El municipio de Mitú, capital del Vaupés, está ubicado a un 1º de latitud norte y 70º de longitud occidental. Limita al norte con la inspección de policía de Papunagua, al sur con el corregimiento de Pacoa, al occidente con Carurú y al oriente con Yavaraté y Brasil.
Tiene 15 mil habitantes aproximadamente, 80% de ella constituida por población Indígena y un 20% restante compuesto por mestizos, colonos y negros radicados en el territorio. La población indígena asentada en el casco urbano está conformada por varios grupos de personas y familias provenientes de diferentes comunidades del departamento, los cuales llegaron, unos en busca de empleo para mejorar su calidad de vida y ofrecer estudio a sus hijos, y otros por problemas con la comunidad y quienes se fueron ubicando alrededor de los barrios del centro, sin que exista un estudio o un plan municipal de desarrollo urbano. En esa dinámica se crearon los barrios Belarmino Correa, Las Brisas, Las Palmeras, San francisco, Siete de Agosto, Cuervo Araos, Villa Victoria, Inayá, Urania y Porvenir.
Los indígenas cuando estaban en sus comunidades escuchaban que las Instituciones del Estado eran el mayor generador de empleo, pero al llegar a Mitú y entrevistarse con los administradores de turno, les informaron que no había vacantes para tanta gente. Los recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de la Nación eran pocos y no estaban destinados para el funcionamiento burocrático, sino para ejecutar programas sociales de inversión (Ley 60 de 1993). No obstante, algunos gobernantes vincularon indígenas. De los 15 mil indígenas, el 25% labora en la Alcaldía, en la Gobernación, en el Hospital, en la Secretaría de Educación. Tan sólo un 1% gana más de dos salarios mínimos legales, mientras que el 24% restante recibe un salario mínimo.
A cerca de los recursos de transferencias se critica mucho a los gobernantes de turno porque dichos recursos se convierten en un fortín para ellos, ya que por medio de los suministradores reciben algún porcentaje de ganancias o pagan favores políticos. Sólo un grupo pequeño de suministradores ejecutan en forma voraz todos los recursos enviados en el año, obteniendo grandes ganancias, porque todo el mundo sabe que en Mitú los elementos suministrados a las entidades se sobrefacturan hasta en un 200% de su valor real. Algunos hasta sostiene que las ganancias son de un 40% para el gobernante de turno y un 60% para los suministradores.
En Mitú no hay microempresas y mucho menos industrias que puedan generar empleo, lo que implica que el 75% restante de la población indígenas que no consiguieron trabajo en la administración pública, buscan tierras para cultivar en la carretera que de Mitú conduce a Monforft, tumbando montes para sus chagras y poder obtener yuca, que es la base principal de la dieta alimenticia. De la yuca se saca la fariña, el casabe, se fabrica la chicha y otros derivados más.
Los colonos también entraron al mismo tiempo a cultivar en la carretera, aprovechando una resolución del INCORA que permitió trabajar hasta un kilómetro a lado y lado de la carretera.
En el año de 1990 se intensifica la actividad agrícola, la ganadería, la piscicultura y la avicultura, obteniendo el autoabastecimiento en los mercados y permitiendo llevar productos hasta ciudades como Villavicencio. Los indígenas crearon, entonces, una maloca como centro de acopio para ventas de productos tradicionales como la fariña, el casabe, al almidón, la chicha, la piña, la caña y otros.
Desde el año 1998 éstas faenas diarias comienzan a disminuir ante la presencia de los actores armados ilegales. Los primeros que abandonaron sus fincas fueron los colonos, otros las vendieron y los indígenas continuaron con sus chagras, porque para los alzados en arma la agricultura de los indígenas no representaba nada de interés. Durante el 2000 el Estado construye una base militar en la entrada de la carretera haciendo presencia; comienza, entonces, una disputa territorial de grandes dimensiones. Se sembraron, por ejemplo, cantidad de minas antipersonales como estrategia de defensa y control, poniendo en riesgo la situación de los chagreros indígenas. Desde esa época se comenzaron a registrar las primeras víctimas entre la población civil, en particular indígena.
Desde el mes de abril de 1999 se han reportado seis incidentes por cuenta de ese control territorial, cinco de los cuales han dejado víctimas y hechos lamentables. Pero lo que más asustó a la población y que se convirtió en una señal muy calara para que no se volviera a la chagra ocurrió el pasado mes de junio, cuando a un mestizo y ex líder de la carretera fue torturado y asesinado. Antes de matarlo, le cortaron la lengua y los genitales.
Además, en los últimos meses ha habido mucha presencia subversiva y enfrentamientos, haciendo que nadie pueda ir a la chagra. Si alguien quiere ir – sostienen los militares – es responsabilidad de cada persona. En ese sentido, ¿dónde está la seguridad que el gobierno Uribe ofrece? Es que ni siquiera la Defensoría del Pueblo puede ir a la carretera. Por ello, los indígenas solicitaron a la Cruz Roja de manera verbal para que mediaran con los grupos armados y así la gente pueda volver a las chagras. La gente necesita suplir sus necesidades. La respuesta que se ha recibido es que es imposible, porque ni siquiera ellos pueden entrar.
La población indígena asentada en el casco urbano ya no vende sus productos. Hay familias que duermen en el día con un vaso de agua, niños que van estudiar sin desayuno. Ya hay síntomas de desnutrición en la población infantil. Se espera que el Estado garantice la libre movilización de la gente y el pleno derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación. Así mismo, debe garantizar la protección a los líderes y los representantes de las organizaciones de los pueblos indígenas, comenzando por su reconocimiento por parte de la alcaldía municipal y de la gobernación.
