En la pasada audiencia pública, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, evaluó la situación de los más de 5 mil desplazados aglutinados en el casco urbano del municipio de Buenaventura, departamento del Valle, y expidió una Resolución Defensorial en la cual se contemplan diez medidas para mejorar y asegurar la atención humanitaria a la población desplazada en este municipio, uno de los principales puertos marítimos del Pacífico, donde más del 90% de su población es afrocolombiana.
El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, hizo énfasis en las condiciones difíciles que deben afrontar no solo los desplazados sino también las comunidades que residen en el puerto. Así mismo, hizo un llamado de alerta con relación a los 34 mil niños que no tienen educación, situación preocupante que engrosa las tasas de analfabetismo que alcanzan el 22%. Este panorama social es contundente y revela que unas 215 mil personas no tienen garantía alguna de obtener atención en salud, es decir, el 48% de la población.
Durante la Audiencia pública, cada uno de los sectores afectados presentó un informe individual cuyos detalles se suman a las exigencias plasmadas en la Resolución Defensorial. Por su parte, la Personería Municipal exigió que la voluntad de las autoridades esté acompañada de inversión social del Estado a través de medidas concretas.
Para Jaime Mosquera, Alcalde de Buenaventura, los problemas se centran en la falta de recursos económicos suficientes para atender los requerimientos de toda esta población. De igual forma criticó el sistema de participación de presupuesto “ya que las transferencias nacionales se fijan como si el municipio tuviera 280.000 habitantes pero la población es de 500.000”.
Durante la Audiencia se hizo un llamado generalizado a las autoridades y entidades que trabajan esta problemática, para unir esfuerzos y trabajar de manera armónica por este municipio que concentra el mayo número de población desplazada de la región debido a que, en su doble condición de receptor y expulsor de la región sur del departamento, Buenaventura ha recibido a más de 28 mil desplazados y expulsado a 68.379 personas en los últimos siete años.
Paradójicamente, una región tan rica en recursos naturales, es también una de las zonas más deprimidas debido a los altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Las comunidades que allí habitan no tienen garantizados sus derechos sociales, económicos y culturales.
