Esta semana presentó su renuncia ante la Cámara de Representantes el Defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes Muñoz, quien efectuó un balance donde se destaca el fortalecimiento que tuvo la entidad durante su gestión, mediante un incremento significativo de las acciones humanitarias en las zonas más vulnerables del país.
En el informe, Cifuentes Muñoz hizo énfasis en los esfuerzos por fortalecer la capacidad de investigación, para afianzar los pronunciamientos y recomendaciones por parte de la Defensoría, buscando que las acciones no se quedaran en meros propósitos de intención.
En tal sentido, uno de los principales logros obtenidos en los tres años de gestión es el relacionado con el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la cual permite, entre otros aspectos, “comprender la dinámica del conflicto armado del país”, permitiendo “anticiparse a eventuales violaciones masivas a los derechos humanos”, posibilitando que, por ejemplo, durante la primera etapa del proyecto, desarrollado entre enero y agosto del año anterior, se emitieran 73 alertas tempranas y se adelantaran 411 acciones militares y de policía tendientes a prevenir los riesgos que enfrentaba la población civil. Los resultados del programa han sido tan positivos, que el 54 por ciento de las alertas tuvieron incidencia directa, logrando disuadir acciones de amenaza en 19 por ciento y mitigación en un 35 por ciento.
También se trabajó en lo respectivo a la atención de población desplazada a través de la Coordinación para la Atención al Desplazamiento, que buscó que las personas víctimas recibieran ayuda no sólo en asistencia humanitaria, sino que también pudieran “recuperar las condiciones de vida perdidas”.
El programa permitió que la Defensoría emitiera seis resoluciones sobre las comunidades desplazadas de Altos Cazucá (Soacha), El Salado (Bolívar), la región del río Naya (Cauca) y Bajo Atrato (Chocó).
De igual forma, desde diciembre del año 2000 la Defensoría diseño el mecanismo de Informes y Resoluciones Defensoriales como herramienta para, por un lado, denunciar las violaciones cometidas en el país, por otro lado, recomendar acciones sobre el particular. Hasta la fecha se han emitido 61 resoluciones y 19 informes, que, para el caso de los pueblos indígenas, han cobijado a la Sierra Nevada de Santa Marta, el Norte del Cauca y el Alto Sinú.
Como complemento de los informes y resoluciones, también se adelantaron 27 Audiencias Defensoriales, como escenario para que las víctimas de las violaciones presentaran sus problemáticas ante las autoridades.
Por otro lado, con apoyo de diversas agencias internacionales se implementarán una serie de proyectos y programas que van desde la sensibilización de la población frente a los derechos humanos hasta la presencia permanente en zonas de alto riesgo.
Para el caso de los pueblos indígenas, se desarrollará un programa de acompañamiento para fortalecer la autonomía y el ejercicio de los derechos humanos colectivos e integrales, que, con apoyo de los gobiernos de Canadá y Dinamarca, beneficiará a las comunidades de los departamentos de Arauca, Casanare, Caquetá, Tolima, Putumayo, la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y las comunidades afrocolombianas de la población de Buenaventura.
Resoluciones Defensoriales sobre grupos étnicos expedidaslt;/B>
No. 4. Impacto de las fumigaciones en 11 proyectos de desarrollo alternativo en Putumayo.
No. 9. Situación de orden público en la región del río Naya
No. 10. Retiro efectivo de cerca de 400 mil personas pobres del régimen subsidiado.
No. 13. Violación de los derechos humanos de la comunidad indígena Emberá- Katío del Alto Sinú.
No. 24. Situación de Derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Serranía del Perijá
No. 25. Los desplazados del Bajo Atrato
No. 26. Derechos humanos y fumigaciones en el departamento del Putumayo
Resoluciones Humanitarias
No. 12 Muerte de 119 personas en la población de Bojayá (Chocó)
