Aunque los Cabildos reconocen la importancia y la legitimidad para que la fuerza pública haga presencia en todo el territorio nacional, también expresan su preocupación ante un posible deterioro del orden público en la zona, teniendo en cuenta que la guerrilla “encontrará la excusa para asesinar a líderes indígenas. La fuerza pública se gloriará de estar haciendo la llamada ‘limpieza’, de devolver la seguridad, la paz y tranquilidad a las comunidades indígenas y mestizas, ignorándose lo que en verdad necesitamos: comida, salud, educación, que es precisamente lo que el Gobierno Nacional niega, para complacer el sistema neoliberal, hegemónico y globalizado”.
Los indígenas recuerdan que uno de los principales problemas que tienen que afrontar es la estigmatización y sindicación de que son víctimas por parte de los actores armados. En tal sentido, las autoridades consideran que: “entendemos que la fuerza pública (Ejército y Policía) están establecidas constitucionalmente y tienen el derecho de estar en cualquier parte del territorio nacional; pero dejamos en claro que nosotros no estamos pidiendo su presencia; ya que son el cabildo y la guardia indígena, como autoridades autóctonas, quienes velamos por la armonía, tranquilidad y orden en nuestro territorio. Además, la llegada de la fuerza pública como a todos los indígenas nos colocan en una difícil situación, puesto que la guerrilla también se mueve en estos lugares buscando enfrentarlos”.
Es por ello que las Autoridades Tradicionales de Toribio, Tacueyó, San Francisco y Jambaló, reafirmaron su posición de autonomía, rechazando toda forma de militarización territorial, además de hacer un llamado a las “partes en conflicto” a respetar los planes de vida de las comunidades, a respetar la población civil, a respetar a los guardias indígenas, a respetar los sitios protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y a que los actores se abstengan de reclutar a menores de edad en sus filas.
