Cuatro dirigentes indígenas asesinados y otros cuatro al borde de la muerte es el trágico saldo que deja una masacre perpetrada por un grupo armado no identificado en la población de Riosucio, departamento de Caldas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) advierte a la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez que si su política de seguridad representa más muertes para los pueblos indígenas, las etnias estarán preparadas para defender su unidad, su territorio, su cultura y su autonomía.
En hechos sin precedentes y aún por establecer, fueron masacrados este domingo cuatro dirigentes de la etnia Emberá Chamí pertenecientes al Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC). Cuatro más se debaten entre la vida y la muerte en el centro hospitalario del municipio de Riosucio.
De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), los ocho indígenas se movilizaban por la carretera que de Riosucio conduce al municipio de Supía. A la altura del sitio conocido como La Herradura, fueron sorprendidos por individuos con armas de largo y corto alcance que les dispararon con sevicia, rematándolos con granadas.
Las comunidades de Cañamomo y Lomaprieta lloran hoy a Gabriel Cartagena, Fabio Tapasco, Hugo Tapasco y Diego Suárez León, quienes cayeron en la mortal emboscada. Por su parte, bajo pronóstico reservado se encuentran Norley Calvo, Gersain de Jesús Díaz, Pedro Alejandrino Campeón y Corado Reyes.
“El compañero Gabriel Cartagena, quien hasta hace poco se desempeñaba como Gobernador del Resguardo Cañamomo y Lomaprieta, había renunciado a su cargo para lanzarse a la alcaldía de Riosucio a nombre del pueblo Emberá Chamí. Su decisión – respaldada por la comunidad – le valió innumerables señalamientos por parte de funcionarios de la Alcaldía, que ante una inminente derrota en las urnas, no dudaron en señalarlo una y otra vez como auxiliador de la guerrilla” indicó la ONIC.
Aunque hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido la responsabilidad del atroz hecho “los señalamientos por parte de funcionarios de la Alcaldía de Riosucio le pusieron precio a la cabeza del compañero Cartagena”, ratificaron integrantes de la organización regional indígena.
Para la ONIC, estos señalamientos y acusaciones seguirán siendo el pan de cada día “con la entera complacencia del Gobierno Nacional, a quien no le interesa callar la boca de sus funcionarios”.
De igual forma, le exigieron a la administración del presidente Álvaro Uribe manifestar su posición frente a la sistemática violación a los derechos humanos que sufren los pueblos indígenas, advirtiendo que las etnias están preparadas para luchar para defender su unidad, su territorio, su cultura y su autonomía.
Para el senador Gerardo Jumí Tapias, el hecho se constituye en una prueba más sobre la ausencia de una política coherente por parte del Estado para garantizar la supervivencia y la protección de una población que, como la indígena, es altamente vulnerable, convertida en blanco móvil de los actores armados.
En tal sentido, el congresista indígena envió en días pasados un carta al Alto Comisionado Para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, Michael Frühling, con el objeto de “solicitar la intervención del funcionario en procura de obtener pronto apoyo para la investigación de las diversas denuncias realizadas, su verificación, señalamiento de responsabilidades, la adopción de acciones de protección y, si es del caso, el restablecimiento de los derechos vulnerados”.
