En el año 2002 la ciudad de Medellín no fue ajena a una dinámica nacional de precarización de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, es así como aumentan el desempleo y el subempleo, (56% entre ambos); el número de desplazados es cada día mayor; se intensifica el desplazamiento intraurbano; los infanto juveniles cada vez trabajan más y juegan un papel importante en numerosas familias mientras su educación es precaria en calidad y cobertura; la vivienda de interés social es de cuestionable calidad y el espacio público se privatiza. Mientras tanto, la Alcaldía de Medellín improvisa políticas para el manejo del “orden público”, (Compro La Guerra); los mega-proyectos propuestos están descontextualizados si analizamos las necesidades sociales, crece el estigma sobre algunas comunas; las luchas territoriales de los actores armados se incrementan al igual que el dominio de los grupos paramilitares en vastos sectores; el número de N.N y desaparecidos se mantiene en relación con los otros años; los homicidios muestran una clara tendencia al alza; los espacios de participación ciudadana se recortan; entre otros hilos. Hilos que generan estilos de vida, violencias sistemáticas que forman una red que atrapa a los citadinos de Medellín, el futuro y la construcción de una ciudad incluyente quedan en entredicho. El gran interrogante: ¿qué ciudad estamos construyendo? ¿para quiénes? ¿cómo se garantizan y promueven los Derechos Humanos en este contexto?
La discriminación, la no-inclusión, la falta de participación de los pobladores se evidencia en múltiples formas de resistencias, incluyendo la armada, pues el conflicto urbano se expresa desde diferentes ópticas, las cuales, incluso, superan el orden constitucional para resolverlo. Recordemos que no todo lo legal es legítimo y no todo lo legítimo es legal. Sólo se puede entender la relación en el orden dialéctico cuando los ciudadanos se sientan incluidos, participantes y como sujetos de derecho, donde el Estado sea el garante de todos los derechos de las y los ciudadanos.
En diferentes medios de comunicación se publicaron algunos estudios que presentan cifras preocupantes en torno a cómo se profundizan las desigualdades sociales y crece la deuda social: el 1.1% de los propietarios poseen el 55% de la tierra en el país, más de un millón de campesinos no tienen tierra; cerca de tres millones de ciudadanos y ciudadanas están desplazados de sus territorios, más de tres millones no tienen empleo y siete millones están subempleados. Dos millones quinientos mil niños y niñas colombianos(as) tienen que trabajar, y más de tres millones de niños, niñas y jóvenes no van a la escuela, once millones de colombianos son indigentes y veintiún millones no poseen casa propia. Con respecto a la seguridad social la situación se agudiza, ya que veintidós millones de ciudadanos no están afiliados al sistema, mientras que treinta y un millones de colombianos están excluidos del régimen de pensiones.
Este es el panorama a tener en cuenta para que los análisis de las cifras citadas sean entendidas en el contexto, y este debe ser el reto, no sólo como punto de partida sino, y principalmente, para comprender la magnitud de la problemática por la que transita nuestro país, en especial la ciudad de Medellín.
En los últimos meses la vulneración y desconocimiento de los Derechos Humanos de los sectores menos favorecidos de Medellín se ha incrementado. Proliferan actividades de rebusque, informalidad, mendicidad, trabajo infantil, prostitución y venta de todo tipo de artículos en las calles. Un amplio margen de población sufre de hambre, desempleo, está desprotegida y no tiene seguridad social. Son comunidades a donde la providencia y las atenciones del Estado no llegan porque la ciudad no está para ellos. La pobreza, y peor aún la miseria, constituyen en esta región una violación continuada, masiva y sistemática de los derechos elementales de los seres humanos.
El modelo económico vigente en el país es la causa directa del incremento en los niveles de pobreza y miseria, porque profundiza la exclusión de amplios sectores sociales, incrementa las desigualdades, concentra la riqueza en unas pocas manos y deja a la mayoría de la población en imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas de salud, educación, vivienda, alimentación y empleo.
Mientras tanto, las políticas económicas implementadas por el gobierno de Álvaro Uribe destinan la mayor parte de los presupuestos públicos a la atención de los gastos de la guerra y de la deuda pública, dejando sin recursos la atención de las necesidades básicas de la población. Más de 40 años llevan los sucesivos gobiernos intentando la vía de la guerra como salida al conflicto armado, sin otro resultado que el de su profundización. Así mismo, la vía del endeudamiento como mecanismo para la financiación del desarrollo ha probado su ineficacia porque incrementa la deuda injusta e impagable. La guerra y la deuda como prioridades agravan la crisis social, económica y política y vulneran los Derechos Humanos de la población.
En Antioquia el deterioro de la situación social se expresa en el hambre que padecen amplios sectores de la población. 150.000 niños en condición de desnutrición crónica son una realidad que debe alarmar a las autoridades y debería concitar acuerdos y decisiones urgentes para poner fin a este martirio continuado del sector más vulnerable de la población. Si hubiera la voluntad de ser congruentes en los planes para la paz, esta realidad de hambre de nuestros niños debería llevar de manera pronta a un replanteamiento inmediato de las prioridades de gasto, en donde quedaría claro que la construcción de túneles, grandes vías y obras de infraestructura no pueden continuar siendo la prioridad. La lucha contra el hambre, la desigualdad y la miseria deberían constituir el eje de un amplio programa de emergencia social, que busque aliviar la situación angustiosa de cientos de miles de familias que en nuestro departamento no pueden disfrutar el derecho de comer 3 veces al día y un niño, niña o joven muere cada dos días muera de física hambre.
El proyecto de hacer de Medellín una “Ciudad Competitiva”, atractiva al turismo y a la inversión extranjera, desconoce masivamente los derechos de los sectores más pobres de la ciudad, en tanto la acción de las autoridades privilegia la estética urbana que requiere el proyecto de hacer de Medellín un Centro Internacional de Servicios. Estas violaciones masivas de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales está conduciendo también a violaciones sistemáticas de los derechos y libertades civiles de los pobres, que no son funcionales a este modelo.
Las prácticas de discriminación y control social contra los marginados y los excluidos de la ciudad ha llevado a las autoridades locales a vulnerar masivamente los Derechos Humanos de estos sectores sociales que, además de la pobreza y la desprotección del Estado, se convierten en nuevas víctimas de las políticas de criminalización de la pobreza.
Una mirada rápida a los resultados de la globalización desde un ámbito nacional, regional hasta lo local, muestra un desalentador panorama de pobreza, exclusión y desigualdad en el cual lo único que no se ha globalizado es la justicia social y la igualdad de oportunidades para las mayorías.
Según el Banco Mundial (BM) el 64% de la población colombiana vive en la pobreza, cifra que equivale a 27 millones, de los 42.3 millones de habitantes del país.
Después de la recesión que se vivió en 1998, los índices de pobreza retrocedieron a los niveles de hace 10 años, según este informe la economía colombiana tendría que crecer a un 4% anual durante 10 años para reducir la pobreza a niveles de 1995. La situación es grave si se tiene en cuenta que las proyecciones actuales hablan de un crecimiento de la economía del 2% anual con dificultades. (Cifra que fue revaluada por el gobierno nacional, ya que la proyectada para este año es del 1.5% de crecimiento del producto interno bruto, PIB, y no del 2.5% como se había estimado) Por su parte el DANE anuncia que revisará a la baja la estimación de crecimiento del 1.56% del PIB para el 2001, el cual sería en realidad del 1.28%. Esto ratifica una vez más la conocida tesis de que los ricos serán cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, porque los índices de pobreza, crecen al mismo ritmo que la desigualdad.
Por otro lado, la deuda del sector público nacional fue de 39.258 millones de dólares equivalente a un 48 % del PIB.
Según un informe de la Contraloría General, el déficit fiscal del gobierno nacional sería de 6.9% del PIB a finales de 2001, aunque otras fuentes gubernamentales hablan de un déficit del 5.8%.
De acuerdo con el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en 1999 el 56% de la población del departamento de Antioquia mostraba deficiencias de cobertura, en el 2001 este porcentaje subió al 65%.
El índice de desarrollo humano en Antioquia se ubica por debajo del promedio nacional de 0.77, con 0.75. La esperanza de vida también se sitúa por debajo con 69.5 años, cuando el promedio nacional es de 71.6.
En cuanto al coeficiente de gini, que mide los niveles de distribución del ingreso, correspondiendo el valor 0 a las sociedades más igualitarias y el 1 a las más desiguales y concentradas en ingresos, en 1999 en Antioquia se registró un 0.54.
El panorama socioeconómico de la ciudad de Medellín se articula explorando cada una de las siguientes temáticas: estratificación social, desempleo, ingresos, salud, educación, vivienda, zonas de alto riesgo, desplazamiento forzado y violencia intrafamiliar.
