El número de indígenas desplazados se incrementó a 537 personas, de las cuales el 70 por ciento son menores de edad y madres lactantes, además de confirmarse el asesinato de cuatro personas, una de ellas en estado de gravidez, y la violación a cuatro jóvenes.
Aunque en un principio se atribuyó el desplazamiento masivo a supuestos combates en zona rural de la población de Tame, las organizaciones sociales y humanitarias del departamento confirman que el éxodo se generó a partir de una serie de atrocidades cometidas supuestamente por miembros del Ejército Nacional adscritos al batallón Navas Pardo.
De acuerdo con los testimonios de los indígenas, el día cinco de mayo hombres del Ejército Nacional, al mando del Teniente Coronel Alberto Padilla Torres, adscrito a la brigada XVIII, incursionaron a las veredas de Julieros, Valasqueros, Parrero, Roqueroz y Genareros del resguardo de Betoyes, portando brazaletes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Delante de toda la comunidad, los uniformados asesinaron a Nilson Delgado, Daniel Linares Sánchez, Samuel Linares Sánchez y Omaira Fernández, joven de 16 años que estaba embarazada y a quien le abrieron el vientre, le extrajeron el feto, lo cortaron en partes, lo introdujeron en una bolsa plástica y lo arrojaron al río junto con el cuerpo de la adolescente. Los hombres también violaron a cuatro jóvenes de 11, 12, 15 y 16 años.
Las atrocidades generaron un éxodo de poco más de 500 personas, quienes se refugian en la iglesia católica Cristo Rey. La situación con el paso de las horas se torna delicada, toda vez que las autoridades desalojaron a los indígenas del templo, ubicándolos en el colegio Rafael Pombo. No obstante, los desplazados se volvieron a tomar las instalaciones de la iglesia, a la espera de ayuda humanitaria, mientras se esperaba el arribo de otro grupo de Guahibos provenientes de Tame y Pueblo Nuevo.
La Red de Solidaridad Social informa que las condiciones de los desplazados son deplorables, toda vez que la población presenta diarrea e infecciones en la piel.
La directora de la oficina de Asuntos Étnicos de Saravena, Isabel Mora, indicó a Actualidad Étnica que en el trascurso de la mañana se adelantará un consejo con las autoridades municipales, representantes del Gobierno Nacional y los gobernadores indígenas para hacer frente a la delicada situación, pues al municipio siguen llegando indígenas horrorizados.
Exigencias de la etnia Guahiba
Tanto las comunidades como las distintas organizaciones sociales y humanitarias de Arauca demandan una serie de exigencias que se resumen en los siguientes puntos:
- Al Gobierno Nacional para que ofrezca garantías para la vida en condiciones dignas a cada uno de los miembros del resguardo.
- Al gobierno del Señor Álvaro Uribe Vélez para que garantice el retorno de las comunidades a sus resguardos, de donde fueron expulsados y desplazados violentamente el 5 de mayo del presente año por miembros del Ejército Nacional con brazaletes de las AUC.
- Que retire inmediatamente al Ejército Nacional de las veredas Julieros, Velazqueros, Parrero, Roqueroz, Genareros pertenecientes al resguardo indígena de Betoyes, ubicado en el municipio de Tame.
- Investigación y condena a los culpables de los crímenes.
- A la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior para que garantice el cumplimiento de las disposiciones emanadas por la legislación indígena y la Constitución Nacional sobre los Derechos Especiales de los Pueblos Indígenas.
- A la Defensoría del Pueblo para que garantice el respeto a los Derechos Humanos del pueblo Guahibo.
- A la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y demás organismos gubernamentales para que investiguen y judicialicen a los responsables de los hechos, para evitar que los mismos queden en la impunidad.
- A la Policía y Ejército Nacional para que persiga, combatan y capturen al grupo integrante de sus filas responsable de los hechos.
- A la Red de Solidaridad, para que atienda a esta población desplazada y dé cumplimiento a lo consagrado en la Ley 387.
- Conformación de una Comisión Interinstitucional para que se desplace al municipio de Saravena y verifique los hechos.
