Se reúnen en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia diversas organizaciones sociales y de derechos humanos para la presentación del Sistema Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), en la cual se discutirán las estrategias para mejorar la atención integral a la población indígena en riesgo y desplazada por el conflicto armado.
Para la Dirección de Etnias, la mayoría de los territorios indígenas del país han sido afectados por el conflicto armado y hay regiones críticas como la Sierra Nevada, Putumayo, Cauca, Chocó, Urabá, Córdoba y la Serranía del Perijá donde el fenómeno se torna complejo.
“No obstante, los indígenas han asumido una posición de permanencia en sus territorios, afirmando su autonomía en el manejo de sus asuntos comunitarios y su decisión de permanecer en su territorio, de no desplazarse sino en casos de extrema gravedad”, posición reafirmada en el Congreso de Pueblos indígenas de Colombia, realizado en Cota (Cundinamarca) en noviembre de 2001.
Es por esto que las organizaciones del orden local, regional y nacional, ven necesaria la articulación - integral y oportuna - de todas las entidades que tienen que ver con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, que permita prevenir, mitigar y atender adecuadamente los impactos que el conflicto armado y en especial el desplazamiento, genera en los pueblos indígenas.
De igual forma, se percibe que la política para población desplazada debe responder a un enfoque poblacional y territorial.
“La diversidad cultural e intereses de los pueblos indígenas y la normatividad para garantizar la atención diferencial, exige al Estado, adecuar las políticas y acciones que permitan transformar las condiciones de inequidad, vulnerabilidad y riesgo que afectan a estas poblaciones”.
Teniendo en cuenta que la población indígena es un grupo poblacional con problemáticas, intereses e interpretaciones particulares, la Dirección de Etnias ve necesario realizar la adecuación a cada una de las modalidades de atención, considerando las condiciones e intereses de las mujeres, ancianos, discapacitados, jóvenes y niños.
Con los aportes de las instituciones gubernamentales, de las organizaciones sociales y de derechos humanos, se terminará de construir un documento que recoja el accionar legal y operativo para la atención diferenciada a los pueblos indígenas que se encuentren desplazados.
