Los representantes de las comunidades afrocolombianas rechazaron la versión suministrada por la segunda Brigada de Infantería y difundida por el Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República en relación con la muerte de cinco campesinos en el río Anchicayá, hecho acontecido el sábado 14 de junio del presente año.
Desde un primer momento Actualidad Étnica informó sobre la situación en esta región: desde la alerta temprana lanzada por la Defensoría del Pueblo sobre una posible incursión por parte de las AUC, pasando por la muerte de los cinco campesinos en el río Anchicayá atribuida a una incursión del Bloque Calima de las AUC el 14 de junio del presente año, hasta la versión dada por la Segunda Brigada de Infantería de Marina, quien sostuvo que no hay indicios ciertos sobre la incursión, argumentando que las muertes fueron producto de pugnas entre narcotraficantes. Hoy presentamos la reacción de las comunidades afrocolombianas al respecto, quienes ratifican que sí hubo incursión, y que las personas asesinadas eran simples labriegos.
De acuerdo con representantes de las comunidades afrocolombianas, lo descrito por la Segunda Brigada frente a lo acontecido el 14 de junio es contrario a lo que está pasando en Buenaventura: “Es mentira que las comunidades no hayan alertado la presencia de las AUC en la zona. Desde el mes de febrero se dio la alarma general sobre una potencial incursión por parte del grupo armado, alarma que fue recogida por el Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, Hernán Sandoval. La Segunda Brigada desconoce que el mismo sábado, cuando se recibió la noticia de la incursión, se transmitió la incursión al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Tampoco es cierto que las personas asesinadas estén vinculadas con el narcotráfico. Ellos eran simples labriegos”, además de agregar que la situación en Buenaventura sigue siendo dramática, ya que los asesinatos sistemáticos no han parado (el último ocurrió el 27 de junio en el barrio La Dignidad donde cayeron cuatro personas al parecer a manos de la AUC) y las amenazas de una nueva incursión de grandes proporciones son latentes.
Aunque la Segunda Brigada sostiene que lo ocurrido el 14 de junio no fue advertido por los pobladores a las autoridades locales como alerta temprana, la Defensoría del Pueblo en dos oportunidades advirtió sobre el inminente riesgo en el que se hallaban los pobladores del río Anchicayá.
“El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ya había advertido el alto riesgo que se cernía contra los habitantes de esta zona del país... El pasado 1° de abril de 2003, a través del Informe de Riesgo No. 025, el SAT de la Defensoría advirtió al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior sobre la posible ocurrencia de desplazamientos, homicidios selectivos, masacres y combates, como consecuencia de la disputa territorial entre las Autodefensas y las guerrillas de las FARC EP y el ELN por el control de la costa pacífica vallecaucana, en particular, el corregimiento del Bajo Calima, Buenaventura. No obstante, entre el 28 de abril y el 4 de junio, ocho personas fueron asesinadas en dos masacres en ese corregimiento”, sostuvo la Defensoría del Pueblo el día 18 de junio.
Precisamente después de la muerte de las ocho personas, la misma Defensoría denunció una serie de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas de la zona: “Según datos recibidos por la Defensoría Regional Valle del Cauca y la Personería Municipal de Buenaventura, el domingo 27 de abril fueron asesinadas cinco personas, entre ellas los hermanos Carlos y Efraín Iriarte Medina – de avanzada edad – reconocidos habitantes de la población, y tres presuntos miembros de las Autodefensas. Al día siguiente, el lunes 28 de abril, la II Brigada de Infantería de Marina, ingresó al lugar y facilitó el retiro y traslado de los cadáveres hacia el cementerio católico de Buenaventura. Siendo las seis de la tarde, después del sepelio de las víctimas de la incursión, se presentaron hombres armados disparando contra quienes se encontraban en el lugar. Otras tres personas resultaron muertas, dos de ellas familiares de los hermanos Iriarte, y la tercera conductor de la funeraria... De otra parte, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento que el martes 29 de abril fue asesinado el profesor Ventura Jiménez, quien trabaja en la vereda San Francisco, en la zona del río Raposo, área rural del municipio de Buenaventura, al parecer por miembros del 30 Frente de las FARC EP”.
Es de anotar que sobre el área rural del municipio de Buenaventura existe una alerta permanente, reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien conminó al Gobierno Nacional a adoptar medidas cautelares para todas las comunidades asentadas en la zona.
