La situación de los derechos humanos indígenas durante la vigencia del Estado colombiano siempre ha estado en crisis, que hoy se agudiza por la confrontación de los grupos armados, los megaproyectos y, el narcotráfico entre otros factores. Los mecanismos institucionales y jurídicos adoptados por el Estado han demostrado un bajo impacto a la hora de garantizar los derechos de la población nativa, es necesario repensar mecanismos de monitoreo y seguimiento, protección y justiciabilidad, de lo contrario, hablar de la vigencia de los derechos humanos indígenas en Colombia no será más que un recurso retórico.
A través de este documento se lanzan para la discusión una serie de propuestas que generen mecanismos de protección político organizativos y jurídicos complementarios de los mecanismos legalmente establecidos en la normatividad colombiana.
Si bien es cierto, mecanismos jurídicos como la acción de tutela ha demostrado eficacia para prevenir violación de derechos fundamentales colectivos, como fue el caso de los Nukak en relación con la exploración petrolera en sus territorios, o el triunfo parcial referente a las fumigaciones con glifosato no son suficientes para garantizar la prevención, protección y justiciabilidad de los derechos humanos indígenas.
Las grandes distancias, el aislamiento y dispersión de muchas comunidades, así como los altos costos de movilización, el desconocimiento de estos mecanismos por parte de las autoridades o la ausencia de asesoría oportuna hacen que los derechos humanos de los pueblos indígenas carezcan de garantías.
Lo anterior se agrava aún más por el limitado acceso a mecanismos internacionales ya sea en el sistema interamericano o en el sistema de las Naciones Unidas. Ello se debe entre otros a factores como: desinformación sobre las situaciones de riesgo, violaciones a los derechos humanos y el DIH, los canales de denuncia para las comunidades no son claros o se carece de medios económicos, logísticos y humanos para acceder a tales mecanismos, de otro lado, los sistemas existentes están diseñados para la violación de derechos civiles y políticos de carácter individual, que para los derechos económicos, sociales y culturales son ineficaces.
Para formular mecanismos de protección de los derechos humanos indígenas es preciso retomar los aprendizajes obtenidos en nuestras luchas. La experiencia nos ha enseñado que la historia de nuestra organización es la historia por la defensa de nuestros derechos económicos, sociales y culturales. En desarrollo de este proceso los pueblos indígenas hemos acudido a todo tipo de mecanismos que de una manera u otra han presionado al Estado y otros actores para que se nos reconozca como sujetos colectivos, se eleven nuestras reivindicaciones a la categoría de principios y derechos constitucionales y se genere opinión pública nacional e internacional frente a la defensa de nuestros derechos. De allí que de manera complementaria a los mecanismos jurídicos existentes se establezcan algunos mecanismos que se describen a continuación.
Mecanismos políticos organizativos
El fundamento de estos mecanismos es el fortalecimiento de nuestra cultura y autonomía como pueblos, los escenarios deben partir del fortalecimiento de lo local y desde allí establecer una interacción en los niveles zonal, regional, nacional e internacional.
Fortalecimiento y actualización de la Jurisdicción especial indígena
Se trataría del afianzamiento de la jurisdicción especial indígena. Para ello se deberá comenzar por valorar el papel de las autoridades tradicionales desde cada cultura, pero dicho papel deberá ser complementado con una evaluación sobre sus alcances y limitaciones para el ejercicio como autoridad frente a los conflictos y problemáticas internas, a partir de allí identificar cuáles son sus vacíos de cara a los nuevos dilemas que repercuten en nuestros derechos. Deberán las organizaciones indígenas definir una metodología de acompañamiento a este proceso partiendo de procesos comunitarios, en primer término, y buscando el reconocimiento de actores institucionales y no institucionales en segundo término.
Red nacional de derechos humanos indígenas
Generar una red de Derechos humanos desde lo local, que permitan actualizar diagnósticos, prevenir hechos violatorios, atender y dar seguimiento a los casos de violación de los derechos humanos en territorios indígenas de la Región amazónica y buscar los mecanismos jurídicos y no jurídicos para la protección de nuestros derechos.
Su principal papel sería convertirse en el mecanismo de enlace entre los pueblos y sus organizaciones frente al Estado y otros actores que generan la violación de los derechos humanos indígenas y servir como fuente permanente de información sobre los conflictos que afecten a la población indígena, generando una metodología de trabajo sistemático y participativa.
Sus principales funciones serían las siguientes:
Ubicar los problemas, buscar las soluciones y hacer las denuncias necesarias; Asesorar a las autoridades indígenas, cabildos y comunidad en general en el manejo del fuero, legislación y reglamento indígenas; Actuar como mediadores en los problemas entre comunidades, cabildos, organizaciones; Servir como tutores, coordinadores u orientadores en distintos evento; Representar a las comunidades para ayudar a resolver algunos problemas en aquellos casos en que los mismos pueblos afectados deleguen dicha tarea; Adelantar labores de promoción, prevención y protección de los derechos humanos indígenas; Promover alianzas entre los mismos pueblos indígenas, y de estos con otros sectores sociales en el campo regional, nacional e internacional; Vigilar para que se nos respeten y se apliquen los derechos humanos indígenas; Promover el conocimiento y capacitación sobre derechos humanos indígenas a las comunidades; Prevenir la violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario; Denunciar, adelantar y hacer seguimiento de las acciones jurídicas y políticas en los casos de amenazas y violaciones; Coordinar acciones encaminadas a garantizar y proteger todos los derechos humanos
Para su operatividad se propone que su radio de acción tenga varios niveles: regional, Macro-regional y nacional. Y para el ejercicio de su labor se tendrían en cuenta elementos como mejoramiento de las comunicaciones (Red de radioteléfonos, correo electrónico, etc.), cofinanciación de transferencias y proyectos de diverso origen, seguimiento sistemático a las denuncias y los trámites judiciales y no judiciales.
Como tareas inmediatas de esa Red podrían tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes
- Recoger y sistematizar información sobre la violación de derechos humanos en el departamento
- Presentación de la propuesta ante las directivas de las organizaciones indígenas para definir una política y estrategias comunes de trabajo para una mayor eficacia en la defensa de nuestros derechos.
- Seguimiento de los casos y acciones hasta el final
Para definir el perfil de los miembros de esta red se proponen criterios como: ser líderes de amplia trayectoria en trabajo con la comunidad, no tener antecedentes de mala conducta con las comunidades ni en materia penal con las autoridades del Estado, disponibilidad de tiempo, preferiblemente no debe ser funcionario público y buscar equidad de género en la composición.
Alianzas con otros sectores.
La primera alianza deberá ser entre los mismos pueblos indígenas y sus organizaciones, partiendo un principio: “unidad en la diferencia” para aunar esfuerzos en la defensa de nuestros derechos.
En segundo término deberá promoverse la alianza con otros movimientos étnicos y sociales y con el movimiento de los derechos humanos en el nivel nacional e internacional. El fundamento de esta alianza sería la solidaridad mutua entre los distintos sectores, ya que los agentes de la violación de derechos humanos indígenas y no indígenas y las causas generadoras de las mismas son estructurales y tienen un sustrato común determinado en esta coyuntura por la globalización de la economía y el mercado internacional como factores que agudizan la crisis y el conflicto en nuestro país.
Mecanismos políticos y jurídicos
La propuesta central sería promover la generación de políticas públicas por parte del Estado con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para con los pueblos indígenas, y por lo tanto, comprometerse en la protección de nuestros derechos.
Estrategia de monitoreo y alertas tempranas
Para la instrumentalización de mecanismos, no será necesario crear nuevas instancias, bastaría con reactivar la mesa de concertación sobre derechos humanos definida en el Dcto. 1396 de 1996, y definir una agenda de trabajo que tenga en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:
- Evaluación periódica sobre la situación de los derechos humanos indígenas en Colombia.
- Sistema de monitoreo y alertas tempranas para la prevención.
- Información actualizada y sistemática sobre la violación de derechos humanos indígenas.
- Seguimiento a casos de violación
- Definición y puesta en práctica de mecanismos de protección.
Tribunal internacional
Constituir un Tribunal Internacional Ad-hoc para que a través del estudio y documentación de casos concretos adelante una investigación y emita un fallo en contra de los agentes violadores de derechos humanos indígenas y que públicamente los convoque para asumir sus obligaciones, especialmente al Estado colombiano, de modo que sirva como mecanismo de prevención de nuevas violaciones y a la reparación e indemnización de perjuicios causados a los Pueblos Indígenas.
Este tribunal estaría precedido de una Misión Internacional que haga una caracterización general sobre la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, seleccione casos representativos que sean llevados al Tribunal Ad Hoc y se presenten además a las instancias correspondientes en los Sistemas Interamericano y de las Naciones Unidas.
