
Para la defensoría, si bien la presencia de la Fuerza Pública es fundamental para la sostenibilidad del proceso de retorno y reubicación, no es suficiente para garantizar la seguridad y protección de las comunidades rurales. Es necesario fortalecer la presencia de todas las instituciones civiles del Estado en la zona, preferiblemente por medio de la presencia permanente, visitas periódicas o de apoyo a los entes territoriales.
Para la Defensoría del Pueblo, los grupos indígenas del municipio presentan las mayores condiciones de vulnerabilidad y riesgo en comparación con el resto de la población, debido a las dificultades de abastecimiento, transporte y comunicación. Por lo anterior, se requiere por parte del Estado una atención diferenciada que responda a la grave situación de estas comunidades teniendo en cuenta las características culturales de las mismas.
