Graves denuncias efectuaron el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (COTAINDOC) sobre la situación de orden público en los territorios asentados al oriente del departamento, donde el control territorial y la política de seguridad de la administración del presidente Uribe se convierten en factores que intensificaron las acciones violatorias a los derechos humanos por parte de todos los actores armados, generando en los cabildos temor y zozobra, especialmente en el municipio de Totoró.

La organizaciones indígenas manifestaron que las violaciones se concentran en los municipios de Totoró, Paniquitá, Polindara, Jebalá, Novirao, Quichaya, Ambaló, Quizgó, Pitayó, Tumburao, Raíces de Oriente, La María y San Antonio, lo que motivó adelantar una reunión en La María (Piendamó) para evaluar la situación, y elevar las denuncias a la regional de la Defensoría del Pueblo.

Las denuncias dan cuenta del suicidio de un joven indígena perteneciente al resguardo Polindara, que fue reclutado a la fuerza. También se denunció la muerte del estudiante Jhon Jairo Cruz, del resguardo de Paniquitá, víctima de una mina antipersonal sembrada por el VI Frente de las FARC EP, hecho que causó heridas al menor Jesús Campo.

Los asistentes plantearon el impacto negativo que para las comunidades traen los continuos combates entre la insurgencia y el Ejército, provocando daños a la infraestructura de casas, torres de energía y cultivos, muerte de animales domésticos, amenazas permanentes, señalamientos y presiones.

Por otro lado, el CRIC y COTAINDOC manifestaron reservas frente a la decisión de montar una base militar para soldados campesinos al interior del resguardo indígena de Totoró, exigiendo a la población un recibimiento de bienvenida.

“Lo anterior se decidió sin consultar con las comunidades ni con las autoridades tradicionales, desconociendo los continuos reclamos que hemos hecho frente a no utilizar nuestros territorios para acciones armadas y evitar el involucramiento de menores en la guerra. Es claro para nuestras autoridades que el gobierno nacional se niega a oír, o por lo menos a analizar nuestros planteamientos y requerimiento de no ser involucrados en el conflicto armado, por el contrario tanto el Estado como la subversión hacen esfuerzos por crear las condiciones de guerra para que nuestra gente se alié con uno o con otro de los actores de la confrontación armada”, sostuvieron los consejeros al fin de la reunión.

Las dos organizaciones indígenas solicitan a la Defensoria del Pueblo agilizar las investigaciones correspondientes a los hechos denunciados, buscando garantías para que se proteja a las comunidades, y se identifique las correspondientes responsabilidades.