En carta dirigida al Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Carlos Franco, el Comité Ejecutivo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), puso en conocimiento el sucesivo y sistemático aniquilamiento al que ha sido sometido el pueblo Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta.
De acuerdo con la ONIC, en los últimos 9 meses han sido asesinados 44 indígenas y desplazadas más de 176 familias. Para la organización nacional el Estado ha sido negligente tanto en la investigación para el esclarecimiento de los casos como en la omisión para prevenir y atender las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.
En su misiva la ONIC señala que los pueblos de la Sierra Nevada (Kankuamos, Wiwas o Arzarios, Ikas o Arhuacos y Kaggabas o Kogis) vienen sufriendo un constante despojo territorial, con consecuencias nefastas para la estabilidad organizativa, para la supervivencia de las comunidades y para la supervivencia de la identidad cultural. Además, hace un recuento del aniquilamiento Kankuamo, siguiendo las siguientes líneas históricas:
A) Año 1948: época de violencia bipartidista en la que los campesinos, huyendo de ésta, ingresan a los territorios indígenas.
B) Años 70: se desata la bonanza “marimbera”, iniciándose un proceso de despojo de la tierra a través de cultivos de uso ilícito y la guaquería.
C) Años 80: como consecuencia del punto anterior, aparecen grupos guerrilleros de las FARC EP, el ELN y el EPL, donde al despojo territorial se le suma el control territorial. Desde esa época el pueblo Kankuamo retoma su forma organizativa y asume la defensa del territorio y de sus derechos.
Para la década de los noventa - continúa la carta - ganaderos y terratenientes forman grupos de autodefensas en el Cesar y el Magdalena. En 1996 hacen presencia en las comunidades de Río Seco, La Mina, Atánquez y Murillo. “Se generan, entonces, masacres y asesinatos”.
Los bloqueos de alimentos y medicamentos, el control de ingresos y salidas de personal a la zona, cobros de acuerdo a la actividad productiva y la extensión territorial son prácticas que comienzan a ser reiterativas desde 1999, “cuando paramilitares de las AUC, teniendo su base de operaciones en Los Corazones y Badillo, hacen retenes móviles en el sitio de la YE y Patillal”.
El año 2000 – 10 de mayo – se abrió con “un desplazamiento masivo de 1500 personas que se tomaron la plaza Alfonso López, 300 familias de las cuales el 80% eran de los sitios de Atánquez y la Mina”.
Un año después, el 8 de noviembre, se oficializan las AUC en el departamento bajo la denominación de , “que harán parte del Bloque Norte y operarán en el norte del Cesar y sur de la Guajira”. Las AUC incrementan su presencia en las poblaciones de La Mesa, Azúcar Buena y los Cominos de Tabacal.
Entre los meses de agosto y septiembre del año 2002, se presenta un nuevo desplazamiento hacia Valledupar de más de 100 familias provenientes de las comunidades de Atánquez y Río Seco.
En el presente año han aumentado las incursiones y los retenes ilegales en el puesto denominado La Ye de Río Seco, “donde, con lista en mano, los paramilitares asesinan a líderes e intimidan a integrantes de estas comunidades. Amenazas y atentados a líderes y desplazamiento de familias a cualquier ciudad del país, sin protección alguna de las entidades del Estado competentes en éste tema, como son la Red de Solidaridad y Ministerio del Interior”.
Asesinatos y desplazamientos
La carta da cuenta de una serie de asesinatos y desplazamientos cometidos o generados por la guerrilla, las autodefensas y la fuerza pública. Violaciones que van desde el año 1993 hasta la fecha:
En 1993 son asesinados 3 Kankuamos, dos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y uno por las FFMM. En 1994 el ELN asesina a tres indígenas más. Un año después, son asesinados cuatro indígenas (uno por las FARC EP, otro por el ERG y dos por las AUC). Para 1996 fueron asesinados cuatro nativos, dos atribuidos al ELN, uno a las AUC y uno cuya autoría se desconoce.
Lo más grave es que la tendencia de muerte y violencia viene en aumento con el paso de los años. Para el año 1997 fueron asesinados seis indígenas, tres por las AUC, dos por el Departamento de Seguridad DAS y uno por el ERG. En 1998 las AUC fueron responsables de seis asesinatos y las FARC de uno. Durante 1999 fueron asesinados quince nativos, siete por las AUC, cuatro por las FARC y cuatro cuya autoría no ha sido establecida.
Para el año 2000 se registraron 24 asesinatos (15 por parte de las AUC, 7 de las FARC, 1 del ELN y 1 cuyo autor se desconoce). En el año 2001 la cifra se incrementó a 18 asesinatos (8 atribuidos a las AUC, 4 a las FARC, 1 al ELN, 1 a las FFMM y 4 a desconocidos).
En el año anterior se registraron 38 nativos asesinados (27 por las AUC, 2 por las FARC, 1 por el ELN y 8 por desconocidos).
En lo corrido del año 2003 han sido 44 indígenas, 40 de ellos por parte de las AUC, 2 por las FARC y 2 por el ELN.
Las anteriores cifras lo que revelan es un etnocidio que en los últimos años ha cobrado la vida de 166 personas, siendo las AUC responsables de 109 (66%), las FARC de 21 (13%), 18 muertes de autoría no establecida (11%), el ELN de 12 (7%), la Fuerza Pública de 4 (2%) y el ERG de 2 (1%).
“Ante estos asesinatos, vemos con preocupación circunstancias tales como la omisión del Estado en practicar las diligencias debidas de levantamiento de cadáveres, recopilación y custodia de pruebas, especialmente de hechos ocurridos fuera del perímetro urbano de Valledupar, violaciones cometidas principalmente por paramilitares, ELN Y FARC; el control del paramilitarismo incrustado en la institucionalidad no permite denunciar y hacer seguimiento jurídico. El sitio de la YE, donde se realiza los retenes por los paramilitares, queda distante a 10 minutos de Valledupar donde se encuentra el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, y a 5 minutos está Patillal, donde opera un Comando adscrito a este Batallón”, sostiene la organización en la carta.
En cuanto al desplazamiento forzado, la ONIC registra 120 familias ubicadas en Valledupar, 20 en Bogotá, 11 en Riohacha, 12 en Barranquilla, 8 en San Juan del Cesar, 3 en Tolima y 2 en Cartagena, para un total de 176 familias despojadas de su tierra y obligadas migrar.
Por todo lo anterior, el pueblo Kankuamo, compuesto por unas 7500 personas, concientes de su posible extinción, reclaman y exigen:
Exigencias al Estado
- Aplicación de justicia para que los homicidios no queden en la impunidad y se judicialicen. Las investigaciones deberían ser adelantadas por una Fiscalía especializada para Asuntos Étnicos.
- Protección a líderes Kankuamos de la comunidad que han sufrido atentados y amenazas, los cuales deben ser incluidos en el programa de protección especial a líderes y testigos del Ministerio del Interior. La ONIC revela que varios indígenas que han tramitado la solicitud se las negaron.
- Garantías de seguridad para los cabildantes y los líderes que se encuentran tanto en el territorio como los que están fuera de éste.
- Nombrar una comisión especializada para que cumpla y dé seguimiento a los requerimientos que formuló la Resolución Defensorial.
- Evaluar la responsabilidad de las instituciones gubernamentales y estatales ante la omisión de las alertas tempranas lanzadas.
- Se exige que el Ejército Nacional no reclute indígenas para el servicio de soldados campesinos y red de informantes, además de que las comunidades no sean sindicadas, maltratadas verbalmente, señaladas y bombardeadas sin causa justificada.
- Garantizar las condiciones para el retorno del Pueblo kankuamo a su territorio.
- Garantizar el derecho de las reuniones dentro y fuera del territorio para consolidar el fortalecimiento organizativo y cultural.
- Conformar una mesa de veeduría donde participen la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, organismos de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Procuraduría, Organización indígena Kankuamas y la ONIC, entre otros, cuya función sea la de apoyar y hacer seguimiento a las peticiones antes mencionadas.
Exigencias a los actores armados
- Desocupar inmediatamente los territorios indígenas.
- Cese inmediato de los homicidios y hostigamientos.
- Cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, para que se respete a la población civil.
Exigencias a los organismos internacionales
- Conformación de una comisión de observación permanente de la situación de los derechos del Pueblo kankuamo, integrada por la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el ACNUR, para que hagan un monitoreo, y señalen las acciones pertinentes que contribuyan a la aplicación de justicia, y al reestablecimiento del Pueblo Kankuamo.
