Inminente fue el llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de las comunidades desplazadas de la cuenca del Cacarica, y cesen contra ellos las sindicaciones hechas por el comandante del Ejercito Nacional, general Jorge Enrique Moro, en torno a que en los asentamientos donde ahora se encuentran los desplazados se han convertido en centros de concentración de las FARC-EP.
“Las declaraciones hechas por el comandante del Ejército, son preocupantes por cuanto no corresponden a la realidad y, por el contrario, podrían poner en riesgo a las comunidades que allí habitan”, aseguró la Defensoría.
Estas comunidades, que en 1997 fueron obligadas a salir de sus territorios por la intensificación del conflicto armado entre Autodefensas Campesinas de Córdoba y las FARC-EP, y que permanecieron por dos años albergadas en el Coliseo de Turbo y en la Hacienda el Cacique, Bahía Cupica (Chocó), conformaron voluntariamente en el año 1999 dos asentamientos “Esperanza de Dios” y “Nueva Vida”, en donde construyeron a su alrededor una cerca de alambre de púas para evitar el ingreso de los actores armados a sus zonas de habitación y cultivo, definidas como zonas humanitarias.
Dentro de los acuerdos contemplados por el Gobierno, las comunidades y la Comisión Mixta de Verificación (conformada por el Programa Presidencial de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Red de Solidaridad Social, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, representantes de entidades internacionales y ONG`s) estaba la construcción de viviendas, un proyecto productivo, el destaponamiento de los caños y la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo. La mayoría de estos proyectos fueron financiados con recursos del Presupuesto Nacional y supervisados por la Red de Solidaridad Social, el Ministerio de Transporte y el Banco Agrario, entro otros.
Para la Defensoría del Pueblo “las entidades gubernamentales que hacen parte de la Comisión Mixta han visitado en varias oportunidades tales asentamientos, conocen la situación de sus habitantes y pueden corroborar los compromisos adquiridos por las diferentes entidades del gobierno y por su propia comunidad”.
Es por esto que la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno Nacional poner fin a la estigmatización de estas comunidades, a fin de que puedan reconstruir el tejido social y las ganas de vivir en sus nuevos territorios.
