Este nueve de agosto se celebrará en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. Para este año, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desarrolló una Mesa de Discusión a la cual fueron invitados Armando Valbuena, presidente saliente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Gabriel Muyuy, Defensor Delegado para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría del Pueblo, Patricia Linares, Procuradora Delegada Preventiva en materia de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación y el director (e) de Naciones Unidas, Amerigo Incalcaterra.
La conclusión de la mesa fue contundente: el panorama de los pueblos indígenas de Colombia es cada vez más desalentador y dramático, en la medida que avanza, se degrada e intensifica el conflicto armado, de la mano de la inoperancia y desinterés por parte del Estado y de sus gobiernos de turno.
“Nuestro pueblos han sido afectados por la violencia y los intereses económicos que hay sobre nuestros territorios. Debajo de las tierras hay petróleo, hay gas, hay agua; por encima está el invaluable oxigeno, la vegetación y, sobre éstos, caen como rapiña las trasnacionales. Pero como nuestros territorios son inalienables e intransferibles, ratificado por la Constitución y los tratados internacionales, llegan los paramilitares a exterminarnos y masacrarnos, porque unas tierras sin indígenas dejarían de ser inalienables. Y todo esto se da porque el país se está preparando para ratificar los tratados de libre comercio como el ALCA, en un entorno neoliberal. Esta es una política de Estado que los gobiernos de turno no están interesados en desmontar”, ratificó Armando Valbuena.
Para Gabriel Muyuy, se han efectuado avances significativos en materia de política étnica en todo el mundo. “Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque estos avances se quedan en el papel, sin que los gobiernos presten mucho interés y compromiso a la reglamentación de estas normas”.
De igual forma, para Amerigo Incalcaterra “los grupos étnicos siguen siendo víctimas de violaciones de sus derechos civiles y políticos, en especial el derecho a la vida, así como de discriminación racial, intolerancia y exclusión social. Sus derechos sociales, económicos y culturales se afectados por las condiciones de pobreza y exclusión en las que se encuentran. El conflicto armado agrava aun más esta situación y amenaza, en consecuencia, la existencia misma de varios de estos grupos”.
Frente a este panorama, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas instó al gobierno nacional a que adopte todas las medidas necesarias para la supervivencia y el desarrollo de dichos pueblos, dando pleno reconocimiento a su diversidad étnica y cultural. De igual forma a que tome medidas de protección efectiva para preservar la vida de los líderes, gobernantes tradicionales y demás miembros de las comunidades indígenas que se encuentran amenazados.
