La agresión, el hostigamiento y el asesinato selectivo de líderes, docentes, autoridades tradicionales y miembros de las comunidades de la etnia kankuama, la destrucción y el saqueo de sus viviendas a manos de los actores en conflicto, especialmente de los grupos de autodefensa, son el pan de cada día de este pueblo “guardián y protector de la Sierra”, que hoy enfrentan un inminente exterminio ante la mirada pasiva y desinteresada del Gobierno Nacional.
La situación del pueblo indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, noroccidente colombiano, es extremadamente grave. Así lo determina la Defensoría del Pueblo a través de una serie de alertas tempranas y Resoluciones Defensoriales emitidas en estos dos últimos años. Sin embargo, poco ha valido para evitar la violación sistemática a los derechos humanos de este pueblo por parte de grupos armados que operan en la zona, siendo los dos últimos meses de este año los más sangrientos, registrándose hasta tres asesinatos por semana de líderes y trabajadores comunitarios aborígenes.
“Los nativos son sacados por la fuerza de sus viviendas o aprehendidos en retenes montados por los grupos armados ilegales, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y posteriormente sacrificados en ejecuciones extrajudiciales”, así lo reconoció Gabriel Muyuy, Defensor Delegado para Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas, quien asegura que lo más grave es que: “Hasta el momento los actores armados han podido actuar con absoluta libertad, seguros de que no hay autoridad alguna que pueda contrarrestar ni sancionar sus prácticas. La crueldad con que tales grupos actúan frente a la población indígena, los inhibe de hacer uso del derecho constitucional y legal de denunciar formalmente estos ataques que, afirman, son de público conocimiento”.
Tal como lo señalan las cifras de la Defensoría, la dinámica de exterminio del pueblo Kankuamo se ha agudizado en el presente año, registrándose el asesinato de 44 indígenas, de los cuales, 26 se atribuyen a las AUC y 10 a las guerrillas de las FARC y ELN, en comparación con las cifras del 2002 que dan cuenta de 36 asesinatos, 26 atribuidos a las AUC y 5 a las FRC y ELN.
Para la Defensoría del Pueblo, estos hechos de violencia cometidos contra el pueblo Kankuamo son de extrema gravedad, porque es una arremetida “perversa y criminal” contra una comunidad inerme, desarmada y completamente vulnerable.
“Las violaciones a los derechos humanos y las gravísimas infracciones al DIH llevadas a cabo contra los indígenas Kankuamos, constituyen además, un atentado contra la integridad y existencia de este Pueblo indígena y su cultura, genera la desaparición de sus usos y costumbres y el estrangulamiento del tejido social de este pueblo. Las acciones de barbarie a la que se está sometiendo a esta comunidad la sumerge en la consternación, incertidumbre e impotencia, ante la violencia irrefrenable de las armas”.
Sobre este tema, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el pronunciamiento hecho el viernes 8 de agosto de 2003, día internacional de los pueblos indígenas, señaló: “Otra grave omisión estatal detectada por la Oficina es la que ha dado lugar a la situación que hoy afrontan los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sometida por los miembros de grupos paramilitares a un régimen de terror, intimidación y violencia. Los miembros de estas comunidades indígenas siguen padeciendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones ilegítimas a la libertad de circulación y de comercio, profanación de los lugares y objetos de culto y múltiples delitos contra su patrimonio económico. En esta región sigue siendo patente la existencia de vínculos de participación, apoyo, tolerancia y aquiescencia entre paramilitares y miembros de las fuerzas armadas”.
Todo lo anterior llevó a que el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, en el mes de abril del presente año, solicitar de manera urgente al Fiscal General de la Nación, la conformación de una comisión altamente calificada para que investigue y esclarezca los crímenes y violaciones graves a los derechos humanos, cometidos contra los miembros del Pueblo Kankuamo, responsabilidad que el Fiscal dejó en cabeza de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH. A la fecha la Defensoría del Pueblo aún no ha sido notificada sobre su creación y funcionamiento.
Para la Defensoría del Pueblo “resulta de extrema gravedad, la omisión en que están incurriendo las autoridades encargadas de velar por la seguridad, vida e integridad de los miembros de las comunidades del pueblo Kankuamo, y el incumplimiento que se presenta respecto de la Resolución No. 024 de 2002, especialmente por parte de los organismos de seguridad del Estado con jurisdicción en territorio de este pueblo indígena, encargados de enfrentar, judicializar y neutralizar el accionar de los actores armados al margen de la Ley”.
La Defensoría del Pueblo exhortó nuevamente al Gobierno Nacional, para que en forma inmediata adopte todas las medidas institucionales necesarias que conduzcan al restablecimiento de la normalidad y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de estas comunidades. De igual forma, instó a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, a que ponga en marcha medidas especiales de protección concertadas con los afectados, para garantizar sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal. “Con tales disposiciones se debe impedir y resolver el derramamiento de sangre de los miembros de este grupo étnico, evitar su desplazamiento forzado, impedir cualquier atentado contra la vida e integridad de sus miembros y garantizar el retorno de quienes se han visto compelidos a abandonar su territorio”, finalizó Gabriel Muyuy.
